Facebook Twitter LinkedIn

CORE

LO MÁS DESTACADO

Con la salida de Iván Mordisco de la mesa de diálogos con el gobierno Petro, quedó claro que hay una fuerte división interna en la disidencia del “EMC” y que la negociación seguirá, pero con menos de la mitad de sus unidades. Mientras en la mesa quedan el Bloque Magdalena Medio, el Bloque Jorge Suárez Briceño y una parte del Frente Carolina Ramírez (ese frente al parecer está dividido), ya no está el Bloque Occidental -el más poderoso militar y económicamente, pues que según fuentes de inteligencia, suma el 52 por ciento de los miembros de la organización- ni el Amazonas, el Isaías Pardo y el Comando Conjunto de Oriente.  Acá están las unidades según su posición frente a la mesa y sus zonas de injerencia: Unidad Año de creación Comandante Zona de injerencia general Por fuera de la negociación   Iván Mordisco   Bloque Amazonas   Alonso 45   Frente Primero Armando Ríos 2016 El Paisa Duver Guaviare, Vaupés, Guainía, Amazonas, Solano (Caquetá) Frente Carolina Ramírez* 2019 Danilo Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís (Putumayo), Río Caquetá en Caquetá y Eje Caquetá en Amazonas Frente 39 Arcesio Niño 2022 Robledo Mapiripán, Puerto Gaitán (Meta), Maní (Casanare), Cumaribo (Vichada) Frente Amazónico Jhonier Arenas 2023   Amazonas Frente 44 Antonio Ricaurte 2024 Yimy Retorno y San José del Guaviare (Guaviare)         Bloque Central Isaías Pardo 2024 Marlon Tolima y Huila Frente Ismael Ruíz 2020   Sur del Tolima; La Plata, Nataga, Argentina, Iquirá, Teruel (Huila) Frente Adán Izquierdo 2020 Eiber Salazar Parte alta de Tuluá y Sevilla (Valle del Cauca) Frente Héroes de Marquetalia**       Frente 26 de Marzo**       Frente Hernándo González Acosta**       Frente Geronimo Galeano**               Comando Conjunto del Oriente 2021 Willy Romero   Frente 28 2018 Antonio Medina Occidente y norte de Casanare, sabanas de Arauca, bajo Apure Frente 10 2018 Pescado Sabanas de Arauca, bajo Apure         Bloque Occidental Jacobo Arenas 2020 Andrés Patiño   Frente Jaime Martínez  2018 Marlon (hasta abril 2024) Noroccidente del Cauca, Río Naya Frente Carlos Patiño  2019 Kevin (Andrés Patiño tiene mucha influencia) Argelia, Patía, Balboa, el Tambo y Rosas (Cauca) Frente 30 – Rafael Aguilera 2019 Mahecha Timbiquí, Guapi (Cauca); Iscuandé, el Charco y región de Patía Viejo (Nariño) Frente Franco Benavides 2020 Esteban González – Don Mata Cordillera de Nariño, y Magüí Payán (Nariño) Frente Dagoberto Ramos 2018 David Arenas Norte del Cauca, oriente de Huila Frente Urías Rondón 2020 Gerson Zona rural de Tumaco y Barbacoas (Nariño) Frente Alan Rodríguez 2022 Wilmer Castillo Región de Patía Viejo, municipio de Olaya Herrera (Nariño) Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas** 2024             En el proceso de negociación       Bloque Jorge Suárez Briceño 2016 Calarcá   Frente Jhon Linares 2016 / 2020 Muy cercano a Calarcá Sur del Meta, Caquetá, noroccidente del Guaviare Frente Rodrigo Cadete 2022   Piedemonte de Caquetá, Cartagena del Chairá y Solano (Caquetá), Garzón (Huila) Frente Darío Gutiérrez 2023 Cipriano Cortés Baraya, Aipe, Villavieja (Huila) Frente Iván Díaz 2023   Hobo, Campoalegre, Gigante (Huila) Frente Gaitán Gutiérrez 2023   Lejanías, El Castillo, El Dorado (Meta) Frente Carolina Ramírez* 2019 Danilo Puerto Guzmán (Putumayo), Río Caquetá en Caquetá y Amazonas Frente Marco Aurelio Buendía*** 2024   Vistahermosa (Meta)         Bloque Magdalena Medio 2021 Jhon Mechas   Frente 33 2018 Andrey Catatumbo y Zulia Frente 37 2021   Sur del Bolívar, Oriente Antioqueño Frente 24 2021   Sur del Bolívar Frente 4 2020 Jhon Fiera Bajo Cauca Antioqueño Frente 36 2017 Leo Norte, bajo cauca y oriente antioqueños Frente 18 2017   Norte de Antioquia *= Frente reportado como dividido frente al proceso **= Frente anunciado pero sin confirmación de su existencia ***= Antes era una comisión, pero propaganda reciente de la zona lo nombra como frente Ésta división puede escalar a otros niveles. En el discurso, puede llevar a una pelea por la “marca FARC-EP”, que ha sido una de las banderas del “EMC” y sobre todo de Mordisco, quien desde que se apartó del proceso de paz de 2016 decía que él y sus unidades representaban a las “FARC reales”. Pero también podría llegar al punto de disputas armadas en regiones donde hay fronteras entre quienes siguen y quienes no, como Huila, donde tiene injerencia el Bloque Isaías Pardo, con el Frente Ismael Ruiz, y el Bloque Occidental, con el Frente Dagoberto Ramos, quienes  podrían enfrentarse con los tres frentes del Bloque Jorge Suárez Briceño. O las Sabanas del Yarí, entre unidades del Bloque Amazonas de Mordisco y el Jorge Suárez Briceño de Calarcá, como queda claro en este mapa con todas las unidades del “EMC” según su posición frente a la negociación.  La ruptura también puede bajar en la organización: frentes o unidades más pequeñas de los bloques que siguen en la negociación pueden decidir irse con Mordisco, y rechazar la autoridad de su comandante de bloque. Unidades de los que no están en la mesa puede optar por vincularse con los que sí. Es muy temprano y la misma negociación puede incluir en el futuro de las unidades que siguen – o no – en el proceso. Mapa 1: Unidades del “EMC” según su posición frente a la negociación Este mapa muestra las unidades del “EMC”, frente a su posición de negociación en este momento. El “dividido” se refiere al Frente Carolina Ramírez – opera entre Putumayo, una parte de Caquetá y otra de Amazonas, pero no se sabe cómo se ve esta división en el territorio. Por ende, toda la unidad está señalada. En los municipios rojas, “fuera de la mesa”, operan unidades que ya no están en el proceso de negociación. En los verdes, tienen injerencia las que siguen negociando. En Solano (Caquetá) están los Frentes Carolina Ramírez (que está dividido) y el Rodrigo Cadete (que, por ahora, sigue en la mesa). En San José del Guaviare, están los Frentes Jhon Linares (que sigue en la mesa) y El Primero (que ya está fuera). Es importante tener en cuenta que esta es la foto actual, y que puede cambiar en el futuro.  Escale o no, esta ruptura tiene varias implicaciones para la negociación. La más evidente es que puede hacerla más fácil, pero acotada en sus alcances porque la representatividad está más clara y es probable que los acuerdos giren alrededor de las transformaciones territoriales. Pero seguirán pesando temas como la dejación de armas, la seguridad luego de cualquier acuerdo al que lleguen y los derechos de las víctimas.  La división también puede tener consecuencias en la gobernanza ambiental de las disidencias en la Amazonía: puede pasar que sin Mordisco en la mesa no cambie nada y se mantengan órdenes permisivas frente a la tala, tanto en sus regiones de influencia, como en las de “Calarcá”, que sigue en la mesa, lo cual llevaría a un aumento en la deforestación. Otro escenario es que la tala se dispare en zonas de Mordisco como una forma de mostrar su poder, pero no en lugares de “Calarcá”, que en teoría no necesariamente tiene un incentivo de cambiar las reglas que actualmente impone. En teoría también podría pasar al revés: Mordisco la prohíbe en sus zonas, pero Calarcá no o incluso ambos deciden prohibirla, pero es poco probable.  El futuro de la paz total y de los conflictos armados en el país tendrá mucho que ver con esta ruptura del “EMC”.  [...]Read more...
Aquí se encuentran el informe “Disidencias de las FARC-EP: dos caminos de una guerra en construcción” en sus partes 1 y 2. La primera provee un análisis general de las dinámicas de estos grupos armados y algunos aspectos claves de las negociaciones con ellos. La segunda analiza estos varios elementos con mayor profundidad y discusión. [...]Read more...
Este informe fue publicado originalmente por el Instituto Colombo-Alemán para la paz, CAPAZ. Su autor es Kyle Johnson, uno de los cofundadores de CORE. Acá lo pueden leer.      [...]Read more...
Con su decisión de levantar el cese con el ‘Estado Mayor Central’ (EMC) en Guaviare, Meta, Putumayo y Caquetá, departamentos claves para la reducción de la deforestación en la Amazonía, el gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a un dilema. Si no reanuda el cese corre el riesgo de que el EMC, el grupo disidente liderado por Iván Mordisco, utilice la tala como una forma de presión, pues este grupo es la autoridad ambiental de facto en la zona. Aunque hasta ahora la orden de no tumbar se mantiene, en la zona preocupa que esto cambie. Una movida que ha pasado de agache desde el año pasado es cómo el EMC respondió a la llegada de Petro al poder con el tema de la tala. Antes, la disidencia era más flexible con los topes de tala, venía cobrando un impuesto por cabeza de ganado y por la compra y venta de tierras y convirtió a la deforestación en un negocio del cual financiarse.  El 15 de mayo de 2022, dos semanas antes de la primera vuelta presidencial en la que Petro se perfilaba como una opción real de poder, la disidencia sacó un manual de convivencia en el que incluían la norma de “este año nadie tumba montaña, arreglan todos los cañeros y potreros enrastrojados y cuando tengan todo su predio organizado podrán volver a tumbar con la autorización de las Farc-EP, quien se ponga de necio a tumbar montaña será merecedor de una sanción. De $1.000.000 de pesos por hectárea de montaña tumbada”. También daban la órden de que nadie podía coger tierras baldías para trabajar, ni estaba autorizado a repartirlas, algo usual antes. En septiembre de 2022, ya con Petro en el poder, las órdenes fueron más allá y estaban atadas a la llegada del nuevo gobierno. En un comunicado llamaron a la suspensión total de la tala “hasta que se materialice en estos cuatro años de gobierno del Doctor Gustavo Petro, una solución institucional para los campesinos que carecen de tierra para trabajar”. Órdenes parecidas rotaron entre septiembre y octubre del año pasado por WhatsApp entre miembros de varias juntas de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. La órden no era gratuita. El EMC la dio justo cuando Petro lanzó la ‘Paz Total’ -una apuesta con la que busca negociar con grupos armados a los que el gobierno decida darles “estatus político” y lograr el sometimiento a la justicia con otros- y también suspendió ‘Artemisa’, la estrategia que el gobierno de Iván Duque lanzó para perseguir a los taladores y que, calcando la fallida fórmula de la “guerra contra las drogas”, terminó capturando más a pequeños campesinos en vez de grandes determinadores de la deforestación. Es decir, aún sin algo formal, lo que ocurrió en la práctica fue un cese de hostilidades ambiental.  En medio de este contexto, el EMC ha entendido que regular lo ambiental, aparte de darles amplias rentas, puede ser la base de un discurso político que los beneficie al mostrarse como una organización que sí tiene unos “ideales”. “Nosotros somos políticos porque paramos la tala” dijo a finales 2022, parado al lado de una caseta de madera en Puerto Cachicamo, Guaviare, un mando medio del Frente Jorge Suárez Briceño, adscrito al EMC.  La pregunta era si el EMC tenía realmente el poder de hacer cumplir estas órdenes. En el “arco de la deforestación amazónica” (Meta, Guaviare y Caquetá) que, al tiempo es el centro de poder del ‘EMC’, la deforestación bajó en 2022. Según cifras preliminares del sistema de monitoreo de bosques y carbono del Ideam, en Guaviare se redujo en un 34%, en Caquetá  un 31% y en Meta un 26%. Aunque otros factores -como los acuerdos de conservación entre el Gobierno y las juntas de acción comunal o el Fenómeno de La Niña-  también pesaron. En Putumayo, en cambio, la tala creció en un 26%. A ese dato se suma la reducción de más del 95% de la tala en los parques nacionales amazónicos durante el primer semestre de 2023.  Las cifras han dado para que el gobierno saque pecho, pero sin dejar de lado el rol que, al menos en la Amazonía, juegan las disidencias. Esto se nota en que el ministerio de Ambiente dice que esta reducción se debe a cinco pilares: cuatro que dependen más del Estado (acuerdos sociales de conservación con las comunidades, proyectos de economía forestal, acción del Ejército y de la Policía y fortalecimiento de la investigación criminal para dar con los determinadores) y uno que está atado a las negociaciones con los grupos, que es “la inclusión de la deforestación en la Paz Total”.  Por eso, al levantar el cese al fuego justo en los cuatro departamentos más neurálgicos para el tema ambiental (Caquetá, Putumayo, Meta y Guaviare), el gobierno se expone a que una forma de presión sea, precisamente, a punta de madera. Los riesgos El mismo día que Petro levantó el cese al fuego en estas regiones, la ‘Coordinadora del Sur Oriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales’ Coscopaas, sacó un comunicado en el que decían “nos preocupa que este rompimiento al cese al fuego traiga consecuencias también en lo ambiental”. Coscopaas nació a finales de 2022 y según tres de sus miembros, agrupa a organizaciones campesinas como la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero, Ascal-G, o la Asociación de Campesinos y Trabajadores de la Región del Río Guayabero, Ascatragua, así como a algunas guardias campesinas. Coscopaas fue la organización que convocó, por ejemplo, el evento de abril de este año en los llanos del Yarí, al que fue el jefe del EMC, Iván Mordisco -entre otros miembros de esa disidencia- y varias organizaciones sociales a presentar “la agenda programática de las comunidades para respaldar los diálogos exploratorios entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP”, según la invitación. Cooscopaas también fue la organización anfitriona de la ‘Cumbre Nacional por la Paz’ que se hizo a comienzos de junio en San Vicente del Caguán, Caquetá, y a la que fueron voceros de más de 40 organizaciones sociales de distintas regiones del país para pensar cómo podían presionar el restablecimiento del cese al fuego. Allí también se habló del tema ambiental como un asunto que está atado a las negociaciones. Aunque hasta ahora, como lo confirmaron tres fuentes (una de Guaviare y dos más de San Vicente del Caguán, Caquetá) la órden de no talar por parte del ‘EMC’ se mantiene, a los líderes les preocupa que con el paso del tiempo, la disidencia vuelva a dar la orden de tumbar como una forma de presión. “El hecho de que no se instale el cese en el corto plazo definitivamente puede generar un incremento en la deforestación”, dice Paulo Parrado, vocero de la Guardia Campesina del Guayabero. “Porque las Farc había decretado esta orden como una muestra de voluntad de diálogo o demostrando la capacidad que tiene. Y definitivamente es algo que nos preocupa bastante”. Para él, la reducción de la tala, más que por acciones del gobierno, responde a “la misma orden de las Farc y a la voluntad que tienen las comunidades de mostrar al gobierno que sí se puede reducir la deforestación sin operativos artemisa, sin judicialización de campesinos, sino que a partir de los diálogos se puede lograr esto”. Otro líder de una guardia opinó algo parecido. En el gobierno, por ahora, pese a que creen que este es un tema clave, no lo ven como un problema particular de la Amazonía. “Esa es una visión equivocada: si se tiene en cuenta, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Pacífico, se darán cuenta que las gobernanzas ilegales sobre los recursos ambientales y los bosques ocurre en muchas regiones del país. La visión de la amazonía tiene un valor especial en el imaginario colectivo, pero la deforestación va mucho más allá de esa región”, dijo el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Aún cuando es cierto que la deforestación no se limita a la Amazonía, esta sí es la región más afectada por la tala y el ‘EMC’ tiene el sartén por el mango allí.Según los datos oficiales más recientes del Ideam sobre superficie deforestada en Colombia en 2021, la Amazonía concentró el 64.8% de la deforestación ese año en todo el país. Después la región andina (17.2%), Pacífico (7.7%), Caribe (5.5%) y Orinoquía (4.8%).  [...]Read more...
Este 3 de agosto se inició el Acuerdo del Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal – CFBNT- entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional -ELN. Durante 180 días, hasta enero de 2024, las dos partes, guerrilla y gobierno nacional, se comprometen a suspender las acciones ofensivas, incluyendo acciones de inteligencia, aunque mantienen las acciones defensivas. En la Mesa de Diálogo en La Habana -Cuba, las partes realizaron durante dos meses un proceso de alistamiento y preparación de los 9 protocolos buscando que de esta manera se asegure la disminución del impacto del conflicto sobre la población civil y se genere un contexto de propicio para la participación de la misma en la negociación y se concreten acuerdos humanitarios. Sin embargo, para cada una de las partes, este tiene una meta principal diferente: para el ELN es “el camino para la participación de la sociedad” y para el gobierno nacional es una apuesta para “generar condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades”. Este CFBNT tendrá muchos desafíos que pueden verse en el espejo de lo que ha pasado en intentos anteriores de ceses con esta guerrilla y que pueden agudizarse, considerando que es una apuesta nacional en un contexto en el cual el país afronta diversos conflictos a nivel subregional con múltiples actores. Desde la perspectiva de la construcción de la confianza entre las partes, la eficacia para lograr los objetivos del cese, así como el avance mismo de la mesa de diálogo, en Conflict Responses (CORE) identificamos cuatro lecciones aprendidas del cese al fuego bilateral de 101 días entre el ELN y el Gobierno Santos entre octubre de 2017 y enero de 2018, aplicables al actual. Estas lecciones fueron desarrolladas en el capítulo “El cese al fuego bilateral de 101 días: Des escalar el conflicto sin construir confianza” del libro “Una paz aplazada, pero urgente y necesaria. Proceso de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (2010-2019)”. El lenguaje y las interpretaciones de lo pactado Uno de los principales aprendizajes del pasado Cese al fuego Bilateral de 101 días de 2017 es la importancia de que los protocolos tengan un lenguaje claro y preciso, que evite en lo más posible ambigüedades que pueden llevar a interpretaciones amplias y divergentes entre las partes de lo que constituye una violación del cese al fuego. El cese de 101 fue escrito rápidamente para lograrlo antes de la llegada de la visita del Papa en septiembre del 2017, lo cual llevó a un lenguaje bastante ambiguo y a interpretaciones extremadamente diferentes sobre qué era una violación o no. Esto, a su vez, puso una presión fuerte sobre el mecanismo de verificación. La concreción del lenguaje, por ende, es necesaria para las partes, los verificadores, los países acompañantes e incluso para la misma sociedad, para que sepa qué fue lo acordado. De acuerdo a lo señalado por algunos de los involucrados en el actual Acuerdo de CFBNT, esta es una de las razones por las cuales se tomaron dos meses de alistamiento y preparación que dejó como resultado un protocolo y un glosario común con el fin de tener “los entendimientos conceptuales comunes entre las Partes sobre el mencionado cese al fuego” que habría sido socializado por las partes. El glosario define de manera corta las acciones defensivas, ofensiva, de inteligencia e incidentes, entre otros conceptos más operativos, del CFBNT, pero no queda claro si dentro de estas definiciones se incluirán elementos como las lecturas frente a las acciones ofensivas contra otros actores armados ilegales o los ejercicios de control poblacional que puedan ejercerse. Quedan dudas sobre cómo serán interpretadas aquellas acciones que se realicen contra otros grupos armados, pues el país está en un contexto en el que el conflicto armado se ha fragmentado a nivel subregional para dar lugar a varios conflictos armados. Las operaciones frente a otros actores armados, como las autodenominadas Autodefensas Gaitanista de Colombia-AGC-, con quienes no se cuenta con un cese al fuego activo, son un ejemplo. El Frente de Guerra Occidental llevó a cabo acciones militares durante el cese de 101 días argumentando que estaba actuando contra las AGC. Esta situación es especialmente importante en lugares como Chocó, Bajo Cauca y Sur de Bolívar, en donde la disputa entre el ELN – en alianza con las disidencias en los dos últimos – y las AGC se ha intensificado recientemente. Si bien, el protocolo contempla que se pare de forma inmediata cualquier contacto armado si se encuentra el ELN con la Fuerza Pública, estas disputas con otros grupos armados pueden convertirse en los principales escenarios en los que ocurran hechos que se presuman como incumplimientos o minar el cese políticamente, pues se puede crear una percepción en la opinión pública de que no disminuye la violencia. También sigue siendo cuestionado sobre la mesa el tema del secuestro, pues no es explícito en los protocolos que queda suspendido en este momento o si se esperará a una fase de cese de hostilidades, como lo habría señalado el ELN previamente. Este puede ser un tema que tensione tanto el monitoreo, verificación y evaluación que realiza el mecanismo, como para los integrantes de la Mesa de Negociación, ya que desde el gobierno, el secuestro es una violación, mientras para el ELN no lo es porque, según el grupo, su prohibición no aparece en el Derecho Internacional Humanitario (DIH). La desconfianza sigue estando presente en el terreno y es probable que las interpretaciones de los comandantes locales sobre posibles acciones de la Fuerza Pública sea de “perfidia”. También es probable que ejercicios de inteligencia sean parte constante de los incidentes que deberá verificar el Mecanismo de Monitoreo, en zonas especialmente álgidas como Arauca y Chocó. Ya así lo referencia una comunicación por redes sociales del Frente de Guerra Oriental, por ejemplo. El cese no se puede convertir en un “tanque de oxígeno” para alguna de las partes Debe recordarse que el ELN llega a este CFBTN con un contexto previo de alta desconfianza frente a la posición de la Fuerza Pública frente a la Paz Total. La desconfianza que puede haber en los territorios frente al CFBNT se basa, en parte, en la idea de que sea utilizado por “otras fuerzas” como una forma de mejorar su posición militar para así continuar con la guerra. Así, el ELN señaló a principios de año que “el plan de la extrema derecha junto con las Fuerzas Militares para seguir realizando operaciones militares contra el ELN está en pleno desarrollo. Se conoce que no cumplirán las órdenes de parar las acciones militares y de inteligencia”. Lo que recuerda los múltiples señalamientos planteados durante el cese bilateral de 101 días de 2017, en el que el ELN – especialmente los Frentes de Guerra Oriental y Occidental – concluyeron que la Fuerza Pública aprovechó del cese para establecer una ventaja militar frente al ELN. En el contexto actual, son dos elementos que interactúan y que tendrán que resolverse rápidamente para asegurar que esta desconfianza alrededor del CFBNT se disipe. El primero es la probabilidad de que ocurran incidentes a raíz del hecho de que la Fuerza Pública sigue estando habilitada para la lucha por rentas ilícitas y los dueños de las mismas, como ocurrió en el cese de 101 días en Chocó, por ejemplo. Frente a esto, el segundo es el Mecanismo de Verificación, quien tendrá que verificar los incidentes en terreno, a pesar del contexto de inseguridad en varios territorios. Hay protocolos entre el gobierno y el ELN para su protección y seguridad, pero hay otros actores armados que operan en varias zonas que no han suscrito acuerdos de este estilo. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) debe generar confianza El MMV tiene un rol central y es clave su eficiencia en la recepción, interpretación, verificación y evaluación de los posibles incidentes que ocurran. En el cese de 101 días, por el lenguaje ambiguo, la presión sobre el MMV de resolver diferencias de interpretaciones entre las partes fue particularmente alta. No logró hacerlo, en buena parte, por la actitud negativa de algunos miembros del equipo del gobierno en el MMV frente a aceptar la verificación de numerosas posibles violaciones. Por ende, no se lograron resolver varias controversias y el mecanismo no pudo evitar que la confianza resultara más dañada; tanto que el ELN terminó saliéndose del mecanismo pocos días antes del final del cese, pues lo consideraba inútil. El mejor lenguaje en el cese actual mitigará la posibilidad de que interpretaciones muy divergentes lleguen al MMV, aunque puede ocurrir en el caso del secuestro, como mencionamos anteriormente. En el cese que empieza a regir hoy, El MMV también necesitará tener un constante diálogo con la veeduría social, el acompañamiento eclesial, los mecanismos de protección humanitaria y los demás actores incluidos en el protocolo de comunicación. Si bien la veeduría social y el acompañamiento eclesial no tendrán un rol de verificación y evaluación sino más de acompañamiento y trámite de información, en muchas comunidades, podrán generar altas expectativas en el cese y jugarán un papel importante en la construcción de confianza entre éstas y el proceso. Será clave la forma en que el MMV termine evaluando e interpretando los posibles incidentes conocidos por la Iglesia y los actores sociales, lo cual le pone mayor presión para dar conclusiones claras que deberían conocerse en las comunidades afectadas. La relación recíproca entre CFBNT y el Comité Nacional de Participación No es coincidencia que el inicio del CFBNT sea el marco de la instalación y de desarrollo de Comité Nacional de Participación, el cual definirá la metodología para que luego se discutan temas tan transversales como el régimen político, el modelo económico y la situación ambiental en los encuentros territoriales. Esto se explica por la autopercepción del ELN como protectores de la población civil en contra de un Estado que ha buscado imponer proyectos económicos neoliberales opuestos a los intereses y necesidades de las comunidades. De tal forma que le da una alta importancia al asunto de la participación y la protección de la población y sus liderazgos en la mesa de negociación. La idea del ELN en el cese de 101días era usarlo para promover la participación, lo cual no ocurrió. Al mismo tiempo, la guerrilla argumentó que la violencia contra los líderes sociales empeoró durante ese cese, lo cual, para ella, fue por una serie de violaciones al mismo. La importancia de los líderes ha aumentado desde entonces y seguirá siendo clave en el proceso actual. Así que la interpretación sobre las acciones tomadas (o no tomadas) por el gobierno nacional frente a la estigmatización y especialmente los ataques o amenazas para aquellas organizaciones y líderes sociales que participarían en los encuentros territoriales, serán claves para minar o fortalecer la confianza del ELN en el CFBNT y la negociación. También en el cese al fuego de 101 días de 2017, cuando se planteó la posibilidad de hacer una “veeduría social”, iniciativa celebrada por el ELN pero rechazada por el gobierno, igual se hizo pero sin un papel oficial. Cuando publicaron su análisis del cese al fuego, iban en algunos casos más allá de lo acordado. La guerrilla aprovechó y utilizó esa interpretación para argumentar que el Gobierno había incumplió el cese al fuego bilateral. Esta veeduría social, en el cese actual, está “regulada”, lo cual puede permitir a las partes tener mayor poder sobre los actores que la hacen. Aunque existe el riesgo de que busquen influir en los “veedores sociales” para que adopten ciertas posiciones frente a los resultados del CFBNT, lo cual puede significar que quedan expuestas a una agudización de la estigmatización y el riesgo. [...]Read more...
Mucho debate se ha dado sobre cómo el llamado “Estado Mayor Central (EMC)” de las disidencias de las FARC-EP funcionan internamente. Esto especialmente después del evento en el Yarí en el que el EMC buscó mostrarse públicamente como un grupo guerrillero con cohesión interna. Sin embargo, una cosa es cómo esta organización armada quiere presentarse ante el país y otra su realidad, la cual es mucho más compleja y difícil de interpretar. Quizá lo más importante al analizar este tema es no quedarse con la “foto” actual de su funcionamiento interno sino la tendencia a través del tiempo, que va desde la coordinación intencional hasta la toma centralizada y colectiva de decisiones. Desde muy temprano en su fundación, a mediados del 2017, los líderes de lo que terminaría conformando el EMC, definieron que se coordinarían entre sí y se reunieron para tal fin en la zona del Guayabero. En ese momento, Gentil Duarte lideraba las diferentes unidades disidentes en el suroriente. Al mismo tiempo, Iván Mordisco se encargaba de mandar armas, plata y combatientes a otras zonas del país como Arauca, Catatumbo, Putumayo y Cauca para tratar de fortalecer unidades locales y asegurar que se le unieran al proyecto en ese momento. Quizá el mejor ejemplo de esas personas enviadas con el fin de fortalecer el entonces “proyecto” disidente – como lo llamamos en la Fundación Conflict Responses en 2021 – fue Jhonier, quien terminó oficializando el “Comando Coordinador del Occidente”, una sombrilla que organizaba por lo menos siete unidades entre frentes, columnas móviles y compañías cuando se anunció públicamente a comienzos del 2020 (desde entonces ha crecido el número de unidades pertenecientes). Jhonier había sido un mando medio del Frente Primero en el sur del Guaviare y fue mandado por Mordisco y Duarte al Cauca a finales del 2019 con ese fin. Durante el mismo periodo de tiempo, entre el 2017 y el 2020, varias otras unidades disidentes aparecieron en lugares como Antioquia, Arauca y Catatumbo, por ejemplo. Varias de ellas terminaron vinculadas al proyecto de Gentil Duarte y coordinaban con él, más que todo en el plan general de expansión local, mientras, más importante, a veces recibían armas, combatientes y plata de Mordisco. En ese tiempo, el EMC principalmente coordinaba entre sus diferentes unidades. Este era el estilo de liderazgo de Duarte, quien al final del proceso de negociación de La Habana (2016), era el coordinador del área del Bajo Ariari y miembro del Estado Mayor Central del Bloque Oriental de las FARC-EP. La evidencia de órdenes dadas por él para toda la organización es poca: Duarte habría prohibido a todas las unidades participar directamente en las protestas del paro nacional del 2021. Aunque miembros de diferentes frentes aprovecharon el paro para extender su control, parece que su orden se cumplió. En esta época, aparecía la primera evidencia también de un cuerpo colectivo de toma de decisiones llamado el Estado Mayor Central. En respuesta a la aparición de la Segunda Marquetalia en agosto del 2019, el proyecto de Duarte publicó un comunicado que fue firmado por el “Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP” – la primera vez que se había nombrado así. Aunque, solo sería hasta abril del 2021 – cuando el Frente 10 entró en conflicto con las fuerzas armadas y especiales venezolanas – que volverían a usar el término. El hecho de que Jhonier hablara en nombre de todo el proyecto disidente implicaba algo de mayor unidad en las comunicaciones que iba más allá de la simple coordinación; sin embargo, las críticas en ese momento del Frente 33 al Frente 10 por su conflicto en territorio venezolano minaba esta conclusión. En este año también ocurriría algo en términos de comunicaciones colectivas y aprobadas por el “Estado Mayor Central” que tiene implicaciones importantes para la paz total. En su revista Identidad, publicada por el Comando Coordinador del Occidente, el EMC publicó sus primeras ideas sobre cómo podría ser una negociación de paz. Criticó el modelo de la dejación de armas de las FARC-EP en el 2017; planteó algunos temas de agenda que quedaron por fuera de la de las negociaciones en La Habana; y rescató la importancia de los jóvenes en una posible negociación. Este texto, según su autor, fue revisado y aprobado por los miembros del EMC como instancia de liderazgo del proyecto disidente. Estas pequeñas muestras de decisiones colectivas de alto nivel se volverían más comunes después de la muerte de Gentil Duarte en mayo del 2022. De ahí tomaría el liderazgo del proyecto Iván Mordisco, y se verían varias nuevas decisiones de alto nivel sobre otras unidades de la organización: el cese unilateral para las elecciones presidenciales del 2022; la prohibición de la deforestación (aunque principalmente afectaría las unidades de los llanos); la orden a Antonio Medina (comandante del Frente 10)de terminar el conflicto con el ELN (la cual no pudo cumplir); la orden también a Antonio Medina de retractarse en su “plan” de asesinar a 300 personas en Arauca; y la inclusión de comandantes de diferentes partes del país en las reuniones confidenciales con el gobierno. Esta tendencia fue confirmada por un comandante en el evento del Yarí quien afirmó que en la organización “antes había unas coordinaciones, pero ahora vamos a tener decisiones colectivas”. Sin embargo, no está clara la organización exacta interna del EMC: un comandante afirmó que el grupo decidió seguir cómo venía; otro que quien hace parte del EMC como instancia de toma de decisiones no está definido aún y que están en consultas; otro que se hicieron algunos pequeños cambios al EMC como tal. Frente a esta tendencia, existe una paradoja dentro del EMC: entre más bajo se enfoca en la organización – hacia los frentes y columnas – más claramente se aplican los estatutos y mecanismos de disciplina. Al mismo tiempo, en varias zonas del país, la calidad de éstos últimos varía mucho y a veces no se aplican consistentemente. En unidades en los llanos orientales, en la Fundación CORE hemos recogido testimonios que señalan una aplicación rigurosa de los estatutos y de mecanismos claros y participativos de disciplina. En el suroccidente, al contrario (y quizá de esperarse), su aplicación no es constante y algunos testimonios indican que decisiones personales de mandos juegan un papel importante y no se leen los estatutos con la frecuencia definida por los mismos. Lo anterior implica que a la tendencia de ser una organización con mayor comando y control la falta mucho camino por recorrer para que se consolide – como es de esperarse en este momento. Hay diferentes hipótesis que podrían explicar el cambio hacia decisiones colectivas que tienen efectos sobre la totalidad de las unidades del EMC o algunas, de tal forma que implica mayor verticalidad, que antes que la muerte de Gentil Duarte. La primera es la llegada al poder de Iván Mordisco cuyo estilo de liderazgo iría más allá de la simple coordinación y quien prefiere mayor verticalidad pero con un peso importante en lo colectivo para no repetir los errores de las FARC-EP antes del Acuerdo de Paz del 2016, uno de los cuales – según la visión de Mordisco – sería la alta concentración del poder en pocos miembros del Secretariado y su constante imposición sobre la organización, muchas veces a través de la violencia, según el EMC. La segunda sería la paz total. Según este argumento, el EMC estaría aprovechando las posibles negociaciones para fortalecerse internamente de una forma que no podría sin ellas. Esto especialmente a raíz de su “pleno extraordinario” en el Yarí entre finales de marzo y comienzos de abril en el cual participaron todos los comandantes de las diferentes unidades pertenecientes al EMC, y otros más. El mismo EMC dijo que no había podido reunir a todos sus mandos hasta ese momento, y sin duda facilita la toma de decisiones colectivas y su fortalecimiento organizacional. Esto, a su vez, le sirve bastante para la guerra, aunque también para la paz. La tendencia interna del EMC es hacia la centralización, pero con participación colectiva de las diferentes unidades regionales que lo conforman, sin una consolidación completa hasta ahora. Mientras antes de la muerte de Gentil Duarte, la coordinación era lo normal, parece que esto está cambiando, lo cual puede representar un gana-gana para la organización armada: en la paz, podrán negociar mejor y habría mayor posibilidad de que cumplan con su parte de lo acordado. Pero si las negociaciones fracasan, saldrá más fuerte en lo organizacional. En este impasse actual, no está del todo claro cuál camino terminará tomando el EMC, pero si de verdad es una guerrilla – como dice ser – el de la paz siempre será preferible que el de la guerra, como le han dicho claramente las comunidades que viven en las zonas de su conflictos, control e injerencia.   *Este artículo fue publicado inicialmente en El Espectador, el 5 de junio de 2023.  [...]Read more...
La “Paz Total” parece estar pasando por su peor momento: varios hechos violentos en distintos territorios, falta de una estrategia global y algunas salidas en falso ante la prensa, han despertado mucha resistencia contra el gobierno y su negociación simultánea con múltiples actores armados y criminales. Esta presión gira sobre todo alrededor de los dos procesos quizá más adelantados: la fase de exploración con las disidencias de las FARC-EP comúnmente llamadas “Estado Mayor Central” (EMC) y la mesa de negociación con el ELN. Las disidencias de las FARC El detonante de esta crisis fue la masacre de cuatro indígenas menores de edad que habían sido reclutados por el Frente Carolina Ramírez, parte del EMC, en Putumayo y lograron escapar para ser asesinados en límites entre Caquetá y Amazonas. Esto causó un rechazo enorme entre la sociedad colombiana, y el EMC eventualmente tuvo que reconocer su responsabilidad en los hechos. El gobierno también tuvo que responder, ya que no hacerlo hubiera tenido un costo grande. Optó por suspender parcialmente el cese bilateral firmado entre las partes de tal forma que, según Petro, ya no hay cese en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo. El EMC, por su parte, anunció que el cese se levantaba en todo el territorio nacional porque este enfoque regional solo buscaba dividirlos internamente. Por su parte, un comandante importante afirmó que no llevará a cabo ataques ofensivos contra la Fuerza Pública, pero sí se defenderá en caso de ser atacado. “El EMC usa la violencia y la coerción para debilitar la democracia local, tanto para los candidatos como para los votantes. Ante este escenario, el gobierno tendrá que mejorar las estrategias y medidas para proteger a los candidatos, especialmente en municipios y departamentos donde operan unidades del EMC.” El EMC también amenazó a “partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que atizan la guerra y que pretenden desarrollar las campañas electorales regionales en áreas sobre las que tenemos control político militar…”, diciendo que serán devueltos en sus retenes o que el grupo armado les aplicará la “ley 003 del 2000” (una orden de las FARC-EP para supuestamente atacar a la corrupción en las zonas bajo su control). Esta “ley” ya ha sido aplicada antes. Durante las elecciones del Congreso en 2022, las unidades del EMC, ahora organizadas bajo el “Bloque Occidental Jacobo Arenas”, asesinaron al ex alcalde de López de Micay, tras acusarlo de dirigir una red de compra de votos. También, en el 2019, mataron a Karina García –entonces candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, por el partido Liberal– por, según el EMC, promover grupos paramilitares en la zona. Además, han limitado el acceso de candidatos a ciertas zonas bajo su control y hay denuncias de haber presionado a varias comunidades para que voten por ciertos candidatos. El EMC usa la violencia y la coerción para debilitar la democracia local, tanto para los candidatos como para los votantes. Ante este escenario, el gobierno tendrá que mejorar las estrategias y medidas para proteger a los candidatos, especialmente en municipios y departamentos donde operan unidades del EMC. Además, tendrá que garantizar la seguridad antes, durante y después de las elecciones, para que las comunidades no acaben efectivamente presionadas por el EMC. También, al retomar la mesa de negociación con esta disidencia, será necesario ajustar el cese bilateral, ya que su lenguaje es demasiado ambiguo y realmente solo existe un compromiso ante la población civil de respetar su vida e integridad física. Es fundamental un lenguaje claro del respeto pleno al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y un compromiso del respeto a las elecciones en todos sus sentidos y de no ejercer ningún tipo de violencia ni presión contra candidatos ni votantes. Un compromiso de este estilo solo será efectivo si se logra instalar completamente el mecanismo de monitoreo y verificación, el cual solo operó parcialmente hasta el impase reciente. En este momento es difícil ver cómo el gobierno puede anunciar públicamente que ha retomado esta negociación sin que el EMC haga una muestra de su voluntad de paz. La presión militar puede funcionar para que la disidencia tome la negociación en serio, pero también corre el riesgo de escalar el conflicto y sus afectaciones humanitarias. Contactos privados, sin embargo, son posibles y serán claves para que las partes puedan retomar el proceso. Este momento es semejante al del gobierno de Santos y el ELN después del atentado de esta guerrilla en Barranquilla en enero del 2018, donde murieron cinco policías y fueron heridos más de 40. Aunque eventualmente se retomaron contactos privados entre las partes, públicamente no fue hasta que el ELN anunció un cese unilateral por las elecciones al Congreso que el gobierno optó por seguir con la negociación. La pregunta es entonces ¿cuál será la muestra pública de paz del EMC que permita retomar públicamente el proceso? Así no le guste, la pelota está en su cancha, por su anuncio frente a las elecciones. La negociación con el ELN Esta mesa ha sido el epicentro de un proceso de negociación lleno de altibajos y dificultades desde que se retomó el año pasado. Uno de los momentos más difíciles para el gobierno se dio tras el anuncio por parte del presidente Petro, el 31 de diciembre del 2022, de que se habían acordado ceses bilaterales con los cinco grupos armados principales, lo cual no era verdad porque apenas existían los decretos gubernamentales de los ceses, pero nada acordado y firmado con esos grupos. Aunque cuatro de ellos no respondieron públicamente, el ELN sí lo hizo (como era de esperar), negando que hubiera firmado un cese con el gobierno, lo cual hizo quedar muy mal a Petro ante la opinión pública. En marzo del 2023 se presentó públicamente la “agenda de México”, la cual profundiza y especifica la que ya existía desde el gobierno Santos. Aunque fue presentada como un avance, también fue criticada por abrir la puerta a negociar con el ELN cualquier tema sobre el Estado, la democracia y el modelo económico, después de la participación de la sociedad. Además, está claro que la agenda se pactó sin ninguna consideración de cómo podría afectar a los demás procesos de negociación que está llevando a cabo el gobierno. Poco más de 15 días después de este anuncio, el ELN en Catatumbo dio muerte a diez militares. Entonces el presidente exigió que en la siguiente ronda de negociaciones se llegara a un cese bilateral del fuego. Desde entonces, ha propuesto un cese regional que empezaría en una zona para irse extendiendo a otras, una propuesta que el ELN ha rechazado. El siguiente incidente ocurrió hace menos de 15 días, después de un atentado en Tibú, Catatumbo, cuando murieron dos policías y una mujer civil, que el ELN se atribuyó. El Alto Comisionado, Danilo Rueda, salió a decir que el comunicado del ELN era un “gesto de responsabilidad” y que “ese reconocimiento es un avance frente a muchos fenómenos que quedan en la impunidad”. La lluvia de críticas llegó rápido, porque Rueda no había rechazado el atentado y porque reconocer un ataque no es ningún “gesto” ni mucho menos un “avance” hacia la paz. El Alto Comisionado tuvo que publicar un segundo video asegurando que desde el comienzo había rechazado el atentado y que también rechazaba la “tergiversación” de sus palabras. Es decir, rechazó la violencia y a los que lo criticaban en una sola comunicación. ¿Endurecer o no endurecer? esa es la cuestión La presión política alrededor de la paz total ha obligado al gobierno a tomar posiciones más fuertes frente a los grupos armados con los cuales había empezado a negociar. De hecho, ya el ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que “vamos a debilitar el Estado Mayor Central”. Parece, además, que la paciencia del presidente está empezando a agotarse. Petro sí tomó una posición más fuerte contra las AGC a raíz de su participación en el paro minero en marzo de este año, pero para una parte de la opinión no ha sido suficiente porque otros grupos armados también han cometido actos atroces. El gobierno tendrá que hacer un balance difícil entre la presión militar para que los grupos tomen más en serio sus negociaciones, y el riesgo de romper totalmente esos procesos. Este balance sería mucho más fácil con una estrategia global claramente definida de la Paz Total, y lo que se pretende lograr con ella, y menos salidas en falso con las comunicaciones. *Este artículo fue publicado inicialmente en Razón Pública, el 4 de junio de 2023.        [...]Read more...
Son quince. Quince materas, todas de distintos tamaños, una al lado de la otra, las que decoran este altar. Arriba, incrustada en la mitad de una pared pintada de rojo, está la Virgen María. Y detrás de las plantas hay unas rejas por las que se ve el paisaje: el cauce del río San Juan del Micay, que suena al compás de su fuerza y contrasta con el fondo lleno de verdes por los cultivos de hoja de coca que se pierden con la mirada. Pueden decir lo que quieran en Bogotá, pero es gracias a la coca que este campesino pudo construir su casa, en el suroccidente de Colombia. Don Carlos*, un campesino cultivador de la hoja sabe que su oficio, cultivar coca, tiene dos sinónimos: “O nos tildan de guerrilleros o nos tildan de narcotraficantes”, dice sentado en el comedor en el que su esposa sirvió arroz, pescado y limonada en una tarde en junio de 2022. Hace seis años, las Farc-Ep (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- ejército del Pueblo)  firmaron un Acuerdo de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y se suponía que eso significaba darle una solución alternativa al eterno problema de las drogas que aquí llevan tratando de resolver desde que este campesino tenía veinte años. Fue en ese entonces, en plenos años setentas, cuando el cultivo de coca llegó por primera vez a este municipio* que no tenía casi vías. Una década después, mientras en otras zonas del país ya se hablaba de la lucha contra los carteles del narcotráfico, aquí se instalaban como vecinos del río Micay los cristalizaderos o laboratorios de procesamiento de la hoja de coca. Las carreteras comenzaron a abrirse para poder sacar la hoja y, con ellas, este territorio le abrió paso a una economía que les ha permitido conectarse por trochas con otros corregimientos, construir colegios, montar negocios. El llamado “progreso” allí es, sobre todo, la organización social. Son los cultivadores de coca -quienes se organizaron mucho antes de que este campesino pudiera construir su casa y su altar- quienes podrían llamarse Estado.   Fueron ellos los que se sentaron a hablar con Naciones Unidas para negociar un primer piloto de sustitución de cultivos en la década de los ochenta, que terminó en unos tubos amontonados en el barro con la maleza a punto de tragárselos y que dio paso a la primera movilización cocalera. Fueron ellos los que crearon la primera coordinadora de cultivadores de coca y amapola en 1996, motivados por las movilizaciones cocaleras de Caquetá y Guaviare, proceso que se mantuvo hasta terminar los fallidos diálogos del Caguán en 2001. Fueron ellos los que decidieron organizarse en 2012 para “defender la mata”, o como dicen sus habitantes para “defender nuestra comida” y hacerle frente a la Fuerza Pública que llegaba por tierra a erradicar cultivos. Fueron ellos los que en 2016 le dijeron sí al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que nació con el Acuerdo de Paz con las FARC-EP y que pretendía cambiar la coca por proyectos productivos alternativos y, en teoría, por bienes públicos que les permitieran dejar atrás esa economía. “Si vivimos de la coca, debemos apostarle a dos cosas: una es poder algún día sustituir el cultivo y otra es que nosotros podamos vivir dignamente de otros cultivos alternativos con todas las garantías posibles”, dice otro líder campesino cuya identidad se mantiene en reserva por su seguridad. “Poder darle educación, vivienda, salud a nuestros hijos”, agrega. Por eso fueron ellos también los que, siendo conscientes del vacío de poder que dejaron las Farc-Ep, le dijeron “no” a grupos armados que quisieron entrar a ofrecer su orden y control. Un “no” que les ha costado amenazas, desplazamientos, homicidios y hasta tomar la decisión de quedarse callados. Un “no” que igual no evitó que estos grupos entraran más tarde. Entender este caso es clave ahora que el presidente Gustavo Petro habla de una “paz total”, porque muestra que un camino para implementar los “diálogos regionales vinculantes” puede ser a través del fortalecimiento de las organizaciones campesinas y comunitarias como las de este municipio, pues con ellas es que buena parte de la gestión comunitaria logra aterrizar y convertirse en hechos concretos, lo que según lo dicho por el gobierno nacional, se convertirán en los principios para su Plan de Desarrollo. Esa puede ser una vía real para proteger a las comunidades y frenar la expansión de los grupos armados. Es decir, puede ser el camino para desarrollar una política de seguridad y paz. EL PODER DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL     La historia de este campesino entrado en años se repite en Camilo*, un cultivador de coca de 30 años a quien le cambiamos el nombre por seguridad. Desde el segundo piso de su casa, Camilo* dice que si no fuera por esa hoja de coca que criminalizan tantos gobiernos, sus papás no hubieran podido pagarle a él y a sus hermanos salud, vivienda y algo de educación, porque para terminar el bachillerato y entrar a una universidad hay que irse hasta Popayán. Pero él se quedó. Se quedó para trabajar, como otros cultivadores que se juntaron en 2008 y se organizaron como campesinos en este municipio de Colombia. Nació como una idea entre vecinos, especialmente en dos de los corregimientos claves en el cultivo de hoja de coca, para conectarse y organizarse para construir puentes y carreteras. Se juntaron e hicieron lo que don Carlos* llama “mini proyectos”: pequeños proyectos de gestión comunitaria, pero que, como dice él, “en la medida en que la organización fue creciendo, pues así mismo iban creciendo las obras en las comunidades y la gente se fue apegando cada día más y más”. Pero esta organización social no surgió como una anécdota más de un pueblo olvidado en el suroccidente colombiano. Nació en un municipio que tiene la buena o mala fortuna de conectar la vía Panamericana con el océano Pacífico. Y también por un contexto que hizo posible que existiera: la llegada de las FARC-EP con el Frente 8 y luego con el Frente  60 a finales de los ochentas; la influencia de la Unión Patriótica en las Juntas de Acción Comunal, que los llevó a pensarse como campesinos; y el proyecto de sustitución del cultivo de la coca Col 85, el primero de Naciones Unidas en toda Colombia en el tema y también el primero a nivel nacional que llegó a la mayoría de las 80 veredas incrustadas en las montañas que componen este territorio. Aunque ese proyecto se fue al suelo, sí hubo algo que quedó en pie: la comunicación y el trabajo conjunto entre campesinos. Este se volvió el ADN de la organización social. Mientras suena de fondo y con fuerza el río Micay, Don Carlos recuerda cómo con los aportes de las comunidades afiliadas, él y sus vecinos una de las primeras veredas de estos corregimientos, hicieron seis puentes sobre el río: La Libertad, Mundo Nuevo, Libertad baja, Libertad alta, La Playa y El Guayabal.   Los puentes no sólo sirvieron para conectar al pueblo. También para que la organización social ganara credibilidad en la gente. Crecieron tanto que, en 2015, quisieron llegar a la cabecera. Es decir, ganar la alcaldía. Aunque en un primer intento no lo lograron, en un segundo intento sí `pusieron´ un alcalde del campesinado, del campesinado cocalero, con un exdiputado quién fue avalado por la Alianza Verde y quien tuvo el claro respaldo de esta organización social. Por eso, para quienes hacen parte de esta organización es una apuesta por construir comunitariamente. Dicen que no es la defensa de la coca por la coca, sino el reconocimiento de la ciudadanía invisibilizada. En palabras de Camilo*, quienes están agrupados en esta organización “entienden que si vivimos de la coca debemos apostarle a dos cosas y una es poder algún día sustituir el cultivo de coca pero (…) también apostarle a organizarnos cada día más para poder hacerle frente cuando el gobierno (…), frente a la lucha de las drogas, quiere implementar las erradicaciones forzadas”. Con esa idea de hacer que el campesinado identificara la lucha por sus cultivos como una discusión pública, la asociación se fortaleció encaminándose en la gestión de proyectos para la comunidad. Era un ejercicio de resistencia, en el que no podían estar aislados o escondidos, sino que era una apuesta por la unidad del campesinado que significaba el diálogo y el trabajo conjunto. Para lograrlo, fueron creando comités de gestión en los que se dividieron tareas. Así nació, por ejemplo, el comité de protección al medio ambiente, en una apuesta por limitar el número de hectáreas para cultivar la hoja de coca y evitar expandir la frontera agrícola. También crearon una línea de trabajo con las mujeres del municipio, con el que las cultivadoras de coca podían discutir sus propios proyectos. Otro de los comités fue el trabajo con los cultivadores de coca, amapola y marihuana, un hijo, como lo llaman todos en el municipio, que nació en 2012, a la par de las negociaciones del entonces gobierno nacional de Juan Manuel Santos con las FARC-EP y que logró consolidarse en toda la región, con comités cocaleros en casi todos los departamentos del país. Apenas fue firmado el Acuerdo, este comité se convirtió en el dueño del micrófono para negociar la sustitución de cultivos con el gobierno Santos. Cuenta Camilo* que fue en 2012 cuando en el municipio empezaron con la discusión del tema cocalero en lo organizativo. El contexto de estas discusiones fueron una serie de encuentros cocaleros en los que cultivadores de otros departamentos, con el apoyo de Fensuagro -un sindicato campesino con décadas de experiencia- participaron en mesas de trabajo en el sur colombiano. Esto les permitió a los campesinos del municipio y sus alrededores entender que la lucha cocalera venía de mucho antes, desde 1996, con las marchas de Putumayo y Caquetá y que necesitaban tener una organización propia, aparte de la que ya existía que era para gestionar el desarrollo del municipio. “Nosotros entendimos que, a través de las capacitaciones que recibimos,  lo que había que hacer era unificarnos y logramos eso”, dice un directivo de la asociación. Con esta idea en la cabeza, fueron vereda por vereda a contarle a la gente que querían organizarse para defender sus cultivos de coca. En esas charlas crearon lo que ellos llaman “ejes de trabajo”. El primero fue crear una estructura sólida que les diera vocería y fuerza para hablar como cocaleros. Fue entonces cuando crearon los comités cocaleros de representación, un trabajo que les tomó casi ocho meses, en el que cada vereda ponía de a dos representantes, que iban a un comité veredal; de ahí salían otros dos para el comité corregimental; y de ahí salían cuatro voceros para el comité municipal. Estos espacios se articularon a través de lo que Camilo* llama el Comité Central Cocalero, un escenario de coordinación en el que se articulan las decisiones tomadas en las veredas, las tomadas a nivel nacional y se reflexiona sobre el devenir del cocalero. De las 81 veredas que componen el municipio, la mayoría hacen parte de la organización cocalera. Para los cocaleros esta articulación con lo nacional era importante, pues por esos mismos días ya se hablaba de nuevo de la sustitución en la negociación con las FARC-EP y hablar de sustitución a nivel nacional significaba hablar de este territorio, que para ese momento, 2014, tenía 1.328 hectáreas de coca cultivadas, el 2% a nivel nacional. La organización cocalera creció a tal nivel a raíz de la cantidad de cultivadores, que las coordinadoras municipales se volvieron departamentales y nacionales.   Un elemento clave en el fortalecimiento de la organización fue el pago de aportes de cada uno de los campesinos, lo que le permitió a la organización cocalera y a la de gestión de recursos  participar en paros sociales nacionales, como el de abril y mayo de 2021, que aunque buscaba frenar la reforma tributaria, para los campesinos del departamento significaba también exigir avanzar en la sustitución de cultivos. Según varios de los integrantes con los que hablamos por aparte, en cada comité se acordaba, por ejemplo, que, cada cultivador daba un aporte de entre 500 o 1000 pesos por cada arroba de hoja de coca raspada y ese aporte lo recibía el tesorero del Comité Cocalero de la vereda, que sabía para qué línea de trabajo se utilizaría. Todo quedaba en los libros contables que llevaban, en donde era claro que esa plata era específicamente para la lucha cocalera. Y el que no pagaba al comité, quedaba solo ante la arremetida gubernamental. “Si le entra el Ejército, no le defendemos el cultivo”, dice Camilo*. Muy pronto eso quedó comprobado. No fue la discusión o incluso la negociación con el campesinado sobre la sustitución de cultivos lo que puso a prueba el carácter estructural de esta organización cocalera. Lo que puso a prueba su poder fue cuando el Ejército llegó a erradicar a la fuerza a una vereda en noviembre de 2015. Los cocaleros sabían que tenían que hacerse respetar como cultivadores. Como negociadores de la sustitución, se preguntaban ¿por qué el Gobierno hace esa arremetida contra la sustitución que estaban negociando? Dependiendo de la memoria de quien narra el momento, entre 6000 y 8000 campesinos llegaron al lugar a defender el cultivo de coca y esto significó un hito en la historia del municipio. Un hito que impulsó aún más a la organización. Recuerda don Carlos* que alrededor de “350 erradicadores (llegaron al lugar) y nosotros no levantamos una piedra, no levantamos un garrote y los sacamos, con buenas palabras, los sacamos. Ellos se fueron y de ahí nosotros nos hicimos más fuertes”.  Aunque don Carlos* lo narra como si hubiese sido una conversación pacífica entre iguales, este encuentro estuvo lleno de tensiones, momentos angustiantes y confrontación entre campesinos y el Ejército. Fue tan tenso y hasta violento, que la memoria de los cocaleros quedó marcada por los 11 campesinos heridos y por la tragedia de un cocalero que murió ese día a manos del Ejército.   Ese episodio hizo que los campesinos se fortalecieran a tal nivel que, como cuenta Camilo*, “luego de esa situación el Ejército tenía que pedir permiso para entrar, decir a qué viene, cuánto se demora y dónde va a estar”. Una muestra de poder del campesinado ante el Estado, a quien veían con desconfianza porque estaba teniendo un doble rasero al promover la sustitución y al mismo tiempo la erradicación, aun cuando el Gobierno nunca dijo que dejaría de erradicar por sustituir los cultivos. De hecho, a raíz de estas protestas en 2015 , se creó una mesa de negociación entre el Gobierno y la Mesa Campesina y Popular de Interlocución y Acuerdos, que reunía a los voceros cocaleros de la zona para el desarrollo integral del territorio. Pese a que el Gobierno no cumplió algunos puntos, sí lograron crear un concurso docente para municipios afectados por el conflicto. Aunque ese día de noviembre quedó en la memoria de los campesinos, ellos igual siguieron apostándole a la sustitución de cultivos. Siguieron apostándole, una vez más, a creerle al Estado. .  EL OTRO ACUERDO   La fuerza que les dio ese día de confrontación se convirtió en la plataforma para crecer y empoderar a los campesinos. Ese noviembre de 2015 impulsó a aquellos campesinos que estaban indecisos a unirse al proyecto organizativo. Una fuerza que significó la posibilidad de debatir las condiciones de comercialización de la hoja de coca, precisamente porque en ese momento a nivel nacional se celebraba que pronto la guerrilla más antigua del continente iniciaría su tránsito a la dejación de armas. Era una fuerza organizativa que les permitió discutir las condiciones en las que se encontraban los cultivadores de coca, hablar sobre el precio de la hoja, hablar con otros actores que participan en el proceso de transformación de la hoja de coca o las dinámicas a su alrededor. Esta conversación surgió de un proceso de organización que llevaba años cocinándose y que mostró que los campesinos cultivadores de coca lograron posicionarse a tal nivel que los actores armados, Farc-Ep y ELN, no tendrían la última palabra. Eran tiempos en los que los cultivadores estaban siendo explotados por los intermediarios, los compradores de la hoja y los cocineros, que son los que al menos en la región ganan plata, como señala un líder de la organización. “Nos venían cómo esclavizando un poco, explotando, (pues) ya llevábamos más de un año donde esa mata no valía nada, valía alrededor de $30.000 mil pesos o $20.000 por la arroba de hoja de coca”. Unos siete u ocho dólares, lo que significaba que para alguien con suficiente habilidad para el raspado de la hoja de coca, podría ganar unos 35 dólares al día. En el municipio, en general, como en otros municipios, eran los propios cultivadores quienes cultivaban y raspaban sus propios cultivos, con el fin de lograr sostenerse en un sitio en el que las vías son fundamentalmente caminos abiertos y en los que para ir de un corregimiento a otro en carro toma casi medio día. Lograr negociar el costo de la hoja no era una tarea fácil, pues hablar con los grupos armados que cobraban impuestos, con los intermediarios, con los cocineros, con los pequeños mafiosos, era impensable. Eran intocables, pues lo más probable era que quien lo hiciera resultara muerto. Pero con el nivel de organización que habían logrado para la gestión de las comunidades y la defensa de la coca, encontraron el impulso necesario para establecer la tan incómoda y riesgosa conversación. El primer impulso se dio en la parte baja (cerca de la desembocadura del río al mar) del municipio, en donde durante tres intensos días varios líderes cultivadores de coca propusieron discutir el asunto con los intermediarios, cocineros, con quienes iban de vereda en vereda comprando la hoja de coca para llevarla a las cocinas e incluso con miembros de los grupos armados. Fue una conversación marcada por el reconocimiento de unos y otros de las dificultades, los costos, las posibilidades, los cálculos. Los cocineros señalaban que no daba para más, pensaban en los pagos de vacunas, los insumos, la mano de obra. Ellos querían seguir pasándole todo el costo de producción al cultivador.  Pero el cálculo no daba. Todos eran conocidos de alguna manera, todos sabían que había alguna posibilidad, todos sabían que los narcotraficantes estaban pagando la pasta base al precio que era. Hablaron con el actor armado buscando que reconocieran que el campesino estaba en el eslabón más vulnerable, pero también reconociendo que muy pronto los impuestos disminuirían pues ya las Farc-Ep dejaría las armas. Un elemento clave en esta negociación es que todos se conocían con todos. Sabían quiénes eran los intermediarios, si eran oriundos del municipio o no. Era una charla entre paisanos, entre vecinos, en algunos casos, entre conocidos de muchos años, que aunque con distancia, se reconocían entre sí. Y es que para ese momento, entre 2014 y 2015, en el municipio había entre 8 a 12 cocineros que transformaban la hoja de coca en pasta base. “Era una especie de monopolio”, como señala uno de los cocaleros que estuvo en la negociación y no citamos por su seguridad. Pero el contexto estaba cambiando y con él, la posibilidad de que entraran nuevos cocineros. Entonces llegó el punto de quiebre. “Un compañero nuestro dijo, vea hermano, entonces hagamos una cosa, si eso no da para más entonces acomode sus tarros y váyase o guárdelos,  no trabaje si es que la mafia no da pa más” recuerda don Carlos* con contundencia refiriéndose a la negociación entre los campesinos y los cocineros y comisionistas. También hubo un factor, que permitió esta negociación, en ese momento particular, y es que al municipio no es fácil entrar, entonces era fácil entender quién era quién, por lo que conocían a la mayoría de los comisionistas y compradores, así que para ganar el pulso señalaron estar dispuestos a venderles también a otros. Así, lograron un acuerdo que hasta hace poco se mantuvo en la mayoría del municipio. ¿En qué consistía ese acuerdo? Nunca se podía caer el precio de la arroba de hoja de coca. Si se caía, entonces todos los campesinos asociados se comunicaban para parar la recolección. Por ejemplo, la arroba de hoja de coca en ese momento estaba entre $60.000 o $65.000 pesos. Si esos precios llegaban a caer a $40.000, entonces se hacía un pare. “Se hace un pare y nos vamos a diálogos con los que compran, con los que vendemos, hasta llegar a un precio válido” cuenta Camilo*. Estos acuerdos funcionaron en varios sentidos, pues tampoco se permitía la reventa de la hoja y los cultivadores tampoco podían decidir un valor por su cuenta, lo cual era clave teniendo en cuenta que al menos en la zona baja del municipio, poco a poco fueron llegando nuevos cultivadores. Pese a ser pequeños cultivadores, el poder de la Asociación en esta negociación era grande. Y era grande por una razón: su capacidad de convocatoria y de movilización. Como casi todas las veredas del municipio tienen afiliados, si el Acuerdo se incumplía, ellos tenían el poder de frenar prácticamente todo el cultivo. Así pasó en 2019, cuando los precios cayeron a $27.000 la arroba y lograron subirla a los $50.000 a punta de hacer que la gente se quedara quieta y no recolectara hoja de coca y hablaran con los comisionistas, luego de casi un mes de negociaciones. Por su parte, los campesinos se comprometieron a mejorar la calidad de los cultivos y a no venderlos por fuera del municipio, sino a los intermediarios de estos cocineros.     Esto ha llevado a impactar los procesos que los cocineros realizan con la pasta de coca, pues no solo lograron que cada cocina tuviera su propia planta eléctrica y así evitar que el pueblo tuviera cortes de luz; también lograron que las cocinas le abrieran un cupo de trabajo para pobladores de la vereda, pues con tantos días en reuniones, los hogares estaban aguantando hambre y los cocineros estaban “contratando vagos que sólo querían tomar trago”, dice Don Carlos. También se logró reducir y en algunos lugares, hasta eliminar, la intermediación entre el cultivador de la hoja y los cocineros. Su disposición al diálogo los llevó incluso a ser convocados en algunos casos para ser mediadores, aunque sin capacidad de decisión en el asunto, pues cuando se reguló el precio de hoja, les tocó hablar con los que compran la hoja y con los que regulan el precio de la base de coca. “Ellos tienen que sentarse obligatoriamente, porque ellos los (compradores de hoja) tienen que cumplir con quienes venden la hoja de coca” señaló un campesino que participó en algunas de las conversaciones. Los intermediarios tuvieron que sentarse a decirle a la gente de allá, donde están los laboratorios, que los precios eran honestos. Este Acuerdo incluso fue más allá de regular el mercado de la hoja de coca. Incluyó puntos como no tumbar montaña para sembrar, o prohibir que los menores de edad participen en la raspa de hoja de coca, o que no haya prostitución cerca de los centros poblados. También incluyó reconocer a las mujeres raspadoras de la hoja. Fue gracias a esa fuerza de diálogo y capacidad organizativa que, cuando llegaron al municipio las negociaciones sobre sustitución de cultivos en 2017, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, el municipio firmó un acuerdo colectivo con el gobierno de más de 9 mil hectáreas cultivadas por 8 mil familias de cultivadores y más de 3 mil recolectores de hoja de coca en marzo de 2018, cuándo las cifras oficiales reportaron 2.369 hectáreas cultivadas para ese año. Sin embargo, eso quedó en varias reuniones veredales, un poco más de cuatro reuniones colectivas con el gobierno nacional y un documento en el que los compromisos no se cumplieron, como lo señalan el alcalde municipal y los líderes de varias de las veredas que firmaron el acuerdo. Con la entrada del presidente Iván Duque para el periodo 2018-2022, este gobierno decidió que en materia de sustitución de cultivos, solo continuaría y cumpliría lo pactado con los campesinos que habían firmado acuerdos individuales, mientras que los acuerdos colectivos no tuvieron validez. Así, los acuerdos colectivos, como el de este municipio, no tuvieron el respaldo y compromiso político para cumplirse.   .  CON LA BOCA TAPADA “Nosotros pensamos que el objetivo principal es darle a conocer más que todo al gobierno que uno está hablando con la verdad y no está ocultando nada acerca de lo que es la mata, que nosotros sobrevivimos, para que les hagan conocer del gobierno y nos nos ataque tan duro porque gracias a Dios, como le digo, con la lengua es que le hemos venido peleando. No hemos peleado con ninguna clase de armas sino con la boca no más” decía don Carlos*. Pero angustiosamente la situación para los campesinos de este municipio ha cambiado, pues pareciera que ya ni boca tienen. En los últimos tres años, el contexto del territorio ha cambiado sustancialmente, pues el intento fallido del ELN por convertirse en quien establece el control de todo el territorio, y el surgimiento de grupos disidentes desde el año 2019, le recordó a los cocaleros y a la organización social que la solución de la guerra no pasa por la regulación de la coca. Mientras los grupos armados ilegales se enfrentan en el municipio, los líderes sociales de las juntas de acción comunal, la organización campesina y de cocaleros han sido señalados y atacados por ellos, buscando que estas organizaciones se plieguen frente a sus intentos de control social y territorial. La primera regla de estos grupos armados fue no tener relación con los otros, por lo que eso de resolver tensiones comunitarias o intervenir en la vida cotidiana ha marcado una oposición a la organización social. Los líderes cocaleros, los líderes sociales, quedaron en la mitad, convirtiéndolos en objetivos militares acusados de ser de uno u otro grupo. En otras palabras, la guerra entre grupos rompió los procesos de coordinación organizativa. Las dificultades están marcadas por las amenazas y el desconocimiento de los liderazgos, como dice un integrante de la organización social: “Las amenazas que llegaron directamente (a la organización señalaban que) todo el que forme parte es objetivo militar. Entonces en la Asociación nos quedamos un poco quietos. Ya no volvimos a hacer reuniones, asambleas, porque pues uno no sabe quién es quién”. Esto tuvo un impacto en el comité cocalero y la organización social que buscaba gestionar proyectos para este municipio, pues la capacidad de negociación que lograron en contexto de la salida de las Farc-Ep del panorama ha sido frenada por la presencia del ELN y de grupos disidentes, quienes en 2020 amenazaron a todos los que tenían algún vínculo con la asociación. Tanto así, que ya van 5 líderes e integrantes asesinados en el territorio, lo que ha llevado a que la organización campesina haya tenido que reducir la gestión para lograr avances en la comunidad, a quedarse quietos o incluso a tener que abandonar el territorio, como lo describen algunos de sus líderes. El efecto de esta situación sobre la economía de la coca y la regulación de su hoja fue inmediato. El pueblo ha quedado incomunicado o dividido por momentos, se vuelve a hablar de que cada vez son más los compradores foráneos de grandes extensiones de tierra, especialmente en la parte baja del municipio, para el cultivo de hoja de coca. Mientras que en las zonas en donde todavía está parcelado, los compradores de hoja y pasta de coca ya no entran como antes. Aunque siguen comprando bajo las reglas establecidas en los acuerdos en algunas partes, estos cada vez son más difíciles de hacer respetar e incluso en algunas zonas ya no hay acuerdo. Ahora todos los grupos cobran impuestos, no se pueden hacer reuniones o parar la recolección para negociar el precio de la hoja de la coca y hacer cumplir los acuerdos. A esto se suma el hecho de que el precio de la hoja por momentos baja y se cierra el mercado, pues los grupos tampoco permiten la compra de la hoja, como forma de establecer su control. Han sido tantos los intentos por fracturar a las comunidades, por romper los acuerdos hechos entre unos y otros, que ya no se puede hablar de unos pocos cocineros, sino de treinta o más. La violencia que ejercen estos grupos armados ha implicado el rompimiento de reglas que tenían efectos tanto para los cultivadores, como para quienes hacen parte del narcotráfico, lo que hace que algunos cocineros migren, lleguen nuevos y que se afecte toda la economía. La reactivación de la violencia en Colombia no ha sido direccionada únicamente por la coca. Sin embargo, sí ha atravesado a esta economía, generando rupturas frente a la consolidación de liderazgos de los cultivadores. La organización social es vista como un enemigo a destruir. Sin embargo, esta historia de articulación comunitaria que gestiona y reconoce al cocalero muestra que rodear y fortalecer a la organización campesina se convierte en una excelente herramienta para ponerle freno a la expansión de los grupos armados y generar seguridad y protección en los territorios.  *Los nombres de los protagonistas de esta historia y del municipio han sido cambiados por seguridad. Este artículo es realizado por el equipo de investigación de Conflict Responses. Investigación: Ángela Olaya y Kyle Johnson, Edición Juanita Vélez, Diseño y diagramación: Ana Sofía Ocampo. También agradecemos la lectura de Ronna Risquez y Juanita Ceballos. Esta historia ha sido realizada como parte de la tercera edición del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas -FINND-, realizado por la Fundación Gabo y Open Society Foundations (OSF). La información presentada en este texto no compromete a ninguna de las dos instituciones. [...]Read more...
Después de más de un día de viaje, llegamos a un pueblo pequeño escondido entre montañas cultivadas de coca, con una calle principal destapada que, después de unos 100 metros, se dividía en forma de una y. Había más o menos 50 casas, la mayoría con negocios: bares, panaderías, residencias y una peluquería. Bajamos caminando hacia el polideportivo, que quedaba en la mitad entre las dos calles divididas y donde estaban unas 100 personas que llevaban ya entre dos y tres días tomando. Era mayo de este año y la música – puros corridos – estaba a todo volumen. Caminamos unos minutos sin saber a quién buscar. Habíamos llegado para una entrevista con la Columna Móvil Franco Benavides, una estructura disidente de las Farc que hace parte del Comando Coordinador del Occidente (CCO), que, a su vez, está vinculado del proyecto nacional de disidencias liderado por alias Iván Mordisco. Pasó una moto manejada por un joven vestido de negro, con botas negras, gorro negro, mochila de camuflaje y pistola negra en su cinturón. En una esquina en la que queda una peluquería estaba parado un hombre con fusil de largo alcance, vestido de camuflaje y con un sombrero que decía “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”. Sentado en un sofá dentro de la peluquería había otro hombre vestido de camuflaje, con su fusil recostado contra la pared. Al lado estaba el joven de la moto. “¿Vienen para una reunión con la organización?”, nos preguntó el de la moto. “Sí”, le respondimos. “Nos dieron un código, ¿lo necesitas?” “Sí”. “Somos los mecánicos del carro rojo”. El joven sonrió y dijo que como tienen muchas reuniones, dan un código para saber que los que llegan son los indicados. Pasada la prueba del código, nos dijo que era el encargado del pueblo y que iba a organizar todo para que estuviéramos bien porque los de la reunión iban a llegar más tarde. Se fue en su moto y nosotros caminamos un poco a una tienda de jugos que queda sobre la calle principal. Después de estar sentado un rato, llegó el encargado con otro joven en su moto. “Él se va a encargar de ustedes. Cualquier cosa es con él. Igual, les cuento que las habitaciones en la residencia no están listas todavía, pero más tarde se las muestro para que vean donde pueden dormir”. Subieron a la moto y se fueron. Al rato volvió el nuevo encargado de nosotros, con otro joven miliciano. “Yo tengo que hacer unas vueltas, entonces él estará pendiente de ustedes”. El ahora nuevo encargado de nosotros estaba vestido de negro, con gorro negro y dos collares grandes. Uno de plata y otro de color oro, eran dos mini-uzis, los cuales contrastaban fuertemente con su clara timidez. Collares de un hombre de las disidencias de las Farc. Foto: Kyle Johnson   Bajamos hasta el río que pasa cerca del pueblo. Tomamos más jugo, almorzamos, hablamos con el miliciano, miramos mucho el techo. Finalmente, decidimos descansar en las piezas de la residencia. Apenas nuestras cabezas tocaron las almohadas, llegó el miliciano. “Doctores, ya toca salir”. Nos montamos en un Jeep viejo. Arrancamos por una trocha empinada hacia una vereda que quedaba a unos 15 minutos. Llegamos al sitio y no había nadie. Nos bajamos del carro a esperar y hablamos de fútbol. Veinte minutos después bajaron dos camionetas plateadas por una trocha empinada. Parquearon y se bajaron unas seis o siete personas armadas y uniformadas y otros tres de civil, pero también armados. Nos saludamos, entramos a un billar desocupado y organizamos unas mesas. Nos sentamos alrededor de ellas y nos presentamos. Estaban alias Jaime, alias Pablo y alias Eduard, comandantes de “la Franco Benavides”. Este grupo opera en la cordillera y algunas partes del pacífico nariñenses. Ha estado involucrado en varios de los enfrentamientos más fuertes que se han dado en esas zonas, principalmente contra otros grupos vinculados a la Segunda Marquetalia. También estaba un miembro de la Columna Móvil Jaime Martínez, pero que hace parte del equipo de comunicaciones. Por eso, podía comunicar algunas posiciones que iban más allá de las de la Franco Benavides sino que representaban todo el CCO, y a veces, todo el proyecto disidente nacional. “Mi nombre es Jaime, soy el comandante de la Columna Móvil Franco Benavides y soy el encargado de la retoma militar de esta zona”, empieza. Eduard y Pablo dijeron que estaban encargados del tema político, de la relación con la población civil. “Nosotros no somos disidencia, somos la real resistencia”, dijo Jaime, sentado en la mesa con su camuflaje de pies a cabeza. Hasta su fusil era de camuflaje. “Estamos aquí por el incumplimiento…la negociación era una traición, solo querían desmovilizarnos”, dijo Jaime. El CCO ha argumentado que rechazaron el Acuerdo de Paz del 2016 y, de hecho, ha publicado canciones que cuentan la historia de cómo el Primer Frente, la primera unidad de las Farc en decidir no acoger lo pactado, tomó esa decisión. “Tenemos un mando unificado, no tomamos decisiones individuales. Somos la misma cosa que antes: Secretariado, Estado Mayor Central. El CCO tiene un Estado Mayor de Bloque y obedece al Estado Mayor Central y Secretariado”, dijo. En sus comunicados, el CCO sí ha hecho referencia a esta estructuración de los grupos vinculados al proyecto de ‘Mordisco’, pero no es clara la calidad de la relación entre todas las unidades. En el CCO parece que existe bastante autonomía para cada grupo, especialmente en lo financiero y sus conflictos con otros grupos armados. Con esta afirmación seguía la duda. Entonces preguntamos, “Ustedes se llaman el Comando Coordinador del Occidente – pero ¿en qué se coordinan y en qué no?”. “Es una figura temporal”, respondió el de la Jaime Martínez. “Mientras vamos construyendo el bloque como tal. Pero funciona igual que antes con los bloques. Nosotros vamos avanzando mucho en eso – vamos a tener un bloque occidental en cinco años, mientras que en las Farc se demoraron décadas”. El comando y control – y su calidad – se ha vuelto de importancia por la propuesta de “la paz total” del gobierno de Petro. Exactamente cómo funcionan los proyectos de las disidencias internamente tiene grandes implicaciones para los límites de esta política. Si esta versión de cohesión, comando y control de estas disidencias es cierta (o no) tendrá fuertes efectos en una posible negociación. Por ahora, hay evidencia mixta de que sí y que no es así. En los territorios donde operan estos grupos, muchas comunidades dudan de que haya control y comando interno efectivo. Frente a la paz negociada con todos los grupos armados del país, dieron algunas pistas. “No hemos renunciado a la solución política”, empiezan por decir. Recientemente, publicaron un video en el que habla Iván Mordisco diciendo que están dispuestos a negociar, aunque preguntas grandes – el qué y cómo, por ejemplo – siguen sin respuesta. “Pero tenemos unos condicionamientos: tiene que ser con un gobierno alternativo porque si no, sería otro engaño; tiene que haber otro modelo de dejación de armas, no las vamos a dejar sobre voluntades sino cuando ya veamos avances en la implementación de lo acordado, y con garantías internacionales; el Acuerdo del 2016 puede servir de base, pero la agenda tiene que ir más allá; y la participación tiene que ser mayor”. Agregaron que “los encuentros deben ser en Colombia, no por fuera”. Son ideas que han publicado y fueron aprobadas por las instancias nacionales del proyecto disidente. Afirmaron que: “Tenemos una apuesta de país, que es la misma que antes”. La frase era algo ambigua pues esa visión, igual se venía ajustando a través del tiempo dentro de las extintas Farc, incluso en La Habana. Propaganda de la Columna Móvil Franco Benavides. Foto: Kyle Johnson Sobre una posible agenda, dijeron que “Faltó lo de la Fuerza Pública, lo de los jóvenes, las multinacionales”. Son temas gruesos y no todos serán posibles negociar políticamente – como la Fuerza Pública – pero por lo menos apuntan a algo que ellos quieren dialogar: si el gobierno nuevo acepta discutir estos asuntos con las disidencias ya es otro tema. “No quiero desmoralizar, pero si es negociación con todos, habría que incluir a los que le venden armas al Ejército, por ejemplo”, argumentó el de la Jaime Martínez. No mencionó nada de los que les venden armas. “También a la gente que vive de la guerra”, agregó. Concluye que igual, “Existe o no existe Farc, va a haber guerra”. Jaime se suma diciendo que no negociarían con “Los Márquez” – la forma que le dicen a la Segunda Marquetalia, a quien ven como paramilitares – porque “Lo dijo Manuel , hablar con paramilitares es traicionar al pueblo”. Aquí salió un tema importante: la identidad. Su manera de expresarse se basaba frecuentemente en cómo eran las extintas Farc. Se llaman “Farc-EP”; toman decisiones según lo que creen que hacían las Farc antes; argumentan que usan los estatutos de las viejas Farc; y a veces hacen afirmaciones que también hacían la ex guerrilla, como de solo cobrar impuestos al narcotráfico. Sin embargo, muchos pobladores en Nariño y Cauca bajo su control no los ven como las Farc de antes – algunos creen que ya no tiene ideología; que a veces son más abusivos; que es raro que anden tanto en los pueblos en vez del monte.   Muchos otros, de todas formas, sí creen que actúan igual que las viejas Farc. En esto, la gente no tiene una sola opinión, sino, como es de esperarse, existen múltiples visiones. En este momento, Jaime y yo nos paramos para fumar un cigarrillo e insistió en fumar un poco apartado de las mesas donde estaban los demás, para no afectarlos con el humo ya que no fuman. En ese momento, el de la Jaime Martínez agregó que Jhonier, el ex comandante del CCO y quién originalmente pertenecía a la disidencia del Primer Frente en Guaviare, intentó dos veces negociar con Iván Márquez, quien, según su versión, “quería imponer todo – tropas, planes, comandantes”. Siguió, “al no llegar a un acuerdo en abril 2021, Márquez le tiró la Fuerza Aérea venezolana encima”. Se refería al conflicto entre las fuerzas venezolanas y la disidencia del frente 10 – también vinculada al proyecto de Mordisco – en Apure en abril del 2021, que terminó poco tiempo después con la liberación de varios soldados del vecino país que habían caído en el poder del grupo armado ilegal colombiano. Continuaron al denunciar la Segunda Marquetalia en Nariño, argumentando que lo que diferencia “la guerrilla” (es decir, ellos) con los paramilitares de “los Márquez” es que el CCO sólo cobra impuestos al narcotráfico mientras los “paras” compran la pasta directamente. Pablo también señaló que “Nuestra ideología es el pueblo, cuando la de los paras es la del signo peso…nosotros no somos narcotraficantes: los narcos están allá y nosotros acá. Le cobramos impuestos a los narcos, pero no a los campesinos”. Sus vínculos con las economías ilegales – especialmente el narcotráfico – son un tema sensible para ellos. Sin duda, manejan sumas impresionantes de plata, sea como sea su manera de vincularse al negocio. En Argelia, Cauca, donde la coca abunda como en pocos lugares en el país, se dice que el frente Carlos Patiño – la unidad del CCO que opera ahí – se gana 3 mil millones de pesos a la semana, por ejemplo. Además, argumentaron que los paras trabajan con el Ejército, que cuando están bajo presión militar, se esconden en las cabeceras de Magüí Payán y Roberto Payán, bajo la protección de la Fuerza Pública. Sacaron sus celulares para mostrar un video de un helicóptero sobrevolando un área donde habían tenido combates con la Segunda Marquetalia. No dispara ni nada, pero aseguran que llegó para apoyar a “Los Márquez”. Dicen que en esos helicópteros han recogido paramilitares heridos. Sin embargo, el video en sí no es prueba sino de que la Fuerza Pública solo reacciona a los reportes de combates entre los grupos armados ilegales. Acusan al Ejército de trabajar con varios grupos: La Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo e incluso el Eln. Dicen que cuando llega la Fuerza Pública, llegan “pequeños grupos de gente vestida de negro y encapuchada”. Van más allá y dicen que “Donde hay asesinatos, hay Ejército”. Saber la realidad de estas posibles alianzas requiere más investigación: algunos aspectos de lo que denunciaron parecen ciertos según información independientemente recogida en la zona; otros, no. Incluso existen testimonios de sobornos de la Franco Benavides a la Fuerza Pública. Su discurso parece indicar que tienen una visión del mundo de “todos contra nosotros” y que “los otros son los malos” – los malos, además, van únicamente por plata mientras ellos por “el pueblo”. Es de esperarse – ningún grupo armado dice ser los malos del cuento. Jaime termina diciendo, “Bueno, ya hemos hablado como dos horas”, y lo hicieron sin parar. Decidimos terminar la entrevista, salimos del billar y empezó una lluvia. Los que hacían seguridad empiezan a correr hacia las camionetas en que vinieron y nos despedimos. Nos dejan tomar algunas pocas fotos, sin la cara de nadie. Subimos a nuestro Jeep y empezamos a volver al pueblo con el encargado. Concluimos que, aunque salimos con algunas cosas nuevas, siguen más preguntas y dudas sobre ellos, su visión, su identidad y la posibilidad de que realmente se pueda hacer la paz con ellos, a beneficio de las comunidades que conviven con la Franco Benavides, el CCO y todos los grupos armados en la región y el país. [...]Read more...
Por ahora, el enfoque sobre el sometimiento ha sido estrictamente legal porque se necesitan reformas, como la ley de Orden Público y quizá la de sometimiento del 2018. Pero el asunto no es sólo legal, sino también político. Someter a los grupos armados no debería ser un fin en sí, sino un medio para otro: la construcción de institucionalidad legal en todo el territorio nacional. En ese sentido, los sometimientos deben buscar la transferencia del control territorial de un grupo armado a la institucionalidad. Un aspecto central de ese control es la gobernanza ejercida por los actores armados, de la cual debería encargarse el Estado y otros actores dentro de la legalidad, como los consejos comunitarios de las comunidades Afro y los resguardos (y otras figuras) las indígenas, entre otros. No existe nada más político que gobernar. Además, tampoco se puede crear un paquete de reformas legales para presentarlas con una actitud de “tómalo o déjalo”. El gobierno tendrá que sentarse a negociar los términos del sometimiento de los grupos, preferiblemente en privado. Así que es fundamental que las reformas legales sean lo suficientemente flexibles como para que el gobierno tenga amplio margen de maniobra al negociar. Negociar con grupos armados tiene efectos en la opinión pública. Una percepción de excesiva “generosidad” por parte del gobierno puede generar un rechazo. Este riesgo es latente con el ‘clan del golfo’, que con su “plan pistola” ha asesinado casi 40 policías. Una interpretación de estos asesinatos es que el ‘clan’ estaría buscando mejorar su posición en una mesa de negociación de sometimiento. Que “lo logre” sería inaceptable políticamente. En el caso de las “disidencias” de las Farc, el aspecto político también será central. Ofrecerles un sometimiento igual que el del ‘Clan del golfo’ (a quienes ven como paramilitares) sería inadmisible para ellas, igual que proponer que solo entren en un proceso de reincorporación. Las que están vinculadas al proyecto de Gentil Duarte, que sigue a pesar de su muerte, están construyendo ideas de cómo sería una negociación, lo cual incluye algunas consideraciones políticas. La ‘segunda Marquetalia’ ha dicho que está dispuesta a negociar, pero discutir cualquier reforma política con ellas sería tan costoso que es probable que el gobierno no lo pueda hacer, dado que, para la opinión pública negociar otra vez con quienes ya rechazaron un acuerdo de paz puede ser inaceptable. Si el gobierno quiere mayor apoyo político, para los sometimientos debería incluir algunos mecanismos de justicia transicional. Para hacerlo, la nueva ley de orden público debería remover la distinción entre grupo armados “políticos” y “criminales”, empezando por cambiar el lenguaje de “grupos armados organizados al margen de la ley” por simplemente “grupos armados organizados” para tener disponibles las mismas herramientas legales para todos los procesos. Actualmente el gobierno colombiano categoriza a algunos de los actores armados como “grupos armados organizados” (GAO), con los cuales tiene un conflicto armado interno. Estos incluyen el ‘clan del golfo’, las disidencias de las Farc e incluso el Eln. Sin embargo, ley de Orden Público actualmente vigente se refiere a “grupos armados organizados al margen de la ley”, lo cual ha servido de justificación para diferenciar los grupos armados “políticos” de los “criminales”. Por esto, por ejemplo, existen la desmovilización individual para los políticos (el Eln únicamente) y el sometimiento individual para los demás. Esta distinción se ha sobrevalorado. Solamente es útil analíticamente, porque un gobierno puede usarla para decidir qué negocia con un grupo armado y qué no. En el sentido legal, los GAO criminales están también inmersos en conflictos armados, según el mismo gobierno, lo cual hace pensar que la justicia transicional puede ser importante en sus procesos de sometimiento. No habría que crear una nueva jurisdicción ni otra “JEP” para ellos, pero sí mecanismos de reparaciones para sus víctimas y exigencias de contar la verdad. Tampoco sería necesario un entramando institucional como el del proceso de Justicia y Paz, creado por el proceso de desmovilización paramilitar. Compromisos específicos pueden servir, como que el Estado destine los bienes entregados por los GAO, que fueron obtenidos ilegalmente, a reparar sus víctimas. *Originalmente publicado en El Tiempo.  [...]Read more...
El presidente electo Gustavo Petro ha propuesto una “paz total”, que va más allá de, pero también incluye, negociaciones políticas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el posible sometimiento del Clan del Golfo (también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y la “reincorporación” de los grupos comúnmente llamados disidencias de las FARC. Recientemente se conoció una carta, al parecer firmada por cinco estructuras armadas de diferentes tamaños e índole que operan en el país, en la cual expresan su disposición de desarmarse “en el momento indicado…pedir perdón…aportar verdad total e integral…reparar y sobre todo no repetir los actos criminales…cumplir con los fines de la justicia restaurativa”, entre otros compromisos. La misiva fue firmada por los Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); el Bloque Virgilio Peralta Arenas, también llamado los Caparrapos; Los Rastrojos, Los Shottas De Buenaventura; La Inmaculada de Tuluá; y Los Mexicanos de Quibdó. Si resulta cierto, sería una buena noticia para el país y una oportunidad para una “victoria temprana” para la paz total de Petro. Sin embargo, tendría numerosos desafíos que requieren pensar con cabeza fría. Me enfocaré en dos tipos: los legales y otros que se pueden llamar complementarios. Lo legal En este momento, existen tres mecanismos legales importantes que se pueden usar para buscar algún tipo de sometimiento a los grupos armados organizados en el país: la ley 1908 del 2018, que rige los sometimientos colectivos y fue pensada realmente para el de las AGC en ese momento. También está la Ley 1941 del 2018, conocida como la Ley de Orden Público, que realmente es la 418 del 1997, pero que ha sido prorrogada y reformada múltiples veces y define las herramientas, prohibiciones y permisos para entablar diálogos con grupos armados organizados (GAO). Además, esta ley y sus decretos reglamentarios regula lo de desmovilización individual y colectiva. Finalmente está el Decreto 965 del 2020, que define el proceso de sometimiento individual de miembros de los GAO. Con estos tres mecanismos, en el sentido legal, existen cuatro posibles salidas de los conflictos armados hoy en día. La desmovilización colectiva, que realmente solo aplicaría en el caso del ELN, igual que la desmovilización individual, por su carácter “político”. Para los otros grupos armados, considerados criminales, existe el sometimiento colectivo e individual. Con los grupos de la carta se podrían utilizar los caminos de sometimiento. Sin embargo, hay limitaciones legales. Por lo menos, cuatro de los grupos firmantes (todos menos las AGC), no son GAO. Éstos son los grupos con que el Estado dice tener un conflicto armado de carácter interno porque controlan territorio de tal forma que “les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”, con un mando interno responsable. Algunos de los otros cuatro son grupos delincuenciales organizados (GDO), quienes son más pequeños y no controlan el territorio; por ende, con ellos no existe conflicto armado. Lo anterior significa que el sometimiento, legalmente definido, no se puede utilizar con cuatro de los cinco grupos en este momento. Por ejemplo, la ley 1908 dice claramente que las disposiciones bajo el Título III, nombrado “Procedimiento especial para la sujeción a la justicia de grupos armados organizados” solo se le puede aplicar a GAO. El Decreto 965 del 2020 que permite sometimientos individuales, tampoco se puede aplicar porque solo sirve para miembros de GAO y no miembros de GDO. Igual, esta herramienta solo se podría aplicar si el gobierno entrante considerara que la mejor forma de someter a estos grupos fuera un proceso en el cual se concebiría lo colectivo como una sumación de numerosos sometimientos individuales. Esto ocurrió en Tumaco en el 2017 cuando casi 130 miembros de una disidencia de las FARC se desmovilizaron al tiempo y pasaron por la ruta individual de reintegración. La Ley de Orden Público actual pierde vigencia este año y solamente se le puede aplicar a los GAO. Históricamente solo se ha aplicado a las guerrillas y los paramilitares por su carácter “político”. Las AUC y las FARC, como tal, ya no existen, entonces, realmente, solo se le aplica al ELN. En su reforma, será clave “despolitizarla” para facilitar las diferentes salidas de los conflictos; tener herramientas basadas en un enfoque puramente legal, en vez de uno político, sujeto a la interpretación de cada gobierno; y tener mayor flexibilidad en un contexto de conflictos armados fragmentados y cambiantes. Esta carta genera una consideración frente a cualquier reforma de estas herramientas legales: si se debería incluir a los GDO en su aplicación y en caso de que sí, si estarán disponibles las mismas herramientas tanto para los GAO como para los GDO, o si habrá unas diferentes. Temas como la justicia transicional, en lo legal, se le debería aplicar a los GAO, como las AGC en el caso de la carta, pero a los GDO no es necesario. La cuestión, en el fondo, es política. En el caso de las AGC, será necesario algún mecanismo para que los miembros de este grupo cuenten la verdad, reparen a sus víctimas y paguen sentencias (reducidas), lo cual será necesario definir en alguna de las reformas legales a la Ley de Orden Público y/o a la 1908 del 2018. Qué mecanismo podría existir – o si debería existir o no – para los GDO, será otro punto de debate. Lo complementario En el caso de que se resuelvan los desafíos legales e implementan unos procesos de sometimiento (pueden ser otros, pero por simplicidad, asumo esta figura), estos grupos entrarían en un tipo de proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). Salen del territorio como actor armado para empezar algún tipo de proceso semejante a lo que sería la reintegración. El tema no termina ahí. El proceso de paz con las FARC y de DDR con las AUC mostraron que es supremamente importante que el Estado cope los territorios “dejados” por los grupos armados ilegales. Habría que tener algún plan o estrategia para lograr justo eso. No hacerlo minaría los efectos positivos de los sometimientos. Esto es un riesgo mayor por el contexto de los múltiples conflictos armados en el país. La fragmentación de los grupos armados organizados (principalmente con las disidencias de las FARC) significa que liberar a un territorio de un grupo armado sin tomar medidas para que el Estado lo cope, llevará a que otro entre ahí. Esto para las comunidades no representará un cambio en su calidad de vida, sino simplemente pasar de un régimen ilegal a otro…de nuevo. Además, si se entablan negociaciones con otros grupos armados, el timing entre estos posibles sometimientos y los probablemente lentos avances en las negociaciones puede ser tal que un actor armado en diálogo busque llenar el territorio dejado por otro que se sometió para mejorar su posición en su mesa de paz. Por ejemplo, si las AGC se someten sin que el ELN haya terminado su negociación, es probable que lo que queda de esta guerrilla en el Chocó busque recuperar los territorios que ha perdido últimamente, que fueron copados por las AGC. Finalmente, la existencia de tantas economías ilegales – el narcotráfico, minería ilegal, extorsión, tráfico de madera, entre otras – y la oposición política férrea al gobierno de Petro pueden incentivar spoilers que buscan sabotear estos procesos, como ha señalado Eduardo Álvarez. Estos actores pueden hacer parte de los grupos armados en cuestión; ser participantes en estas economías ilegales; pueden ser funcionarios públicos corruptos que reciben algún beneficio de lo ilegal o de los actores armados; y también pueden ser actores institucionales que creen que su poder está vinculado a la continuidad de cierta política, de lo ilegal o de los conflictos armados. Cómo contenerlos – o incluirlos – en las diferentes fases de los procesos de desarme y desmovilización o de sometimiento será fundamental. La disposición de estos grupos de desarmarse y contribuir a la verdad y justicia es una buena noticia, pero es importante asegurar que haya un marco legal lo suficientemente flexible para lograr su desarme y que se diseñe un plan para copar el territorio que dejan. No hacerlo sería repetir los errores del pasado y dejar a las comunidades expuestas a la violencia, totalmente sin paz. [...]Read more...
In March, 11 people died in a controversial army operation in Putumayo, southern Colombia. Human rights groups said that at least some of the dead appeared to be civilians. The army alleged the operation complied with international humanitarian law, saying that all the dead were “criminals” and that the operation had targeted an armed group known as Comandos de Frontera. This post, which follows-up on a previous one examining the challenges in assessing Colombia’s ‘post conflict’ scenario, discusses whether there is an armed conflict between the Colombian government and the Comandos de la Frontera. It doesn’t examine whether the army operation violated international humanitarian law (IHL); rather, it analyses whether the Colombian Ministry of Defense is right to argue that IHL was applicable to the operation first place. After presenting the “post conflict” scenario, which has been emerging since the 2017 demobilization of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) guerrillas, the post characterizes Comandos de la Frontera. This analysis is critical to determine whether the operation in Putumayo complied with international law, given that IHL and international human rights law govern the use of lethal force in significantly different ways. The relevance of this case-study goes well beyond the army operation in March or Comandos de la Frontera. It illustrates the difficulty of assessing armed groups in highly dynamic contexts, in which multiple organized armed groups operate coterminous to, and often in connection with, criminal groups. As the International Committee of the Red Cross (ICRC) has noted, the proliferation of armed groups, of varying sizes and with varying structures, capabilities, and motivations, has been a “central feature of the changing geopolitical landscape of the last decade” in conflicts around the globe. The Current Situation in Colombia Conflict between the government and armed groups The ICRC and the Colombian government agree that international humanitarian law is applicable to fighting between the government and the Gaitanist Self-Defense Forces of Colombia (AGC), a group that emerged from former paramilitary groups in the 2000s; and the National Liberation Army (ELN), a guerrilla group created in the 1960s. There is less agreement on how to characterize fighting between the government and the more than 30 “FARC dissident groups,” most of which emerged after the 2017 demobilization of the FARC guerrillas. These groups often operate in the same territory FARC units controlled before the demobilization process, at times using the former units’ names. Their members mainly consist of new recruits, but also include some former FARC fighters who never demobilized and others who participated in the demobilization process but returned to arms. The Colombian government has taken the position, since 2017, that all FARC dissident groups are parties to a conflict with government forces and subject to rules of engagement under IHL. The government treats all FARC dissident groups (which it calls “residual organized armed groups”) as a single group to which IHL is applicable—a highly questionable decision under international law. On the other hand, the ICRC considers that only some FARC dissident groups are parties to a conflict with the government. Namely, these are what the ICRC calls “former members of FARC-EP not currently covered by the Peace Agreement.” This is a coalition led by alias “Iván Mordisco” and “Gentil Duarte,” who was recently killed in Venezuela. In our view, this coalition appears to include roughly 20 “fronts,” “mobile columns,” or units, including many that are coordinated under regional groupings they call “commands”. Conflict among armed groups The ICRC also considers that in three existing scenarios in Colombia fighting between armed groups amounts to an armed conflict governed under common article 3 to the Geneva Conventions. In particular: ELN guerrillas vs the AGC; The coalition of FARC dissident groups originally led by Gentil Duarte vs the Second Marquetalia, a group created in 2019 by Luciano Marín Arango, known as “Iván Márquez,” the FARC’s former second-in-command and top peace negotiator; and The coalition of FARC dissident groups originally led by Gentil Duarte vs Comandos de la Frontera in the southern state of Putumayo To our knowledge, the Colombian government has not formally classified any fighting between armed groups as an armed conflict. This, however, is ultimately irrelevant since under international humanitarian law the determination of whether there is a non-international armed conflict hinges on the facts and not on any government’s classification. Comandos de la Frontera What we know today as Comandos de la Frontera was originally a smaller group formed in 2017 known as Los de Sinaloa and, months later, as La Mafia 48. Based on our interviews with local sources and analysis by Colombia’s Human Rights Ombudsperson’s Office, the group was formed by former fighters of the FARC’s 48th Front, as well as members of a local organized crime group known as La Constru. In late 2020, La Mafia 48 changed its name to Comandos de la Frontera. At least since 2018, Colombian authorities have publicly considered it a party to the conflict, calling it a “residual organized armed group,” seemingly due to its connection with the demobilized FARC. Since its creation, the group has operated mainly along the border with Ecuador and has been deeply involved in drug trafficking. As one of its fighters recently told the New York Times, “This isn’t like a guerrilla that works for an idea…Everything is about the money.” In February 2021, the Second Marquetalia and the Comandos announced in a news release that they had “held a meeting on coordination and unification of forces and political-military goals,” and that Comandos had joined the Second Marquetalia. They added that a representative of the Comandos had been included in the Second Marquetalia’s National Directorate, its highest leadership body. The announcement opens two scenarios in which the Comandos could be considered a party to an armed conflict with the government: If the Comandos and the 2nd Marquetalia have genuine links among themselves, in practice creating a single group that satisfies the requirements under IHL; or If the Comandos fulfill in and of themselvesthe levels of organization and hostilities required under IHL. Option 1: Genuine links? In our view, it is unclear whether the Comandos de la Frontera and Second Marquetalia have sufficient links to treat them as a single group under IHL. Scholars have suggested that the relevant test to determine if such links are sufficient is whether some sort of centralized command exercises overall control over several armed groups or whether an armed group exercises such control over another armed group. At least in Tilman Rodenhauser’s interpretation, this standard does not require that the controlling group or the at least incipient centralized command be able to issue specific orders or command each military operation. But it does require all subgroups to coordinate military activities and determine the overall military objectives and the internal rules that they follow. There appears to be little evidence of any military coordination between the Second Marquetalia and the Comandos. The only aspect that may reflect a modicum of coordination is that they rarely attack the Colombian Armed Forces or Police – a decision that “Iván Márquez” announced when he created the Second Marquetalia. The Second Marquetalia announced in May 2021 that it had met with what it called its “southwestern units” – including the Comandos de la Frontera – to discuss the political situation in the country and reaffirm that all units present were part of the Second Marquetalia. There is evidence that this meeting did in fact take place in the Nariño state, but as far as we have been able to determine, the groups did not adopt agreements regarding coordination of military activities or their objectives and internal rules. The clearest evidence we have been able to determine of any coordination between the Comandos and Second Marquetalia is their infrequent joint news releases (the Comandos still publish their own communiqués, without speaking for the Second Marquetalia as a whole). While these suggest that the groups might have the ability to speak with one voice, a relevant factor in the assessment, there is no clear evidence that these statements reflect a coordination of military activities on the ground as they tend to only make statements of political unity and say little about military activities. Consistently with these findings, the ICRC treats these two groups as separate, as explained above. Option 2 Even in the absence of sufficient links with the Second Marquetalia, Comandos de la Frontera could fulfil in and of themselves the thresholds of organization and hostilities with the government to be considered a party to such conflict. The commandos do appear to be sufficiently well-organized. According to government estimates that we consider fairly credible, the Comandos have about 300 armed fighters, though the group claims to have many more. The group appears to have a solid chain of command, based on their news releases and other sources. New York Times reporters who recently spent a week with the Comandos said that they: “visited several towns under their control, watched them move weapons and buy drugs, and slept at a camp where fighters set off grenades and ran drills just yards from the Putumayo, a major river.” Additionally, under international law, fighting between the armed group and government forces must reach a “certain level of intensity” for there to be a non-international armed conflict as IHL is not applicable to “riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of similar nature.” International case-law has developed a range of indicators to assess the intensity of the violence, such as the seriousness of the clashes and how spread out they are over the territory, the types of weapons used in fighting, and the number of its victims. While the Comandos are highly armed and the Colombian government has deployed the military to the area, fighting between government forces and the armed group appears to be very rare, based on our interviews with humanitarian workers and community leaders in Putumayo. Several sources indicate that, at least prior to the controversial army operation in March, the army had not frequently attacked the Comandos. As some sources described it, they appear to be “letting them be.” In fact, we could only identify two incidents of military attacks by the Army against the group in 2021. (A senior army officer recently told one of us that the Comandos and a FARC dissident group had engaged in fighting 27 times in the last two years, but he did not indicate how many times the government forces and the Comandos had engaged in hostilities). This sporadic and relatively low level of violence casts serious doubt on whether fighting between Comandos and government forces can be said to amount to a non-international armed conflict. The situation, however, is dynamic and the relevant threshold could be quickly met if the army conducts more operations against the Comandos. As in other cases, the government’s classification of the fighting against the Comandos as an armed conflict could become a self-fulfilling prophecy if it leads to increased hostilities. Some Final Conclusions The evidence here questions the idea that the Comandos de la Frontera actually are part of the Second Marquetalia under applicable IHL. We also argue, in agreement with the ICRC, that IHL does not appear to be applicable to the fighting between the Colombian armed forces and the Comandos since it appears to fall short of the relevant threshold. These conclusions cast doubt on the Colombian government’s argument that IHL was applicable to its controversial military operation against the group in March 2022, in which at least 11 people were killed More broadly, our analysis speaks to the challenges of assessing armed groups in highly dynamic contexts, like the one in Colombia. The Colombian government appears to be overlooking serious legal and factual challenges that need to be taken into account to ensure that international humanitarian law is appropriately applied. *Juan Pappier is a Senior Americas researcher at Human Rights Watch. [...]Read more...
La muerte de Gentil Duarte, el jefe que coordinaba por lo menos 16 disidencias en todo el país,  no significará un desorden interno en esas estructuras. Tampoco parece ser el gran golpe a su jerarquía, ni a su proyecto de “refundar las FARC”, aunque sus posibilidades de lograrlo siguen siendo bajas. Este es ante todo un golpe al Frente Jorge Briceño, que él comandaba directamente y que opera entre Meta, Guaviare y Caquetá. En esa región sí hay incertidumbre por el cambio en su liderazgo.  Aunque las disidencias que coordinaba Gentil afirman que este es un golpe duro para ellas, no desmantela su jerarquía basada en la coordinación. En los casi seis años que llevaba intentando reconstruir las FARC y retomar “sus áreas”, Duarte llegó a coordinar estructuras disidentes en los llanos orientales; en la frontera con Venezuela; en el suroccidente (a través del Comando Coordinador del Occidente, en Valle, Tolima, Cauca y Nariño); en la amazonía de Putumayo, Caquetá, Vaupés, Vichada y Amazonas; y en el Sur de Bolívar.  Estos grupos dicen tener un Secretariado y un Estado Mayor Central, instancias en las cuales toman decisiones colectivas. Sin embargo, parece que en algunos asuntos – como los financieros y acciones violentas dentro de los conflictos de cada uno – cada estructura tiene autonomía para tomar decisiones puntuales a nivel local. Más allá de una reunión a finales del año pasado entre varios jefes disidentes (el supuesto Secretariado nuevo), no es muy claro cómo funcionaba el liderazgo de Duarte y en qué se coordinaban estos grupos o en qué no.  Lo que sí es claro es que él no era el único líder con un poder de unión entre las disidencias. Ese poder, de hecho, puede ser mayor en Iván Mordisco, jefe de la disidencia del Frente 1 en Guaviare y al parecer segundo al mando después de Duarte. Mordisco fue el que envió gente a Cauca, Nariño, Putumayo y Arauca para crear nuevas estructuras y fortalecer la coordinación con otras. Esto significaría que él tiene más nexos directos con diferentes estructuras que ahora entraría a coordinar, lo cual podría facilitar su liderazgo. Esto muestra que aún sin Duarte, el proyecto de unión de las disidencias sigue vivo.  Igual, una cosa es querer unirse y otra es lograrlo de verdad. Pero a nivel local, entre Meta, Guaviare y Caquetá – donde Gentil comandaba directamente el Frente Jorge Briceño – es más probable que su muerte tenga diferentes repercusiones. En esta zona, Duarte había ganado terreno al incluir dentro de su grupo a los frentes 40 y 62; había obtenido algo de legitimidad, sobre todo al adaptarse al negocio de la deforestación y al mercado de tierras que se abrió tras el cese del fuego del 2015; al trabajar con una parte de las bases farianas; al implementar una gobernanza bastante clara en sus zonas de influencia; y al capitalizar el incumplimiento del Acuerdo a través de un discurso de que el Estado nunca iba a cumplir lo pactado. Sin embargo, en varias ocasiones, estos intentos de ganar legitimidad no fueron exitosos al presionar demasiado a la población civil local. De todas formas, todo ese trabajo acumulado será difícil de reemplazar en el Frente Jorge Briceño porque, aunque no está claro quién tomará su lugar en esta estructura, los comandantes más probables de hacerlo no tienen la misma capacidad ni calidad de liderazgo.  Por ejemplo, con Duarte, ya “la gente siente un vacío” nos dijo una fuente que vive en San Vicente y no citamos por su seguridad. “Tenían la percepción de que con él (Duarte) se podía negociar. Ya había ciertas cosas más o menos establecidas por el tiempo que él llevaba de jefe, como las vacunas, que es lo que más afecta al campesino”, agregó.  Al contrario, alias Calarcá, comandante del frente 40 – ahora llamado “Unidad Jhon Linares”- era un mando bajo financiero en las FARC-EP antes de la firma del Acuerdo y su tono ahora, como comandante disidente, frente al trato de la población civil ha sido mucho más coercitivo que el de Gentil. También, otro mando medio disidente, alias ‘Juan Carlos’, según varios pobladores locales, fue el responsable del desplazamiento de la comunidad indígena del Resguardo Yaguará II en septiembre del 2021 al llegar a imponer sus reglas de manera arbitraria y amenazante. Duarte además tenía una red de contactos en el mundo legal, lo cual facilitaba la operación de su grupo. Sus posibles reemplazantes dentro del Frente Jorge Briceño específicamente no parecen contar con la misma red de apoyo dentro de la legalidad.  Otro posible efecto local importante de su ausencia es la regulación que tenía sobre la deforestación. Gentil ponía las reglas bajo las cuales funcionaba este negocio en los territorios bajo su control, pero eran otros quienes trabajaban directamente en promover la tala dentro de un contexto de especulación de precios e informalidad de la tierra.  Inicialmente fue muy permisivo y cobraba un “impuesto” por la compra y venta de tierras en lugares como La Macarena, Meta, lo que incentivaba la tala. Más recientemente, según algunas fuentes, llegó a poner la orden de pararla. Mientras mandaba en su zona, las reglas frente a este tema eran bastante claras, así cambiaran a través del tiempo. Su ausencia abre la pregunta de qué va a pasar con la gobernanza ambiental disidente en una zona que es un foco de la deforestación incluso a nivel internacional.  Las disidencias vinculadas a Gentil recibieron un golpe fuerte pero más que todo simbólico al perder a su líder más importante. Lo que significará en términos de sus planes de “reconstruir las FARC” queda por verse, pero la información hasta ahora disponible indica que no será muy difícil pasar de un liderazgo a otro. Sin embargo, sus posibilidades – lidere quien lidere – son realmente bajas. [...]Read more...
Ángela Olaya 16/mayo/2022 El último paro armado muestra que este grupo paramilitar se ha expandido y ha ganado poderío en varios territorios. Hay que ponerle cuidado. Una estrategia recurrente Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) decretaron paro armado del 5 al 8 de mayo en todos los lugares donde tienen injerencia, como respuesta a la extradición a Estados Unidos de uno de sus máximos jefes Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”. No es la primera vez que las AGC se valen de los paros armados para mostrar su poder territorial y demostrar que están lejos de ser erradicados. En 2012 realizaron uno como respuesta a la muerte de Juan de Dios Úsuga David, alias “Giovanny” y en 2016 hicieron otro para conmemorar la muerte de Francisco José Morelo Peñate, alias el “Negro Sarley”. Resulta llamativo que la captura de Daniel Rendón alias “Don Mario” 2009, uno de los fundadores de las AGC y su posterior extradición a Estados Unidos en 2018 no provocara la misma reacción por parte de este grupo armado. En este escrito me concentraré en comparar el paro de 2012 con el que se vivió este año a raíz de la extradición de “Otoniel”, pues los dos fueron reacciones inmediatas a medidas tomadas contra sus principales líderes. Las similitudes Ambos paros atemorizaron a la población civil, mostraron el poderío de las AGC y su capacidad de control, pese a ser subestimados por las autoridades. La principal similitud consiste en las formas de violencia empleadas por este grupo armado. En 2012, las AGC ordenaron paralizar el comercio y el transporte a través de panfletos, llamadas y visitas a locales comerciales. Las bananeras suspendieron sus operaciones, las actividades escolares fueron suspendidas, los bancos cerraron sus puertas y el comercio se detuvo por completo. Este año ocurrió exactamente lo mismo: los cierres y bloqueos se tomaron los municipios afectados y los habitantes permanecieron encerrados por miedo a ser asesinados. La segunda similitud consistió en usar la misma excusa para justificar los paros armados: la percepción de un trato injusto hacia sus líderes: • En el caso de alias Giovanny, el grupo armado declaró que fue capturado vivo y ejecutado delante de sus hijos, familiares y demás personas que se encontraban en el lugar, sin tener la posibilidad de acudir a la justicia colombiana. • En el caso de Otoniel, criticaron su “apresurada extradición” y la falta de respeto a las audiencias de la Justicia Especial para la Paz, donde Otoniel reveló que las AGC tenían alianzas con políticos, miembros de la Fuerza Pública e incluso con la Fiscalía. Las diferencias Hay varias diferencias importantes entre el paro de 2012 y el de este año. En primer lugar, actualmente las AGC tienen una mayor presencia geográfica que hace diez años. Por ejemplo, en 2012 varios medios y organizaciones señalaron que el paro había interrumpido las actividades en 26 municipios pertenecientes a seis departamentos: Antioquia, Magdalena, Córdoba, Sucre, la mojaba bolivarense, el Darién y el sur Chocoano. En contraste, el paro armado de 2022 afectó a más de 170 municipios en once departamentos del país: Atlántico, Cúcuta, Montes de María, el sur de Bolívar y el Magdalena Medio fueron los lugares que no se vieron afectados en 2012, pero sí en 2022. La expansión territorial se explica porque las AGC han ganado disputas por el control territorial en zonas como el bajo Atrato en Chocó, el Bajo Cauca y el Sur de Bolívar. Además, han logrado llegar a otras zonas sin disputas valiéndose del control social. Este es el caso de Montes de María, en donde se han ganado la confianza de varias comunidades a las que han provisto de servicios y han llevado empleo. Adicionalmente, en muchas de esas zonas, las AGC han subcontratado criminales locales que comunican sus órdenes y las hacen cumplir en los territorios donde tienen influencia. Otra diferencia importante: mientras que en 2012 las fechas del paro fueron comunicadas con claridad y cumplidas a cabalidad, este año el paro se extendió uno o dos días más en varios municipios, lo cual causó confusión entre los habitantes. Esto podría explicarse por los desafíos que implica comunicar la información a través de personas ajenas a las AGC. Elecciones y redes sociales Probablemente las diferencias más notorias entre los dos paros se deben a que el de este año se llevó a cabo en época electoral y a que las redes sociales tienen hoy una importancia que no tenían en 2012. En zonas como el sur de Bolívar, miembros de las AGC les han dicho a los habitantes que si votan por Gustavo Petro serán expulsados del territorio. También ha circulado un audio por WhatsApp en el que supuestamente la madre de alias Siopa, uno de los miembros del Estado Mayor de las AGC, asegura que su hijo pide que voten por el Pacto Histórico porque eso “los beneficiaría”. La autenticidad del audio no ha sido comprobada. Esta sería la primera vez que las AGC muestran interés en las presidenciales y revelan sus preferencias, pues hasta ahora solo se habían pronunciado sobre las elecciones locales. También es la primera vez que hacen uso de las redes sociales para comunicarse con la población, lo cual corrobora que estas han cobrado mucha importancia en los últimos años. Las diferencias entre los dos paros ponen en evidencia que muchas cosas han cambiado desde el 2012. La más preocupante es, sin duda, la expansión de las AGC, un fenómeno al que las autoridades deberían prestar más atención. *Texto originalmente publicado en Razón Pública [...]Read more...
Otoniel logró vincularse con diferentes instituciones del Estado, más allá de la Fuerza Pública. Esto estaría en juego con su posible extradición, lo cual está en pausa mientras se estudia una tutela a favor de las víctimas. https://youtu.be/T4yPfnPxY3s [...]Read more...
La operación militar en la vereda del Alto Remanso, en el bajo Putumayo, en la que murieron civiles, incluida una mujer embarazada- es una muestra más de que las comunidades cocaleras sí conocen al Estado, pero a través de sus formas más coercitivas y, con bastante frecuencia, violadoras de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esto, desafortunadamente, no es nada nuevo. Tampoco es nueva la justificación de la “legitimidad” de la operación por parte del Ministro de Defensa, Diego Molano, quien hasta ahora se ha mantenido en que el operativo no fue “contra inocentes indígenas, sino narcococaleros”. Agregó, “defendemos a los colombianos”, lo cual implica que los campesinos cultivadores de coca en el Alto Remanso no son colombianos y que hay que proteger a los verdaderos ciudadanos de ellos. Este desconocimiento de los cocaleros como ciudadanos colombianos es de vieja data, especialmente en Putumayo. La lucha por ser reconocidos como ciudadanos colombianos empezó en los años 80, cuando los habitantes se organizaron para pedir servicios públicos. Lo mismo ocurrió en los 90, durante las marchas cocaleras, en las que exigían que el Estado no solo llegara con el aparato militar (y en esa época, paramilitar) sino con educación, salud, alternativas económicas y respeto por los derechos humanos, como explica muy bien la antropóloga María Clemencia Ramírez. En ese momento, la Fuerza Pública y el gobierno central los veían simplemente como criminales sin derechos y como miembros civiles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La realidad es que el control de la guerrilla era mucho más ambiguo y fue resumido perfectamente por un manifestante en 1996: “salimos voluntariamente obligados”. Es decir, los manifestantes en sí estaban en contra de la fumigación, pero al mismo tiempo las FARC los obligaron a protestar. Luego, en 2006, después de que la arremetida paramilitar debilitara fuertemente al movimiento campesino del bajo Putumayo, se unieron representantes de la mayoría de los municipios del departamento para presentar un plan colectivo de sustitución de cultivos, en otro ejercicio que fue mucho más allá del desarrollo alternativo, y buscaba exigir que tuvieran los mismos derechos y beneficios de cualquier ciudadano colombiano. En la actualidad, este mismo trasfondo de las exigencias de las comunidades cocaleras del Putumayo se ve en sus iniciativas que hacen parte del programa de desarrollo con enfoque territorial (PDET); y las esperanzas puestas, en su momento, en el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (PNIS). Además, esta lucha histórica explica porqué los cocaleros en esa zona del país – entre muchas otras – han pedido polideportivos, apoyo para la educación y mejor infraestructura de salud (y calidad de su servicio), entre varias otras necesidades que no siempre tienen que ver con el puro balance económico entre los cultivos legales y los de uso ilícito. Es que vivir de la coca, o dejar de vivir de ella, no es un asunto simplemente económico: es uno de quién cuenta como ciudadano colombiano, quién no y qué significa serlo. Tampoco convivir con un grupo armado a la fuerza significa automáticamente que uno sea miembro de ese grupo ni un blanco legítimo de la violencia estatal ni de otro grupo armado ilegal. Tanto en el pasado como actualmente, este es un matiz perdido por el Estado y algunos medios. El Ministro de Defensa actual se mostró incapaz de separar cocalero del narcotráfico; civil que tiene que convivir con el grupo armado con un miembro del grupo armado; y por ende, civil que tiene derechos, merece protección y que sí es colombiano. Es una mirada que también desconoce el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, quien salió a justificar la muerte de la mujer embarazada y el menor de edad en Alto Remanso porque había “una reunión cocalera, bazar, cómo les quieras llamar, pero allá estaban negociando coca porque en la madrugada se fue toda la parte de la coca que ya habían negociado…”. En otras palabras, vender pasta de coca – como hacen la gran mayoría de familias cocaleras, incluso en eventos comunitarios – ya las iguala a miembros de un grupo armado, legítimas de matar, así sean civiles, lo cual no es cierto. Es más, realmente tampoco se puede hablar de una “necesidad militar” – que según el DIH permite la afectación de civiles por la importancia del blanco o la ventaja militar de un operación – pues alias Bruno, el blanco de la operación, no figura entre los líderes de los Comandos de la Frontera, según el mismo Ejército, ni parece que haya un conflicto armado entre la Fuerza Pública y este grupo armado. La justificación de la operación en el Alto Remanso por parte del Ministro de Defensa y algunos militares ni siquiera es volver a una visión antigua de los cocaleros como criminales por fuera de la ley, por fuera de la Constitución, por fuera de un mundo de derechos, porque esta visión nunca desapareció del todo dentro de la clase política a través de los años. Por ejemplo, al referirse a las circunscripciones especiales para la paz en 2018 y 2017 respectivamente, las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia dijeron que en estas regiones mandaban guerrillas, narcos y criminales, para justificar su rechazo hacia ese proyecto de ley para evitar la representación igualitaria de los ciudadanos de estas regiones del país, un derecho fundamental en la democracia. Hay que romper con esta visión del cocalero como un actor tan fuera de la ley que no tiene derechos ni es un ciudadano colombiano. La mejor estrategia para quitarle el poder a los grupos armados ilegales es integrar las regiones cocaleras no solo económicamente sino políticamente, reconociendo que allá viven colombianos con derechos humanos que hay que respetar y garantizar. En este sentido, el debate sobre la operación militar en Alto Remanso sí se trata de la legitimidad: pero no sólo la de la operación según el DIH, sino también la de un Estado que por tanto tiempo les ha dicho a los cocaleros que no son ciudadanos colombianos. [...]Read more...
Los seis conflictos armados El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó su balance sobre los conflictos armados en Colombia. Sus hallazgos concuerdan con los de otras organizaciones humanitarias y con los indicadores del gobierno. Según el CICR, hubo seis conflictos armados en el 2021: Fuente: Comité Internacional de la Cruz Roja El balance del Comité tiene varias implicaciones interesantes. Por ejemplo, aunque la inclusión del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) parezca una obviedad, hay quienes consideran que esta organización no tiene un mando responsable, lo que significaría que no podría hacer parte de un conflicto armado de carácter interno.  Pero el CICR incluye correctamente al ELN y reconoce que, aunque cada unidad militar de esta guerrilla tenga autonomía, sí hay un mando responsable bajo el cual actúan todas las unidades. Además, es claro que debe incluirse el conflicto entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) como una de las causas del aumento de la violencia en el 2021, particularmente en el departamento del Chocó. Las AGC también tienen un único mando responsable. Además, el CICR decidió agrupar a las disidencias de las FARC que coordinan con alias Gentil Duarte bajo el nombre “Antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz”. Según esto, el Comité considera que Gentil tiene mando sobre estos grupos, aunque se limita a coordinarlos. Con todo, estos grupos intentaron consolidar un nuevo “secretariado” el año pasado, el cual ya tomó algunas decisiones importantes sobre sus estrategias y comunicaciones. Asimismo, el CICR incluyó a la Segunda Marquetalia como uno de los actores del conflicto, al concluir que existen territorios bajo su control. Este es el caso de Putumayo, Nariño, y, en un territorio más reducido, el Catatumbo. Lo anterior además significa que la Segunda Marquetalia tendría un mando responsable; nuevamente, aunque cada frente tenga cierto nivel de autonomía, hay un canal de comunicación con el liderazgo y algunos incluso tienen representantes en la dirección nacional, lo cual facilita la “verticalidad” de la jerarquía que el grupo dice tener. El Comité también considera que existe un conflicto entre la Segunda Marquetalia y los grupos vinculados con Gentil. Por un lado, existe un conflicto intenso entre unidades del Comando Coordinador del Occidente (CCO), y la columna Alfonso Cano, el frente Iván Ríos y un tal frente Daniel Aldana en Nariño. Por otro lado, el frente Carlos Patiño del CCO lucha contra el ELN y la Segunda Marquetalia en Argelia, Cauca. Además, Gentil Duarte atacó a la Segunda Marquetalia al financiar y organizar la operación donde murió alias Romaña y, según algunas fuentes en el campo, quiere acabar con los “históricos” de ese grupo. Llama la atención que el Comité decidiera analizar el conflicto entre las Antiguas FARC-EP y los Comandos de la Frontera-Ejército Bolivariano (CdF-EB) como una disputa aparte. La razón no es muy clara. En realidad, los Comandos pertenecen a la Segunda Marquetalia, de modo que este conflicto cabría dentro de las disputas entre los grupos vinculados con Gentil y los de la Segunda Marquetalia. Por ultimo, el Comité omitió el conflicto en Arauca entre las Antiguas FARC-EP y el ELN. La intensidad de esta disputa es similar a la del Putumayo y sucede entre dos grupos que cumplen los criterios necesarios para que el CICR lo reconozca. Pero conviene recordar que ese conflicto empezó en el 2022 y el informe cubre únicamente el 2021. El 2022 será clave para definir si esta disputa logra el umbral de violencia necesario para ser considerado un conflicto armado aparte: hay razones para pensar que será así, pero también las hay para pensar que no. Las mismas preguntas pueden plantearse sobre las disputas entre el ELN y los grupos vinculados a Gentil en la zona rural de Buenaventura, en Argelia y en la cordillera de Nariño. Estas disputas no están incluidas en el listados de conflictos armados, – probablemente porque no alcanzan el umbral de intensidad de la violencia -, pero sí han tenido efectos humanitarios importantes que no deberían desconocerse, como los desplazamientos masivos en Argelia el año pasado. La lectura del CICR sobre los conflictos armados en el 2021 es en general acertada. Su propuesta de múltiples conflictos concuerda con la fragmentación que ocurrió después de la firma del Acuerdo con las FARC-EP. Al mismo tiempo, recoge los avances de los grupos vinculados a Gentil y la Segunda Marquetalia por crear un mando responsable. El aumento de la violencia Según el informe, la violencia relacionada con los conflictos armados aumentó por cuarto año consecutivo. El 2021 fue el año más violento después de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. Esto concuerda con la información publicada por organizaciones como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas. Las razones de este aumento en 2021 pueden ser dos. La pandemia sería la primera, al comparar el 2020 con el 2021. Algunos indicadores de los conflictos armados disminuyeron durante la cuarentena más estricta en 2020: el desplazamiento forzado, el asesinato en zonas de conflicto y los ataques armados. Pero aunque hubo un aumento de la violencia una vez acabó la cuarentena más estricta, el aumento en 2021 fue aún más intenso. Otra posible razón son las ofensivas fallidas de algunos grupos armados para intentar ganar territorio. El Frente 30 y las columnas móviles Franco Benavides y Urías Rondón intentaron tomarse el pacífico nariñense e incluso la zona de la carretera Pasto-Tumaco. Esto causó el desplazamiento de la mitad de la población de Roberto Payán. Al final, la Segunda Marquetalia pudo replegarlos y aseguró la violencia siga. El frente Carlos Patiño y la columna móvil Jaime Martínez también adelantaron una ofensiva en Argelia para sacar completamente de la zona al ELN y la Segunda Marquetalia. Lograron llegar hasta los corregimientos de Sinaí y La Belleza, pero la fuerza pública y estos dos grupos armados los hicieron replegarse en una serie de combates sostenidos durante casi dos meses. El municipio tuvo casi 20 hechos de desplazamientos masivos y 76 homicidios, la gran mayoría relacionados con este conflicto. Los CdF-EB intentaron sacar al frente Carolina Ramírez en Putumayo, avanzando por Puerto Leguízamo y por el río Caquetá principalmente. Pero no lograron acabar con el Carolina Ramírez, quien respondió con masacres en la zona. Después de la muerte de alias Fabián, exjefe del frente de Guerra Occidental del ELN, las AGC intentaron tomarse la zona del sur del Chocó mediante combates, asesinatos y varias afectaciones humanitarias que aún no ha acabado. El aumento de la intensidad de estos conflictos armados, y la aparición de disputas nuevas en el Sur del Bolívar y Arauca en el 2022 representan serios desafíos para la protección de la población civil, las respuestas humanitarias y la política de seguridad del próximo gobierno. Parece poco probable que el nuevo presidente pueda revertir estas tendencias, pero hacerlo es cada vez más urgente. *Publicado originalmente en Razón Pública. [...]Read more...
El Frente de Guerra Urbano Nacional (FGUN) del Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó recientemente un análisis que resume una de las ideas internas más importantes de ese grupo armado: que con las (malas) condiciones políticas, sociales, económicas y militares que atraviesa el país, su “lucha” está justificada. Así justificaron, en parte, el paro armado nacional que decretaron entre el 23 y 26 de febrero. Esta visión ha sido fortalecida por la lectura que el grupo armado hace del paro nacional en 2021, de las protestas del 21 de noviembre de 2019 y las del 9 de septiembre de 2020. Este argumento también es, en efecto, uno de los obstáculos intelectuales para la paz con esta guerrilla, porque si una parte importante del ELN cree que su lucha es justificada, no hay por qué negociar. En el texto señalan que la lucha política actual desde “la oligarquía…ha sido de guerra sucia, es por ello que el campo popular ha visto la necesidad de desarrollar una fuerza insurreccional”. Esta idea no es nueva, pues es en parte por eso se creó el ELN en 1964, pero sí es una idea que conecta el panorama actual con un aspecto de la identidad política de esa guerrilla de entenderse como resistencia a un Estado “narcotraficante y paramilitar”. En su declaración, el FGUN menciona los casos de abusos policiales y ataques de distinta índole a los manifestantes durante el paro de 2021, hechos que no están en debate pues están claramente documentados por diferentes actores de la sociedad civil, como Human Rights Watch y Temblores (así las cifras no concuerden entre todos). También resaltan los niveles de asesinatos de líderes sociales y de excombatientes, y relacionan el número de masacres en el país a una política estatal “de guerra contra el pueblo”. El análisis concluye diciendo que “A pesar de que la política del Narcoestado sea de guerra, el ELN seguirá construyendo una Colombia insurrecta junto al pueblo…seguiremos confrontando este terrorismo estatal, defendiendo fielmente los intereses de las mayorías”. Esta justificación de la “insurrección” del ELN queda incompleta. La pregunta que esta guerrilla tendría que hacerse frente a esta realidad no es si la violencia es justificada o no, sino si la violencia es el mejor camino o si hace más daño que bien. No son la misma idea: la primera (de si la violencia es justificada) simplemente permite poner la violencia en la lista de opciones de respuesta a esta realidad política, pero no significa automáticamente que sea la mejor opción en esa lista. Hay dos conceptos de la teoría de las guerras justas que ayudan a ilustrar ese punto. El primero es el jus ad bello, que se refiere a qué tan justo es el motivo previo a la guerra para comenzarla. El segundo es el jus in bello, que alude a si las acciones de los involucrados en la guerra son justas. Este segundo punto, el jus in bello, es el que hace falta en las discusiones planteadas por el FGUN, pues asumen que con solo decir que su guerra es justa, es automáticamente justo seguir con ella con todo lo que implica, sin explorar ni otras opciones a la guerra ni los costos de la misma.  El paro armado decretado por el ELN entre el 23 y 26 de febrero fue justificado con el lema “Contra Duque y su mal gobierno”. La pregunta es si el ELN logró mejorar la situación para los afectados por lo que esa guerrilla llama “la guerra sucia” del Estado. La respuesta es contundente: no. Destruir puentes, bloquear vías que usan los campesinos, hacer graffitis o sacar banderas no “pararon” las acciones del Estado ni generaron una dinámica política propicia para fortalecer las luchas populares. Es más, muchas personas, incluso de movimientos de izquierda, creen que ese tipo de acciones por parte del ELN lo que hacen es fortalecer el “mal gobierno” al permitirle argumentar que la existencia y las acciones de la guerrilla justifican una respuesta armada. Las acciones del ELN, según esta visión, también permitirían la promoción electoral de los candidatos que promueven la intervención militar ante la necesidad de mejorar “la seguridad”. Bajo este argumento, así la violencia del ELN fuera justificada, los resultados hacen más daño que bien. Adicionalmente, Colombia ha estado condenada por más de 50 años al conflicto armado, un tiempo en el que el ELN ganó una fuerza importante, pero que hoy en día ya no tiene: la meta de tumbar el Estado simplemente ya no está dentro de sus planes ni dentro de sus posibilidades. Su existencia apunta más a la “resistencia armada local” a través de estrategias militares focalizadas y a la construcción de un poder popular local. Es decir, su rol hoy es ser parte de un conflicto que se retroalimenta, pues el Estado siempre puede justificar —hasta cierto punto— su forma de actuar en los territorios por la presencia de esta guerrilla, quien, a su vez, seguirá justificando su violencia ante los avances del Estado en lo local. Y para el ELN, es válida la pregunta de si es posible hacer resistencia pacífica y también de forma más eficiente que la resistencia armada. Los movimientos sociales en el país han mostrado que sí es posible, y cuentan con una lista bastante larga de logros y cambios, incluso dentro del contexto tan hostil en el que han tenido que trabajar. Estos puntos están vinculados, en su esencia, a una pregunta más general: frente al contexto identificado por el ELN, ¿es lo mejor para las comunidades y pobladores de los territorios donde hacen presencia que la violencia continúe o que incluso se escale? La gran mayoría de las víctimas de los conflictos armados en Colombia han sido civiles, y la intensificación de la violencia claramente aumenta el número de víctimas civiles. Después de décadas de violencia, es evidente que apostarle a más guerra como respuesta a la guerra solo ha traído más daño para todos. La visión que la guerrilla del ELN presenta para justificar la continuación de su resistencia armada queda corta y requiere una discusión complementaria más extensa, sea la que sea su conclusión. Si no se resuelve este debate, es difícil ver un camino de negociación viable con esa guerrilla. *Publicado originalmente en Cero Setenta. [...]Read more...
A pesar de que en la COP 26 Colombia se comprometió a que para 2030 va a reducir a cero la deforestación, incluyendo estrategias que buscan disminuir la tala ilegal por parte de grupos armados, hay un tema sobre el que no se está hablando y es clave para entender mejor la relación cada vez más estrecha entre conflicto armado y medio ambiente: el reclutamiento.  Los efectos del cambio climático y de la degradación ambiental (sobre todo la deforestación y la minería ilegal) están llevando a que algunas personas se unan a grupos armados. Por primera vez, Colombia tiene datos que muestran este fenómeno y que sugieren que este tema amerita más investigación y atención en intervenciones de construcción de paz. Los datos vienen de un informe que acaba de publicar la Universidad de las Naciones Unidas en alianza con la Fundación Conflict Responses, CORE, para el Proyecto ‘Managing Exits from Armed Conflict’, MEAC. El informe se basó en una encuesta entre abril y mayo de 2021 a 2640 personas en 11 municipios: ocho golpeados por el conflicto (Mutatá y Apartadó en Antioquia; Caldono y Guapi, en Cauca; San José del Guaviare, Guaviare; La Uribe, en Meta; Puerto Asís, Putumayo; y San Vicente del Caguán, Caquetá) y tres ciudades (Bogotá, Cali y Villavicencio).  Todos los municipios reportaron desplazamientos causados por el cambio climático, con los municipios rurales reportando a un nivel de 30% este fenómeno. Los municipios con presencia conocida de grupos armados también reportaron niveles más altos de conflictos por recursos y tierras, como San Vicente del Caguán, Caldono, Uribe y San José del Guaviare. Todos los municipios informaron de disputas sobre el agua, pero Caldono, Mutatá y San Vicente del Caguán, con el 10-13 % de los encuestados que informaron de tales conflictos, parecían ser los más afectados.  Teniendo en cuenta los patrones históricos de desplazamientos además de las disputas por la tierra y otros recursos en Colombia, estos impactos podrían indicar que, a medida que el cambio climático empeora y hay menos recursos disponibles, los grupos armados seguirán cooptando la tierra, los ríos y otros recursos para actividades generadoras de ingresos como la deforestación y la minería, disminuyendo aún más la capacidad de las comunidades para aprovechar estos recursos por sí mismas y adaptar al cambio climático. Pero tal vez el dato más impactante – y por cierto el que representa una nueva área de atención para los interesados en el cambio climático y la construcción de paz en Colombia – es que el 13% de los encuestados que reconocieron los efectos del cambio climático en sus comunidades conocían a personas que se fueron a grupos armados por dificultades para ganarse la vida a causa del cambio climático y la degradación ambiental. Las zonas rurales registraron los niveles más altos de este vínculo: el más alto fue Guapi, con el 19%. En ese municipio caucano -donde tiene injerencia el Frente 30 de las Farc y en menor medida el Frente José María Becerra del ELN- la evidencia de explotación de oro de aluvión se ha disparado. La crecida comenzó, sobre todo, ad portas de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, y ha seguido. Según datos de 2016 del informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, Cauca era el departamento donde más aumentó la explotación de oro frente a la medición que esa misma oficina hizo en 2014 y Guapi, junto a los municipios de Bolívar y Guachené, concentraron “incrementos por encima del 800%”, dice el informe.  Tanto la disidencia como el ELN se lucran de la minería ilegal allí. Una fuente que le hace seguimiento en terreno a este tema y que no puede ser citada porque no es vocera, dijo que, por ejemplo, en los consejos comunitarios del Alto Guapi, Río Napi y San Francisco, la disidencia tiene su propia maquinaria y que “en esos contextos es que comienzan a contratar gente para que trabaje con ellos en eso de la minería y sabemos de casos de gente que así termina siendo reclutada. Sabemos que el reclutamiento acá se ha incrementado”, dijo. “Pero no tenemos cifras para soportar eso porque así sean menores o mayores de 18 años, las familias tienen miedo de denunciar”, agregó.  Volviendo a los datos nacionales las zonas rurales reportaron niveles más altos de reclutamiento relacionados con esta degradación ambiental antrópica, con niveles reportados de hasta el 28% en Apartadó, Antioquia o 15% en San Vicente del Caguán, Caquetá.  En Apartadó, otra fuente de una organización comunitaria, dijo que era muy común, por el aumento en la explotación minera y maderera en la zona, que el Clan del Golfo “utilice a personas que están vinculadas a esas actividades para que den información, como si ven Ejército y cosas así y por esa vía algunos después terminan vinculados”.  En San Vicente del Caguán, por un lado, está la disidencia de Gentil Duarte hacia las Sabanas del Yarí en límites con Meta y, por otro, la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, en la cordillera. Mientras la Segunda Marquetalia mantiene la misma regulación ambiental de las Farc-EP sobre las juntas de acción comunal, con manuales de convivencia en los que fijan multas y castigos para quienes incumplan sus reglas, Duarte sí permite la tala y cobra una vacuna por la compra y venta de predios y por cada cabeza de ganado en su zona.  Uno de los efectos no deseados del desarme de las FARC-EP fue que en la Amazonía se abrió la puerta para que terratenientes ganaderos llegaran a la región a comprar tierra más barata y a ocupar baldíos. Duarte se ha adaptado a este negocio y es justo aquí, en el corazón de este problema, que se enfoca la  ‘Campaña Artemisa’, contra la deforestación, que nació en abril de 2019.  ‘Artemisa’ consiste en operativos militares dirigidos, en teoría, hacia los responsables de la tala ilegal. Según el Ministerio de Defensa, la militarización ha resultado efectiva. Las cifras reportadas por el Ministerio muestran que  hay 22.300 integrantes de la Fuerza Pública metidos en esta estrategia y a septiembre de 2021 iban 6.156 hectáreas “recuperadas”, y 244 operaciones sólo en Putumayo, Caquetá y Guaviare. Sin embargo, la estrategia ha sido criticada en los medios y por las mismas comunidades porque la Fuerza Pública llama “recuperar” a hacer el operativo, capturar y después salir del territorio, lo que al final no resuelve el problema porque en varios casos la gente regresa a talar.  Pero también porque, según los datos de la Fiscalía, hasta diciembre de 2021, como contó La Silla Vacía, de 96 personas capturadas sólo una había sido imputada por deforestación, lo cual muestra cómo la estrategia sigue sin dar con los grandes determinadores de la tala. Tampoco ha sido efectiva para su objetivo principal, que era proteger las reservas de bosque y los Parques Nacionales Naturales, que son focos de deforestación.  Aunque durante sus primeros años, el gobierno de Duque logró reducir la tala en esos focos (pasó de 21 mil hectáreas en 2018 a 13 mil en 2019), en 2020 la tala volvió a crecer un poco más del 2 por ciento.  Según tres presidentes de junta con los que hablamos por aparte, por estas críticas la campaña Artemisa le está permitiendo a Duarte reforzar su discurso contra el Estado y por esa vía, convencer a varios de irse con él. O incluso, ni siquiera tiene que convencerlos. “Sé del caso de un niño de diez años que se le ofreció al grupo porque en uno de esos operativos se le llevaron a su papá y a su mamá”, nos dijo bajo la condición de no citarlo un presidente de una junta de acción comunal de una zona donde manda un aliado de Duarte.  “Militarizar la protección del medio ambiente nos está generando más conflictos que los que teníamos antes, cuando estaban las Farc”, dijo, por su lado, otro líder social de la zona. Otros municipios como Mutatá (con un 21%) en Antioquia o Puerto Asís (con el 17%) en Putumayo también reportaron conocer gente que se va a los grupos armados como consecuencia de la degradación ambiental humana. La buena noticia es que Duque regresó al país de la COP26 con un bolsillo lleno para luchar contra la deforestación. Alemania, Noruega y el Reino Unido donaron 33.5 millones de dólares. A la luz de estos nuevos datos, esta financiación tendrá que apuntar en 2022 no sólo a operativos militares, sino a que el Estado realmente se quede en el territorio y genere confianza para crear acuerdos ambientales sostenibles y que le quiten gasolina al discurso de los grupos armados.    [...]Read more...
El año pasado, la mayoría de los indicadores de seguridad en Colombia empeoraron y se recrudecieron los distintos conflictos armados: El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró 96 masacres, cinco más que en 2020; La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó que el número de personas desplazadas por la violencia en Colombia había aumentado en un 196 % hasta noviembre de 2021; El número de miembros de la Fuerza Pública muertos en actos del servicio subió de 94 a 136 y, de ellos, la cantidad de soldados pasó de 49 a 67. Aunque aún no se tienen cifras completas, todo indica que los homicidios llegarán a su nivel más alto desde 2013. Muchas de estas cifras son el resultado de disputas entre actores armados ilegales o entre estos grupos y la Fuerza Pública en algunas zonas, por ejemplo: El Chocó, donde existe un conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); El Pacífico Nariñense, donde hay conflictos entre diferentes grupos disidentes de las FARC; El Cauca, principalmente Argelia, donde existe una disputa entre el frente Carlos Patiño, el ELN, la Segunda Marquetalia y la Fuerza Pública, y El Putumayo, donde hay un conflicto entre el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, ahora vinculados a la Segunda Marquetalia. El sur del Bolívar, entre las AGC, el ELN y disidencias de las FARC. Norte de Santander, entre el ELN y Los Rastrojos, principalmente. Estas tendencias no son nuevas y siguen un patrón claro al menos desde 2017. Esto significa que el país lleva ya casi cinco años con políticas, estrategias y planes que no funcionan: no se ha logrado repetir el éxito de seguridad que representó el proceso de paz con las FARC ni se han revertido las tendencias negativas en esta materia. Por eso, lo más probable es que en 2022 la seguridad y la violencia sigan empeorando. Los conflictos armados en 2021 Desde un punto de vista cualitativo, los conflictos armados en Colombia se han fragmentado desde la firma del Acuerdo de Paz significativamente. Sin embargo, durante el 2021, esa fragmentación parece haber empezado a disminuir. Por ejemplo, varios grupos existentes se unieron a la Segunda Marquetalia, incluyendo la Columna Alfonso Cano y los Contadores (que no son un grupo disidente), en Nariño, y los Comandos de la Frontera, en Putumayo. Por otra parte, se creó el Frente Doimer Cortés, en Cauca. Otros grupos también parecen más unidos. Aunque Gentil Duarte aún no tiene un mando único sobre las unidades vinculadas con él, hay indicios de que su cuerpo de liderazgo –que algunos miembros de esas disidencias llaman la “Dirección Nacional”– se está consolidando y está tomando decisiones colectivas, sobre comunicaciones y algunas estrategias militares generales. Además, los grupos independientes son cada vez menos y, posiblemente, hoy en día solo quedan el Frente 36, en Antioquia, y el Frente Oliver Sinisterra, en Nariño. Otra tendencia observada desde la firma del Acuerdo de Paz ha sido la “desideologización” de los conflictos armados, pero la evidencia del 2021 señala que sería prematuro decir que los grupos enfrentados ya no tienen ideologías para nada, sino que están en construcción o es más difícil evidenciar su papel en el actuar de los grupos armados: El ELN sigue teniendo su visión política, a pesar de su implicación directa con el narcotráfico en diferentes zonas del país, como el Cauca, el Chocó, el Catatumbo y el Sur de Bolívar. Las disidencias de las FARC siguen en un proceso de construcción de su ideología. La Segunda Marquetalia parece tener una visión política propia, aunque no está del todo claro el efecto que tendrán las muertes de Jesús Santrich, Romaña y, al parecer, del Paisa en su pensamiento político. Las unidades vinculadas con Gentil Duarte también siguen construyendo una ideología, pero no está claro si se trata solo de una fachada o si va más allá de sus interpretaciones de la actualidad. Sobre estos puntos se requiere más investigación. Además de lo anterior, los grupos armados ilegales siguieron gobernando los territorios donde operan, muchas veces a través de la violencia letal. En lugares como Guaviare, Arauca, Cauca, Nariño, Caquetá y Catatumbo los ejemplos abundan y son bien conocidos. Recordemos, por ejemplo, el asesinato de dos menores de edad, acusados de ser ladrones, a manos de la disidencia del Frente 33. En partes de Guaviare, las disidencias adoptaron “manuales de convivencia” que se cumplen letra por letra. En Arauca, tanto en 2019 como 2020, la disidencia del Frente 10 cometió una masacre para “controlar la criminalidad” en zonas bajo su control. Y en el Sur de Bolívar, el ELN ha usado la violencia cada vez más para ejercer control sobre la población. Por último, los conflictos armados han amenazado el desarrollo del acuerdo de paz. Aunque en 2020 y 2021 se redujeron los asesinatos de excombatientes, estos hechos siguen siendo comunes. En La Macarena (Meta), Argelia (Cauca) e Ituango (Antioquia), varios excombatientes fueron desplazados por amenazas también. Algunas entidades gubernamentales ni siquiera han podido hacer su trabajo en ciertos territorios por la falta de condiciones de seguridad. Así lo advirtió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre su trabajo en el pacífico nariñense. Las fallas en la política de seguridad La política de seguridad no ha podido mitigar los efectos de las disputas armadas sobre la población civil. En lugares como Arauca, Cauca, Nariño, Chocó, Putumayo y Antioquia es urgente que el Estado proteja a los civiles. Hay que adoptar medidas preventivas y no solo reaccionar cuando las tragedias ocurren. El Estado no puede esperar a que los actores armados le pongan fin a su enfrentamiento. ¿Por qué la política de seguridad ha fallado en proteger a la población? En primer lugar, parece que hay una lectura equivocada del contexto que sirve de base para la política de seguridad. Parece que los encargados de la seguridad creen que estamos en un contexto igual al de 2006, frente a las mismas FARC de esa época, y que lo que sirvió entonces va a servir ahora. Esto es falso e impide adoptar políticas de seguridad adecuadas al contexto actual. En segundo lugar, parece que el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública creyeran que atacar a los grupos armados equivale a proteger a la población. Esto tampoco es cierto. Por ejemplo, se puede debilitar un grupo y en consecuencia fortalecer otro: En el sur del Chocó, las AGC han podido entrar en el territorio del ELN gracias a los golpes que el Estado le ha dado a esta guerrilla. En Nariño, acabar con las Guerrillas Unidas del Pacífico o atacar al Frente Oliver Sinisterra ha servido para que otros grupos armados entren en su territorio e incluso adopten a sus miembros. En el Bajo Cauca Antioqueño, los golpes a los Caparros han permitido que las AGC se fortalezcan en la zona. La seguridad y las elecciones Pero la Fuerza Pública no solo ataca grupos armados porque piense que así está protegiendo a la población. En época preelectoral, estos golpes dan réditos políticos y aumentan la popularidad de los gobernantes. Por eso durante los últimos meses de 2021 aumentaron las operaciones contra los cabecillas de grupos armados; algunos ejemplos son la posible “captura” de Otoniel; la muerte de Fabián del ELN, en Chocó; el disparo contra Gentil Duarte; y el intento de matar a Iván Mordisco donde murieron once disidentes en Guainía. El gobierno tiene un incentivo político para seguir adelante con una política que no funciona, pero que “da puntos” para las elecciones. Es probable que la seguridad se aborde de tres formas en el ciclo electoral que viene: El gobierno y los candidatos más cercanos a Iván Duque serán fuertemente criticados por la falta de resultados en materia de seguridad. Algunos dirán que la seguridad ha empeorado porque el acuerdo de paz no se ha cumplido de manera adecuada. Pocos candidatos tendrán propuestas nuevas y concretas sobre la política de seguridad que debería adoptarse en Colombia. El cambio de gobierno no impedirá que los golpes militares sigan siendo un incentivo político para ganar popularidad. Y aunque los candidatos presidenciales no tengan iniciativas concretas sobre esta materia en general, la excepción puede ser la promesa de retomar las negociaciones con el ELN. ¿Qué sigue? En medio de varios conflictos armados, con una política de seguridad que no funciona y las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el panorama parece desolador. Sin embargo, hay un camino que podría abrirse en 2022, aunque no tenga resultados garantizados: la consecución de acuerdos humanitarios en los territorios liderados por las mismas comunidades. En Catatumbo, Nariño, Chocó y recientemente en Cauca ya se ha intentado esta estrategia. Los acuerdos locales pueden aliviar el sufrimiento de las comunidades hasta cierto punto y pueden garantizar el acceso humanitario a estas zonas. En todo caso, esta parece ser una respuesta temporal y no una solución duradera para los problemas de seguridad que tiene el país. Por ahora, es necesario acompañar y fortalecer estos esfuerzos y examinar los que ya se han hecho para concluir si es necesario hacer ajustes o nuevas aproximaciones. Puede que no funcionen, pero estos acuerdos siguen siendo la salida más prometedora que tiene el país.   *Artículo publicado originalmente en Razón Pública: https://razonpublica.com/los-desafios-la-politica-seguridad-2022/ [...]Read more...
Report on how the different armed groups in Tumaco, Colombia governed - or did not - during the Covid-19 pandemic. Informe sobre los diferentes grupos armados en Tumaco, Colombia gobernaron - o no - durante la pandemia del Covid-19 en la ciudad (en inglés). [...]Read more...
En todos los países que han pasado por procesos de paz es normal que persista la violencia. Colombia no ha sido la excepción y uno de los principales retos es la evolución de los grupos disidentes de las antiguas FARC-EP. [...]Read more...
En el Pacífico nariñense, los grupos armados les ofrecen jerarquía a los menores de 15, 16 y 17 años como una forma de atraerlos. Estos nuevos liderazgos muestran los peores efectos del reclutamiento forzado. La degradación de los dos conflictos armados principales en el Pacífico nariñense está a tal nivel que en algunos casos las comunidades prefieren llevar a los menores de edad a la Fuerza Pública a ver si los recibe, antes de que terminen reclutados por los grupos armados: las armas, de todas formas, son la opción A y la opción B. La disputa del Frente 30 contra el Frente Oliver Sinisterra (FOS), aliado con las AGC y con el Bloque Occidental Alfonso Cano, afecta fuertemente a la población civil, principalmente en municipios como Roberto Payán, Magüí Payán, Olaya Herrera y El Charco, entre otros de la zona. El conflicto entre Los Contadores y el FOS atemoriza la zona rural de Tumaco. La intensidad de estos conflictos ha aumentado la “necesidad” de los grupos de reemplazar a sus muertos en combate. El Frente 30, FOS y el Alfonso Cano son todos grupos disidentes de las Farc. El primero pertenece al Comando Coordinador del Occidente, una agrupación sombrilla de grupos disidentes que se coordinan entre sí, aunque no está claro cómo. El Alfonso Cano, en diciembre de 2020 oficialmente anunció su vinculación a la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, un poco más de un año después de su creación a raíz de su rompimiento del FOS, otro grupo disidente anteriormente liderado por el infame alias Guacho. Las AGC, también conocidas como el Clan del Golfo y cuyo comandante Matamba fue capturado en Santander hace poco, están aliadas con el FOS y por eso pudieron entrar en la zona; no están vinculadas con la Segunda Marquetalia como lo ha argumentado el Gobierno recientemente. En la costa pacífica nariñense todos estos grupos han estado reclutando y las ofertas son jugosas. Antes, en lugares como Magüí Payán, El Charco y Roberto Payán, “se les pagaba entre 1,6 y 1,8 millones de pesos a los reclutados. Ahora hay ofertas de entre 3,5 y 3,8 millones de pesos”, dijo una fuente conocedora. “Les pagan eso para que sean carne de cañón, para que frenteen la guerra”. Tanta plata tiene mucho poder de atracción en una zona donde la pobreza es la realidad para la gran mayoría de la población. Además, a los menores de 15, 16 y 17 años les ofrecen jerarquía como una forma de atraerlos. Y en efecto, en El Charco un comandante de una comisión del Frente 30 tiene 17 años. En Magüí Payán, otro comandante del FOS no pasa de los 18 años. Esto es nuevo porque antes, normalmente, los jóvenes pasaban por un proceso interno de ascenso en el que después de ser campaneros o rasos, podían subir a comandante de una comisión o barrio, por ejemplo. “Antes les daban cositas, plata, luego les daban el arma. Ahora es plata y armas ahí mismo y les dicen que van a liderar y a tener cómo arreglarle la casa a la mamás, dice una líder de una vereda que no citamos por no exponerla. Estos nuevos liderazgos armados no conocen lo mínimo del Derecho Internacional Humanitario, ni saben sobre las organizaciones que hacen presencia en la zona y que por décadas se han podido mover, ni entienden las mínimas reglas de una guerra. “Están en una actitud permanente de imponer órdenes. No entienden cosas tan básicas como que no deben atacar escuelas y lo que ahora ves en muchas zonas rurales de la costa pacífica nariñense son escuelas destrozadas”, dice una persona que está en el terreno permanentemente y no citamos por su seguridad. El efecto de ese desconocimiento de las reglas mínimas de la guerra, producto en parte de un reclutamiento acelerado, es que hay una deshumanización del conflicto en la región. Además, hace más difícil todavía hacer cualquier mediación, que antes era posible porque quienes lideraban los grupos eran más educados en estos temas y tenían mayor análisis político.   Las niñas corren riesgos particulares frente a los grupos armados que los niños no experimentan y sus efectos son también desastrosos. En la subregión del Telembí se han registrado casos de violencia sexual por parte de los combatientes hacia menores de edad. En algunas ocasiones, las víctimas son esclavas sexuales de los menores que integran estos grupos. Es tan grave la situación de seguridad, dado que el F30 enfrenta al FOS, la Alfonso Cano y las AGC, que no ha sido posible rescatarlas. En Tumaco, los grupos tienden a reclutar más a la fuerza que por oferta. Una lideresa del municipio cuenta que en veredas como La Variante, La Espriella o Tangareal, “cada ocho días están llegando grupos por menores de edad. El mensaje es: padre de familia que no cuide a sus hijos, se lo llevan y que nadie se ponga a reclamar”. Incluso cuenta que en su última gestión antes de que saliera desplazada fue con los papás de un joven de 17 años hasta donde el comandante de un grupo en Candelillas a pedirle que no se lo llevaran. “Respondieron que ellos estaban reforzándose y que chico que dé papaya, chico que se llevan”, dijo esta líder, que salió desplazada por intentar evitar el reclutamiento de menores. Tan grave está la situación, que a veces la estrategia de las comunidades es mandar a los jóvenes en riesgo a que intenten prestar su servicio militar para no ser reclutados por los grupos armados. Es decir, para evitar que terminen cargando las armas de unos, cargan las de otros. Cualquier otra cosa –la educación o el trabajo (informal)– no es una opción en estos casos. “Los chicos se van a presentar al servicio así sepan que no los van a aceptar porque todavía no tienen la edad, pero es eso o que los grupos se los lleven”, dice una líder. Es una situación que recuerda los años más difíciles de la confrontación armada entre paramilitares y guerrilla, cuando las familias mandaban a un hijo a cada actor armado buscando protección. En Tangareal, una vereda que queda sobre la carretera de Tumaco a Pasto, donde la guerra es entre Los Contadores y el FOS, se han llevado a por lo menos tres menores de edad este año, aunque Los Contadores han tratado de reclutar a más. Incluso, tres menores, para evitar ser reclutados, se presentaron ante el Ejército, pero a dos los rechazaron. Uno terminó en Bogotá y el otro se quedó en la vereda y hace poco también terminó reclutado. Foto: Francisco BSegún diferentes fuentes, por la carretera, en las veredas y pueblos cerca de Llorente, el FOS está obligando a que en toda reunión de la junta de acción comunal, los menores de 14 años asistan para censarlos y reclutar los “aptos”. También ocurre en la zona de Alto Mira y Frontera, donde varias familias se han ido por el temor de que los grupos armados –FOS y Los Contadores– recluten a sus hijos. En los barrios de Tumaco, como Nuevo Milenio, según otra persona que lo sabe de primera mano, miembros del Bloque Occidente Alfonso Cano se ofenden si no pueden llevar por lo menos un hijo de las casas que tienen varios. También es común ver a menores de edad desocupados, “parchando” con miembros de los grupos armados que hacen control en algunos de los barrios, lo cual aumenta el riesgo de que terminen reclutados después. Las denuncias sobre reclutamiento son mínimas frente a la verdadera dimensión del problema. Por un lado, la gente no denuncia, porque hacerlo es visto por los grupos como una infracción que puede costarles la vida; por otro, es tan grave la situación de seguridad, que las instituciones, como la Defensoría del Pueblo o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), muchas veces sólo pueden llegar hasta las cabeceras municipales, cuando el problema se concentra más que todo en las zonas rurales. Prueba de ese subregistro es que entre marzo y septiembre del año pasado, según cifras a abril de 2021 de la Defensoría –que midió los efectos de la pandemia en el reclutamiento–, apenas había registrados dos casos de reclutamiento en Nariño, de solamente 83 reportados en todo el país. Y aunque Tumaco nunca sale de la lista de municipios priorizados por riesgo inminente sobre este tema, la alerta no se traduce en una reducción del fenómeno. El subregistro también se ve en las cifras de ICBF, porque según sus números hay incluso una reducción: de 149 menores reclutados en 2018, pasamos a 97 en 2019 y a 71 en 2020, cuando hay bastante razón para pensar que durante la pandemia ha ocurrido todo lo contrario. De hecho, según la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), en 2020 al menos 222 niños y niñas fueron víctimas de reclutamiento o estuvieron en riesgo de ser reclutados. No hay señales de que los diferentes conflictos armados en el Pacífico nariñense terminen pronto: ningún grupo está dispuesto a ceder un centímetro de territorio y todos están listos para pelear toda la zona. Y con lo degradados que están, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes seguirán siendo blanco de reclutamiento ya no sólo para frentear la guerra, sino también para comandarla. *Texto originalmente publicada en El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/narino-una-guerra-entre-ninos/ [...]Read more...
La ‘Campaña Artemisa’ contra la deforestación sigue sin dar golpes contundentes contra los grandes financiadores y determinadores de la tala. La confianza de las comunidades rurales en el Estado se debilita cada día. El Gobierno sigue sin resolver el tema estructural de la tierra, que según los expertos es el corazón del problema de la deforestación. Al famoso catastro multipropósito, que pretende la titulación y formalización de predios que han estado en un eterno limbo jurídico, le falta un trecho largo para concretarse. En enero de 2021 el presidente Iván Duque presentó la Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques y, con ella, puso en el papel una ruta a 10 años para solucionar uno de los problemas ambientales más graves de Colombia. El reto es que, para sacarla adelante, el Gobierno tendrá que sentarse a negociar con organizaciones campesinas, sociales y étnicas con las que no ha tenido una buena relación. Además, la ‘Campaña Artemisa’, estrategia militar contra la tala, sigue sin dar con los responsables y grandes financiadores de la deforestación, lo que ha generado gran desconfianza en las comunidades rurales que más podrían ayudar para frenar la pérdida de bosque. En medio de ese complicado escenario, está el agravante de que el Gobierno sigue sin resolver el tema estructural de la tierra porque al catastro multipropósito, que pretende la titulación y formalización de predios que han estado en un histórico limbo jurídico, le falta un trecho largo para estar completo y esto es indispensable para luchar contra la deforestación. Foto: César Carrión – PresidenciaEl discurso y la estrategia El presidente Iván Duque presentó su política pública contra la deforestación en Leticia (Amazonas) en diciembre de 2020 y resaltó que era el primer Conpes —un documento que en Colombia funciona como una hoja de ruta en materia económica y social— que “hace referencia explícita al control de la deforestación”. Este, sin embargo, como lo señala en una columna de opinión el profesor en Política Forestal José Miguel Orozco, no tiene nada de novedoso, pues desde 1996 existe un documento Conpes sobre Política de Bosques que tiene como uno de sus principales objetivos reducir la deforestación. Lo que sí es nuevo es que el Presidente tuvo un cambio en su discurso. Cuando Duque anunció la ‘Campaña Artemisa’, en abril de 2019, indicó que detrás de la pérdida de bosque estaban principalmente los cultivos de coca y, por ende, el narcotráfico y las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esto fue algo que reiteró una y otra vez el entonces ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Pero esta vez, en Leticia, el presidente habló de fortalecer “la extinción de dominio de todos los bienes y semovientes [ganado] que tienen el propósito de generar acaparamiento contra nuestras riquezas naturales”. Esta declaración evidencia la intención del Gobierno de ampliar su mirada a otros motores de deforestación más allá de la coca, incluyendo el acaparamiento de tierras por parte de grandes terratenientes y ganaderos. Sin embargo, hasta ahora el único resultado contra supuestos “grandes deforestadores” ocurrió en febrero de este año, cuando el Ejército anunció la captura de cuatro hombres en Mapiripán, Meta, a quienes señaló como miembros de la disidencia del frente primero de las FARC y como responsables de la deforestación en ese municipio. Los demás operativos que han traído algunos resultados no han sido a través de la Campaña Artemisa. Por ejemplo, el Fiscal general Francisco Barbosa destacó, hace un mes, la ejecución de seis operaciones en las que capturaron a 40 personas. Entre los operativos hubo uno en San José del Guaviare, en el que capturaron a seis personas sospechosas de deforestar 800 hectáreas para ganadería a gran escala dentro del resguardo indígena Nukak Makú y otro en San Vicente del Caguán, Caquetá, donde detuvieron a Gildardo Toledo Villa, a quien señalan como “uno de los mayores auspiciadores de la ganadería extensiva en el Parque Nacional Natural Los Picachos”. En ninguna parte la Fiscalía mencionó a la Campaña Artemisa. Foto: @InfopresidenciaLo mismo ha pasado con otros operativos, como el de enero de este año, en el que la Fiscalía anunció la captura de un ganadero en San Vicente del Caguán. Nuevamente, el nombre ‘Artemisa’ no fue mencionado. El ganadero se llama Vidal Rojas Herrera y es señalado como uno de los “mayores auspiciadores de la deforestación en el Parque Nacional Natural Tinigua”. En concreto, la Fiscalía indica que “vendió 21 000 cabezas de ganado en dos décadas” y que tiene 500 vacas solo en ese parque. También asegura que auspició “la tala de 1139 hectáreas para la cría y cuidado de ganado” y por eso le imputaron los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica e incendio. No obstante, se ordenó arresto domiciliario en lugar de prisión efectiva. Mientras la Fiscalía avanza en esos casos, es probable que estas personas no reciban una sanción dura porque el Código Penal no tipifica la apropiación ilegal de tierras como delito, cuando es el “problema madre de la deforestación”, dice Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). Botero indica que tampoco se tipifica la conexión del acaparamiento con el uso de dineros públicos, el lavado de activos, la asociación con terceros, y demás modalidades que permiten consolidar la apropiación de las tierras una vez han sido deforestadas. El presidente Duque dijo que, en marzo, el Gobierno presentará ante el Congreso un proyecto de ley para endurecer las penas para los delitos ambientales y elevarlos a no excarcelables, pero es posible que esto se dilate, considerando que hay otros proyectos prioritarios en la agenda, como los que tocan directamente a la reactivación económica tras la pandemia o la llamada “reforma social y fiscal”, el nombre de la nueva reforma tributaria que irá con mensaje de urgencia al Congreso. Foto: César Carrión – Presidencia.Mientras tanto, para cumplir con su política de deforestación, tendrá que tender puentes con las comunidades que tienen una honda e histórica tensión con el Gobierno, en parte porque la manera en la que el Estado ha llegado a estas regiones ha sido únicamente con presencia militar. La rendición de cuentas de la ‘Campaña Artemisa’ Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entre enero y marzo del año pasado, la Amazonía concentró el 68.3 % de las alertas de deforestación, mientras que en el mismo periodo del 2019 la cifra fue de 57 %. Los departamentos más críticos son Meta, Guaviare y Caquetá, que tuvieron un incremento del 82.8 % porque pasaron de 35 mil hectáreas taladas en el primer trimestre de 2019 a 64 mil en los tres primeros meses de 2020. Es ahí, en pleno corazón de la deforestación, donde se concentra la campaña Artemisa. Cuando la anunciaron en abril de 2019, el Alto Consejero para la Seguridad Nacional de Colombia, Rafael Guarín, quien depende directamente del Ejecutivo, le dijo semanas después a La Silla Vacía que para aterrizar ‘Artemisa’ había varios detalles en cocción, como la reforma a la Fuerza Pública para que se adaptara a la nueva estrategia. Lo que quedó en el papel es que diez batallones de alta montaña y cinco de selva ubicados en zonas donde la deforestación está disparada, como San Vicente del Caguán en Caquetá o Mapiripán en Meta, tendrían como prioridad el cuidado del medio ambiente, con resultados medibles en número de operaciones para evitar la tala o el acaparamiento de tierras. Además, que el 10 % de los soldados reclutados por año en Colombia serían capacitados para dedicarse exclusivamente a prestar servicio ambiental, algo que desde 2017 está estipulado en la ley de reclutamiento. Foto: @InfopresidenciaUn año y medio después, los batallones ponen de su personal para llevar a cabo los operativos y la reforma a la Fuerza Pública sigue en suspenso. A eso se suman los costos de estos operativos. Solo en el primero, en el Parque Chiribiquete en abril de 2019, según el consejero Guarín, se gastaron 700 millones de pesos (cerca de 200 000 dólares) en horas vuelo de los helicópteros, lo que hace muy difícil que estos operativos sean sostenibles en el tiempo. Según cifras del Comando General de las Fuerzas Militares (CGFM) entregadas a Mongabay Latam, a diciembre de 2020, para Artemisa y demás operaciones ambientales se destinaron 14 489 hombres (entre Ejército, Fuerza Aérea y Armada) y 7811 policías. Para esa misma fecha ya se habían realizado ocho operativos Artemisa: tres en el Parque Chiribiquete (en abril, junio y agosto de 2019), uno en el Parque Tinigua en febrero de 2020, uno en el Parque La Macarena en septiembre de 2020; uno en el Parque La Paya y otro en bosque prístino del departamento de Caquetá en octubre de 2020 y un último en la zona del Yarí, en límites entre los departamentos de Meta y Caquetá, en noviembre de 2020. En esos ocho operativos, el CGFM indica que ha “recuperado más de 9000 hectáreas de bosque”. Sin embargo, el término “recuperado”, como lo indica un exmilitar de alto nivel que conoce por dentro la campaña Artemisa y prefiere mantener su nombre en reserva, “quiere decir que hacen el operativo y esas hectáreas quedan vacías porque sacan a la gente, pero no necesariamente quiere decir que hay presencia institucional permanente. Eso sí sería recuperar”. Crecen los cuestionamientos Las cifras oficiales entregadas a este medio también mencionan la captura de 68 personas, entre ellas 20 menores de edad. Según una fuente de la Fiscalía que lo sabe de primera mano, pero que pidió no ser citada porque no es vocera oficial, “menos de 10 personas son de nivel medio. No hay determinadores [grandes financiadores de la deforestación]”. Foto: @Infopresidencia.Esto se ha relacionado con algunos de los resultados a lo largo de casi dos años. Por ejemplo, en el primer operativo, realizado en Chiribiquete en abril de 2019, el Gobierno dijo que capturaron a 10 personas, enviaron a cuatro niños al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y recuperaron 120 hectáreas de bosque. Sin embargo, una Comisión de Verificación —integrada por la Comisión Colombiana de Juristas y otras organizaciones en terreno— fue a la zona y documentó que “por el contrario se generaron daños en la vegetación y murieron animales”, y que los capturados terminaron aceptando cargos y a las 24 horas los soltaron con la condición de no volver al sitio. “En ese operativo de Artemisa cogieron a la gente humilde, no cayeron los grandes”, asegura Andrés Pacheco, entonces personero de San José del Guaviare, quien como funcionario del Ministerio Público tenía a su cargo velar por los derechos humanos en la región. Lo mismo pasó con los famosos incendios de La Macarena de marzo de 2020. Aunque la Fiscalía tenía en la mira capturar a 35 ganaderos dueños de vacas dentro de Parques Naturales, la sospecha dentro de la institución es que alguien filtró el operativo porque, cuando llegaron, capturaron solo a 20 personas y 16 de ellos eran campesinos que no eran dueños ni de vacas ni de tierras. Solo cuatro personas poseían algunas cabezas de ganado. La Fiscalía, en una respuesta oficial de la Dirección Especializada Contra las Violaciones de los Derechos Humanos entregada a Mongabay Latam, dice que entre sus logros está el hecho de que ya tienen órdenes de captura por delitos contra el medio ambiente contra los líderes de las disidencias Gentil Duarte, Iván Mordisco, y Jhon 40. En teoría, en este momento los están persiguiendo. Además, aseguran que han judicializado a los exalcaldes Óscar Ospina, Pedro Novoa y Jhoniver Cumbe de los municipios de El Retorno, Calamar y Miraflores (Guaviare), respectivamente, “por su probable responsabilidad en dinamizar la deforestación en el departamento”, así como “a suplantadores de comunidades étnicas que comercializan tierras de resguardos [indígenas]”. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS. Para dos fiscales que llevan varios años siguiéndole la pista a la tala en la Amazonía, estos operativos no han dado con los grandes financiadores pero sí van dejando pistas e información clave para armar el rompecabezas que “nos permita llegar a esos hombres grises, que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad”. Además, dicen los fiscales, se ha podido identificar por qué medio les pagan a los campesinos para que talen, cada cuánto lo hacen y dónde se dan esos pagos. Sin embargo, el costo que se debe pagar por avanzar con las investigaciones es la desconfianza de la gente en las autoridades. Las comunidades aseguran que no confían porque han sido testigos de la captura de campesinos, incluidos menores de edad, en zonas con muy poca presencia del Estado e invadidas por disidencias de las FARC, como la de Gentil Duarte que, según Ejército y Fiscalía, ha reforzado el control de la tala y la imposición de normas ambientales en algunos municipios del Guaviare. La Fiscalía dice que está trabajando cada vez de manera más coordinada con la Fuerza Pública dentro de la Campaña Artemisa pero, una fuente experta en imágenes satelitales y otra que trabaja en terreno entre Caquetá y Guaviare, aseguran que el gran talón de Aquiles de estos operativos es que no hay persistencia. “De los ocho operativos en los que entran, capturan y se van, uno sí detecta una reducción en la tala en esa zona los primeros meses, pero en la mayoría lo que se ve es que la gente regresa a seguir talando”, asegura Ederson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques del IDEAM. Foto: Fiscalía. Otro obstáculo es que, por tratarse de operaciones que juntan a tantas fuerzas y entidades del Estado al tiempo, “hay fugas de información”. La fuga puede venir de algo tan sencillo como que todos los participantes del operativo llevan su celular y, con muchas horas de anterioridad, saben los pormenores de lo que se hará. “Después de que hicimos un operativo en el Parque Picachos nos enteramos de que gente de la zona estaba buscando infiltrar a la Fiscalía para saber cuándo volvíamos”, asegura una fuente que no citamos por su seguridad. Mientras que el Presidente ya anunció más operativos ‘Artemisa’ en los próximos dos meses, lo que más podría frenar la deforestación es resolver la incertidumbre jurídica sobre la tierra. El problema es que se necesitará mucho tiempo para lograrlo. El trecho que le falta al catastro La principal base para frenar la deforestación de raíz es el catastro. Este gran directorio de tierras —que hoy solo está actualizado en un 15 %— es un punto clave del Acuerdo de Paz con las FARC porque sirve, no solo para saber dónde empieza y dónde termina cada predio, sino quién es el dueño, hace cuánto lo tiene o qué uso quiere darle al suelo. Actualizar el catastro ayudaría a reducir la incertidumbre jurídica sobre la tierra, evitando el acaparamiento, uno de los principales motores de la deforestación según el Ministerio de Ambiente y que finalmente lleva a que exista un enorme mercado negro de tierras. La meta del Gobierno, según dice Alejandra Botero, Consejera para la Gestión del Cumplimiento en la Presidencia de Colombia, es tener el catastro actualizado en un 34 % a diciembre de 2021. Para eso, el Gobierno ya tiene 41 millones de hectáreas financiadas con dinero del Reino Unido, Alemania y USAID de Estados Unidos. Cerca de 31 millones son para zonas donde están los 11 núcleos de alta deforestación en el país —cinco en la región amazónica, tres en la región Pacífica, dos en la región Andina y uno en Orinoquía—.En la política que Duque lanzó a principios de enero desde Leticia, Amazonas, dice que el Conpes de deforestación “se articula” con otro Conpes para catastro, pero no especifica cómo. Lo único que dice es que crearán, a partir de 2021, una mesa técnica liderada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para “priorizar la gestión catastral” y que el Ministerio de Agricultura, el Instituto Geográfico Agustin Codazzi, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Ambiente van a adelantar la “formalización de territorios étnicos”. Ahí es donde empieza la prueba. Para entrar y hacer el catastro en los territorios étnicos, el Gobierno tendrá que hacer una consulta previa con indígenas, afros y otros grupos minoritarios. Estos son sectores sociales que salieron a marchar en el paro de noviembre de 2019 en contra del Gobierno y con los que Duque ha tenido duras tensiones, como no recibir a la Minga Indígena de suroccidente que caminó hasta Bogotá en el 2020 y que le dejó al presidente una simbólica “silla vacía” en la Plaza de Bolívar en la capital. Con ese trasfondo, el Gobierno Duque tendrá que sentarse a negociar la puesta en marcha del catastro en territorios colectivos y esto no será fácil. Según cifras de Alejandra Botero, en 143 municipios ya hay plata para financiar el catastro pero en 110 de ellos hay grupos étnicos con los cuales se tendrá que conversar. Aunque las comunidades étnicas querían concertar toda la política de catastro, tal como señalaron en varios comunicados, aseguran que nunca fueron consultados. Después de muchas negociaciones acordaron con el gobierno que la fase de reglamentación del catastro para territorios colectivos pasará por consulta previa, la cual está prevista para abril. Foto: Rutas del Conflicto. Tanto los indígenas, sentados en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), como las comunidades afro, tienen la voluntad de avanzar. Sin embargo, les preocupan dos puntos: que no tienen la posibilidad de ser gestores catastrales —y con ello visitar la totalidad de los predios en sus territorios— y que en esas visitas o barridos prediales “terminen traslapados territorios indígenas con el catastro minero porque por esa vía nos pueden quitar tierras”, asegura Camilo Niño Izquierdo, secretario ejecutivo de la CNTI y líder del pueblo Arhuaco. Aunque el Gobierno puede empezar por entrar a predios que no se crucen con territorios colectivos, tendrá que negociar esos dos puntos con las comunidades étnicas y eso puede ser bastante demorado para una actualización catastral que es urgente en el país. * Texto publicado originalmente en Mongabay https://es.mongabay.com/2021/03/deforestacion-colombia-insiste-en-las-operaciones-militares-mientras-la-titulacion-de-la-tierra-va-a-paso-lento/ [...]Read more...
Casi todas las semanas del 2020, la FARC ha enterrado exguerrilleros. La hipótesis del Gobierno que culpa a las disidencias vinculadas al narcotráfico no deja ver sus diferencias ni ayuda a comprender o resolver el problema. Si se mantiene el ritmo de asesinatos, para diciembre de 2024 el partido habrá enterrado casi el 12% de los hombres y mujeres que hace cuatro años le apostaron a la vida civil. Son cifras de un detallado informe de la JEP con algunos hallazgos sobre estas muertes Casi todas las semanas del 2020, la FARC ha enterrado exguerrilleros. No han dejado de hacerlo ni siquiera después de reunirse con el presidente Iván Duque, quien los recibió a principios de noviembre en la Casa de Nariño para hablar sobre su seguridad. Desde entonces van siete asesinatos más. El último fue Fernando Trochez Ulcue, a quien balearon el 5 de diciembre en Santander de Quilichao, Cauca. Con ellos, la cuenta llegó a 250 ex combatientes asesinados después de firmar un Acuerdo que prometía protegerlos.Después del encuentro con Duque, el Gobierno se comprometió a cuadrar una reunión entre los voceros de la peregrinación de exguerrilleros que caminaron hasta Bogotá, la ministra del Interior, Alicia Arango, y el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campos. Sin embargo, hasta el cierre de esta historia esa reunión no ha ocurrido. “No podemos esperar que cada firmante tenga un escolta”, nos dijo Pastor Alape, miembro de la dirección de FARC y representante del partido ante el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR. “Esperamos no sólo hablar de esquemas con la Ministra. También de impulsar un pacto político contra la no estigmatización”, agregó. Ese pacto, que en teoría era para sacar las armas de la política y que debería incluir a todos los partidos, gremios y sociedad civil, entre otros sectores, está consignado en el Acuerdo de La Habana, pero el Gobierno Nacional no ha avanzado un centímetro en eso, aunque sí hay avances a nivel regional. Tampoco se ha dado ninguna de las siete reuniones territoriales del CNR para mirar regionalmente los casos de excombatientes asesinados y meterle el acelerador a la reincorporación. Lo que hay por ahora es un piloto para definir la metodología y los cronogramas de esos encuentros que se hará en Villavicencio antes del 20 de diciembre, según nos confirmó Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN. “Vamos a comenzar esas reuniones territoriales en enero”, nos dijo. Si se mantiene el ritmo de asesinatos de este año, para diciembre de 2024 el partido habrá enterrado a 1.600 de sus miembros. Eso sería el 12 % de los hombres y mujeres que hace cuatro años le apostaron a la vida civil. Son cifras de la Unidad de Investigación y Acusación, UIA, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que publicó un detallado informe con algunos hallazgos sobre estas muertes y en el que colaboró la Fundación Conflict Responses, CORE, con información de contexto y datos cuantitativos. Aunque el Gobierno de Iván Duque cree que los matan sobre todo sus excompañeros disidentes metidos en narcotráfico, el informe de la UIA deja claro que este negocio ilícito no siempre explica el problema, y que meter a todas las disidencias en la misma bolsa bajo el concepto de “Grupos Armados Organizados Residuales”, GAO-R, sin ver sus diferencias, tampoco ayuda a comprender ni resolver el problema. El narcotráfico parece ser una variable contextual importante, pero ni es necesaria ni suficiente. Además, señalar que los disidentes son los que más los matan excombatientes no explica por qué los matan ni sirve para diseñar una política robusta para enfrentar el problema. A quiénes matan y cómo La mayoría de los asesinados eran hombres mestizos (82%), entre 25 y 44 años (71%) y que estudiaron hasta preescolar (66%). La gran mayoría no tenía un proyecto productivo para costearse la vida sin armas: apenas 17 tenían un proyecto individual y 11 estaban en uno colectivo, según cifras de la Agencia Nacional para la Reincorporación y Normalización, ARN. A casi todos (96%) los mataron a bala por fuera de las antiguas zonas veredales en las que dejaron uno a uno los fusiles y viven menos de tres mil excombatientes. A más de la mitad los mataron en sitios públicos como tiendas, bares y plazas, y, sobre todo en zonas rurales.Otro factor clave es que 69 de 250 de los asesinados habían salido de la cárcel, amnistiados o indultados gracias al Acuerdo. Estos casos están dispersos, como se puede ver en el gráfico.Al 60% los mataron más de un año después de salir, pero falta entender con más detalle si el tiempo y las relaciones que hicieron en las cárceles –que son mundos con sus propias reglas informales– pueden tener que ver con estos homicidios. La violencia contra los exguerrilleros está muy focalizada. Según cifras de la ARN, viven en 565 municipios, pero los datos de UIA muestran que los han matado en 98 y que más de la mitad de los homicidios se concentran en apenas en 20. Más allá de los municipios más afectados, muchos casos se concentran en diferentes subregiones: norte del Cauca, Uribe-Yarí-Guayabero y el alto y medio Catatumbo.Al mirar aún más en detalle dónde los matan, la explicación del narcotráfico se queda corta. No los matan necesariamente donde hay más coca o más rutas La narrativa oficial no sólo del Gobierno Duque, sino también de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, UEI –la entidad encargada de investigar los asesinatos de exguerrilleros– es que el narcotráfico, o la supuesta participación de ellos en este negocio ilegal, explica estos homicidios. “Es evidente que las graves afectaciones se producen en razón al control o la disputa sobre las rentas ilícitas (esencialmente narcotráfico y extorsión) en estos territorios”, dijo SCRIBD la UEI en mayo de 2020. En la audiencia que convocó la JEP a finales de noviembre para evaluar las medidas de protección a los exguerrilleros, tanto el Gobierno, en cabeza del Alto Comisionado Miguel Ceballos, como la Fiscalía, en cabeza de la vicefiscal Martha Mancera, reforzaron ese argumento. Pero la evidencia muestra que el narcotráfico o el deseo de controlarlo por sí solo no explica todo el fenómeno. Por ejemplo, la UIA encontró que en más de la mitad (63%) de los municipios con áreas sembradas de coca no han matado exguerrilleros. Al mismo tiempo, el narcotráfico no parece ser un factor necesario pues el 30% de municipios con asesinatos no tenían coca en el momento del homicidio.Sin embargo, el hecho de que en el 70% restante hubiera coca cuando los mataron indicaría que es una variable contextual importante, pero no es la única. Entonces, decir que el narcotráfico es la única razón por la cual los matan es demasiado simplista, igual que el argumento de que sus excompañeros disidentes son los responsables. El rollo con las disidencias Las investigaciones penales de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía indican que a mayo de 2020 las disidencias serían responsables de casi la mitad de los homicidios (49%). Después el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (15.6%), el ELN (11.7%), los Pelusos o disidencias del EPL (10.7%) y otros grupos de delincuencia común (13%). El problema de ese mapa de responsables es que, cuando hace alusión a las disidencias, las caracteriza como una sola organización criminal, sin distinciones de mando, control territorial o tipo de relacionamiento con la población civil, entre otras variables claves. En la Fundación CORE hemos identificado 29 grupos disidentes de las FARC en 2020, que podrían agruparse a grandes rasgos en disidencias coordinadas por Gentil Duarte, disidencias agrupadas en la Segunda Marquetalia (el grupo de Iván Márquez y Jesús Santrich), y disidencias autónomas. Además, los detalles de la relación entre los grupos vinculados con Gentil Duarte –en qué se coordinan y en qué no – no están claros. Por eso, saber en concreto qué grupos disidentes tienen mayor responsabilidad en las muertes en vez de meterlos a todos en la bolsa de “disidencias”, ayudaría a focalizar mejor las estrategias para prevenir futuros asesinatos. Limitarse al argumento de que las disidencias son las culpables indica poco de qué hacer en términos de construir una mejor política pública frente al problema. Si algo, significa que es necesario vincular cualquier estrategia para proteger a los exguerrilleros a la política de seguridad nacional. Lo difícil es que no está claro cuál es la política de seguridad del Gobierno Duque (más allá de las Zonas Futuro que sólo cubren un poco más de 1.000 veredas en cinco zonas del país), que además no parece estar funcionando a raíz del empeoramiento de varios indicadores relacionados con el conflicto, incluyendo 79 masacres sólo en 2020. En esa lógica de mirar hacia atrás para entender cómo evitar que los maten, el informe de la UIA muestra algunos hallazgos. Los matan por liderazgo, tierras y disputas De los 250 asesinados, el 21% lideraba proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la implementación del Acuerdo. Esa es la principal hipótesis que explicaría por qué los mataron. La mayoría de ellos fueron asesinados en el noroccidente de Antioquia, en el sur de Córdoba, en el norte de Caquetá y en la zona Yarí-Ariari, también en Caquetá. Justo en esta última mataron a Albeiro Suarez, quien lideraba la nueva área de reincorporación de La Pista, en Uribe, Meta y soñaba con liderar proyectos turísticos en una zona que ahora es epicentro de operaciones de la disidencia de Gentil Duarte. En estas tres subregiones han matado a 25 exguerrilleros líderes, quienes no necesariamente tuvieron altos rangos en la guerra, sino que en la vida civil asumieron liderazgos. Otro hallazgo es que varios asesinatos están asociados a la prevalencia y disputa entre grupos disidentes ubicados en las zonas de retaguardia histórica del Bloque Oriental, el Sur y el Occidental. En concreto, las disputas por tres de estas zonas –Norte del Caquetá/zona Yarí-Ariari, Nariño y el triángulo entre la Bota Caucana, el sur del Caquetá y el medio y bajo Putumayo- explicarían los homicidios de los excombatientes ahí. En estas zonas de retaguardia han matado a 91. La mayoría eran jóvenes entre 18 y 34 años con fuerte arraigo en la zona. Es decir, nacieron y vivieron en los municipios en los que los mataron, aunque falta establecer si ahí estuvieron durante la guerra. Son también regiones claves para las disidencias en las que las sospechas de colaboración de exguerrilleros a la Fuerza Pública o a un grupo armado rival equivalen a la muerte. También hay una oposición armada a la implementación del Acuerdo y una evidente necesidad de reclutar gente con destrezas y entrenamiento militar previo. Una última hipótesis muy poco explorada tiene que ver con las tierras del antiguo Bloque Oriental, porque las disidencias las quieren ocupar y evitar que los exguerrilleros den información sobre ellas o sobre otras ya ocupadas. Meta es una de los departamentos en los que más tierras entregaron las FARC según el inventario que le dieron a la Fiscalía en 2017 con sus bienes. En el límite entre Meta con Caquetá y Guaviare, las disidencias coordinadas por Duarte tienen un enclave de tierras y están aprovechando la absoluta incertidumbre jurídica sobre los predios para abrir trochas clandestinas que amplían sus corredores estratégicos y permitir la siembra de coca y la deforestación –a menudo vinculada a la ganadería– negocios con los que ganan plata y poder político. También cobran un impuesto sobre la compra-venta de tierras. “Gentil Duarte figura como uno de los antiguos comandantes de la extinta guerrilla con más tierras bajo su posesión en algunos municipios donde también han asesinado excombatientes”, dice el informe de la UIA. Por ejemplo, en San José del Guaviare, la Fiscalía tiene el registro de una finca de unas 50 hectáreas y más de 500 cabezas de ganado ubicada en caño Angoleta aprovechando las rentas ilegales del Frente Primero que comanda Iván Mordisco; en La Catalina, un caserío de La Macarena, Duarte tiene varias fincas sobre el río Guayabero y la vía que va hacia Puerto Cachicamo, todas a nombre de distintos testaferros; y también en Vistahermosa, Meta, figuran fincas bajo el dominio del Frente 7, que son “propiedad” de Duarte. El asesinato de exguerrilleros es un tema bastante complejo con multiples causas y factores, incluyendo economías ilegales, conflictos sobre tierras, disputas entre grupos armados ilegales y venganzas. Así que mientras el Gobierno siga viendo el narcotráfico como la única causa de este flagelo (y de todos los problemas de seguridad en el país), los entierros de exguerrilleros seguirán siendo parte del paisaje. *Texto publicado originalmente en CeroSetenta: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/ni-solo-coca-ni-solo-disidencias-radiografia-de-los-ex-farc-asesinados/ [...]Read more...

Más publicaciones

Este informe fue publicado originalmente por el Instituto Colombo-Alemán para la paz, CAPAZ. Su autor es Kyle Johnson, uno de los cofundadores de CORE. Acá lo pueden leer.      [...]Read more...
Con su decisión de levantar el cese con el ‘Estado Mayor Central’ (EMC) en Guaviare, Meta, Putumayo y Caquetá, departamentos claves para la reducción de la deforestación en la Amazonía, el gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a un dilema. Si no reanuda el cese corre el riesgo de que el EMC, el grupo disidente liderado por Iván Mordisco, utilice la tala como una forma de presión, pues este grupo es la autoridad ambiental de facto en la zona. Aunque hasta ahora la orden de no tumbar se mantiene, en la zona preocupa que esto cambie. Una movida que ha pasado de agache desde el año pasado es cómo el EMC respondió a la llegada de Petro al poder con el tema de la tala. Antes, la disidencia era más flexible con los topes de tala, venía cobrando un impuesto por cabeza de ganado y por la compra y venta de tierras y convirtió a la deforestación en un negocio del cual financiarse.  El 15 de mayo de 2022, dos semanas antes de la primera vuelta presidencial en la que Petro se perfilaba como una opción real de poder, la disidencia sacó un manual de convivencia en el que incluían la norma de “este año nadie tumba montaña, arreglan todos los cañeros y potreros enrastrojados y cuando tengan todo su predio organizado podrán volver a tumbar con la autorización de las Farc-EP, quien se ponga de necio a tumbar montaña será merecedor de una sanción. De $1.000.000 de pesos por hectárea de montaña tumbada”. También daban la órden de que nadie podía coger tierras baldías para trabajar, ni estaba autorizado a repartirlas, algo usual antes. En septiembre de 2022, ya con Petro en el poder, las órdenes fueron más allá y estaban atadas a la llegada del nuevo gobierno. En un comunicado llamaron a la suspensión total de la tala “hasta que se materialice en estos cuatro años de gobierno del Doctor Gustavo Petro, una solución institucional para los campesinos que carecen de tierra para trabajar”. Órdenes parecidas rotaron entre septiembre y octubre del año pasado por WhatsApp entre miembros de varias juntas de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. La órden no era gratuita. El EMC la dio justo cuando Petro lanzó la ‘Paz Total’ -una apuesta con la que busca negociar con grupos armados a los que el gobierno decida darles “estatus político” y lograr el sometimiento a la justicia con otros- y también suspendió ‘Artemisa’, la estrategia que el gobierno de Iván Duque lanzó para perseguir a los taladores y que, calcando la fallida fórmula de la “guerra contra las drogas”, terminó capturando más a pequeños campesinos en vez de grandes determinadores de la deforestación. Es decir, aún sin algo formal, lo que ocurrió en la práctica fue un cese de hostilidades ambiental.  En medio de este contexto, el EMC ha entendido que regular lo ambiental, aparte de darles amplias rentas, puede ser la base de un discurso político que los beneficie al mostrarse como una organización que sí tiene unos “ideales”. “Nosotros somos políticos porque paramos la tala” dijo a finales 2022, parado al lado de una caseta de madera en Puerto Cachicamo, Guaviare, un mando medio del Frente Jorge Suárez Briceño, adscrito al EMC.  La pregunta era si el EMC tenía realmente el poder de hacer cumplir estas órdenes. En el “arco de la deforestación amazónica” (Meta, Guaviare y Caquetá) que, al tiempo es el centro de poder del ‘EMC’, la deforestación bajó en 2022. Según cifras preliminares del sistema de monitoreo de bosques y carbono del Ideam, en Guaviare se redujo en un 34%, en Caquetá  un 31% y en Meta un 26%. Aunque otros factores -como los acuerdos de conservación entre el Gobierno y las juntas de acción comunal o el Fenómeno de La Niña-  también pesaron. En Putumayo, en cambio, la tala creció en un 26%. A ese dato se suma la reducción de más del 95% de la tala en los parques nacionales amazónicos durante el primer semestre de 2023.  Las cifras han dado para que el gobierno saque pecho, pero sin dejar de lado el rol que, al menos en la Amazonía, juegan las disidencias. Esto se nota en que el ministerio de Ambiente dice que esta reducción se debe a cinco pilares: cuatro que dependen más del Estado (acuerdos sociales de conservación con las comunidades, proyectos de economía forestal, acción del Ejército y de la Policía y fortalecimiento de la investigación criminal para dar con los determinadores) y uno que está atado a las negociaciones con los grupos, que es “la inclusión de la deforestación en la Paz Total”.  Por eso, al levantar el cese al fuego justo en los cuatro departamentos más neurálgicos para el tema ambiental (Caquetá, Putumayo, Meta y Guaviare), el gobierno se expone a que una forma de presión sea, precisamente, a punta de madera. Los riesgos El mismo día que Petro levantó el cese al fuego en estas regiones, la ‘Coordinadora del Sur Oriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales’ Coscopaas, sacó un comunicado en el que decían “nos preocupa que este rompimiento al cese al fuego traiga consecuencias también en lo ambiental”. Coscopaas nació a finales de 2022 y según tres de sus miembros, agrupa a organizaciones campesinas como la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero, Ascal-G, o la Asociación de Campesinos y Trabajadores de la Región del Río Guayabero, Ascatragua, así como a algunas guardias campesinas. Coscopaas fue la organización que convocó, por ejemplo, el evento de abril de este año en los llanos del Yarí, al que fue el jefe del EMC, Iván Mordisco -entre otros miembros de esa disidencia- y varias organizaciones sociales a presentar “la agenda programática de las comunidades para respaldar los diálogos exploratorios entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP”, según la invitación. Cooscopaas también fue la organización anfitriona de la ‘Cumbre Nacional por la Paz’ que se hizo a comienzos de junio en San Vicente del Caguán, Caquetá, y a la que fueron voceros de más de 40 organizaciones sociales de distintas regiones del país para pensar cómo podían presionar el restablecimiento del cese al fuego. Allí también se habló del tema ambiental como un asunto que está atado a las negociaciones. Aunque hasta ahora, como lo confirmaron tres fuentes (una de Guaviare y dos más de San Vicente del Caguán, Caquetá) la órden de no talar por parte del ‘EMC’ se mantiene, a los líderes les preocupa que con el paso del tiempo, la disidencia vuelva a dar la orden de tumbar como una forma de presión. “El hecho de que no se instale el cese en el corto plazo definitivamente puede generar un incremento en la deforestación”, dice Paulo Parrado, vocero de la Guardia Campesina del Guayabero. “Porque las Farc había decretado esta orden como una muestra de voluntad de diálogo o demostrando la capacidad que tiene. Y definitivamente es algo que nos preocupa bastante”. Para él, la reducción de la tala, más que por acciones del gobierno, responde a “la misma orden de las Farc y a la voluntad que tienen las comunidades de mostrar al gobierno que sí se puede reducir la deforestación sin operativos artemisa, sin judicialización de campesinos, sino que a partir de los diálogos se puede lograr esto”. Otro líder de una guardia opinó algo parecido. En el gobierno, por ahora, pese a que creen que este es un tema clave, no lo ven como un problema particular de la Amazonía. “Esa es una visión equivocada: si se tiene en cuenta, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Pacífico, se darán cuenta que las gobernanzas ilegales sobre los recursos ambientales y los bosques ocurre en muchas regiones del país. La visión de la amazonía tiene un valor especial en el imaginario colectivo, pero la deforestación va mucho más allá de esa región”, dijo el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Aún cuando es cierto que la deforestación no se limita a la Amazonía, esta sí es la región más afectada por la tala y el ‘EMC’ tiene el sartén por el mango allí.Según los datos oficiales más recientes del Ideam sobre superficie deforestada en Colombia en 2021, la Amazonía concentró el 64.8% de la deforestación ese año en todo el país. Después la región andina (17.2%), Pacífico (7.7%), Caribe (5.5%) y Orinoquía (4.8%).  [...]Read more...
Son quince. Quince materas, todas de distintos tamaños, una al lado de la otra, las que decoran este altar. Arriba, incrustada en la mitad de una pared pintada de rojo, está la Virgen María. Y detrás de las plantas hay unas rejas por las que se ve el paisaje: el cauce del río San Juan del Micay, que suena al compás de su fuerza y contrasta con el fondo lleno de verdes por los cultivos de hoja de coca que se pierden con la mirada. Pueden decir lo que quieran en Bogotá, pero es gracias a la coca que este campesino pudo construir su casa, en el suroccidente de Colombia. Don Carlos*, un campesino cultivador de la hoja sabe que su oficio, cultivar coca, tiene dos sinónimos: “O nos tildan de guerrilleros o nos tildan de narcotraficantes”, dice sentado en el comedor en el que su esposa sirvió arroz, pescado y limonada en una tarde en junio de 2022. Hace seis años, las Farc-Ep (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- ejército del Pueblo)  firmaron un Acuerdo de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos y se suponía que eso significaba darle una solución alternativa al eterno problema de las drogas que aquí llevan tratando de resolver desde que este campesino tenía veinte años. Fue en ese entonces, en plenos años setentas, cuando el cultivo de coca llegó por primera vez a este municipio* que no tenía casi vías. Una década después, mientras en otras zonas del país ya se hablaba de la lucha contra los carteles del narcotráfico, aquí se instalaban como vecinos del río Micay los cristalizaderos o laboratorios de procesamiento de la hoja de coca. Las carreteras comenzaron a abrirse para poder sacar la hoja y, con ellas, este territorio le abrió paso a una economía que les ha permitido conectarse por trochas con otros corregimientos, construir colegios, montar negocios. El llamado “progreso” allí es, sobre todo, la organización social. Son los cultivadores de coca -quienes se organizaron mucho antes de que este campesino pudiera construir su casa y su altar- quienes podrían llamarse Estado.   Fueron ellos los que se sentaron a hablar con Naciones Unidas para negociar un primer piloto de sustitución de cultivos en la década de los ochenta, que terminó en unos tubos amontonados en el barro con la maleza a punto de tragárselos y que dio paso a la primera movilización cocalera. Fueron ellos los que crearon la primera coordinadora de cultivadores de coca y amapola en 1996, motivados por las movilizaciones cocaleras de Caquetá y Guaviare, proceso que se mantuvo hasta terminar los fallidos diálogos del Caguán en 2001. Fueron ellos los que decidieron organizarse en 2012 para “defender la mata”, o como dicen sus habitantes para “defender nuestra comida” y hacerle frente a la Fuerza Pública que llegaba por tierra a erradicar cultivos. Fueron ellos los que en 2016 le dijeron sí al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que nació con el Acuerdo de Paz con las FARC-EP y que pretendía cambiar la coca por proyectos productivos alternativos y, en teoría, por bienes públicos que les permitieran dejar atrás esa economía. “Si vivimos de la coca, debemos apostarle a dos cosas: una es poder algún día sustituir el cultivo y otra es que nosotros podamos vivir dignamente de otros cultivos alternativos con todas las garantías posibles”, dice otro líder campesino cuya identidad se mantiene en reserva por su seguridad. “Poder darle educación, vivienda, salud a nuestros hijos”, agrega. Por eso fueron ellos también los que, siendo conscientes del vacío de poder que dejaron las Farc-Ep, le dijeron “no” a grupos armados que quisieron entrar a ofrecer su orden y control. Un “no” que les ha costado amenazas, desplazamientos, homicidios y hasta tomar la decisión de quedarse callados. Un “no” que igual no evitó que estos grupos entraran más tarde. Entender este caso es clave ahora que el presidente Gustavo Petro habla de una “paz total”, porque muestra que un camino para implementar los “diálogos regionales vinculantes” puede ser a través del fortalecimiento de las organizaciones campesinas y comunitarias como las de este municipio, pues con ellas es que buena parte de la gestión comunitaria logra aterrizar y convertirse en hechos concretos, lo que según lo dicho por el gobierno nacional, se convertirán en los principios para su Plan de Desarrollo. Esa puede ser una vía real para proteger a las comunidades y frenar la expansión de los grupos armados. Es decir, puede ser el camino para desarrollar una política de seguridad y paz. EL PODER DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL     La historia de este campesino entrado en años se repite en Camilo*, un cultivador de coca de 30 años a quien le cambiamos el nombre por seguridad. Desde el segundo piso de su casa, Camilo* dice que si no fuera por esa hoja de coca que criminalizan tantos gobiernos, sus papás no hubieran podido pagarle a él y a sus hermanos salud, vivienda y algo de educación, porque para terminar el bachillerato y entrar a una universidad hay que irse hasta Popayán. Pero él se quedó. Se quedó para trabajar, como otros cultivadores que se juntaron en 2008 y se organizaron como campesinos en este municipio de Colombia. Nació como una idea entre vecinos, especialmente en dos de los corregimientos claves en el cultivo de hoja de coca, para conectarse y organizarse para construir puentes y carreteras. Se juntaron e hicieron lo que don Carlos* llama “mini proyectos”: pequeños proyectos de gestión comunitaria, pero que, como dice él, “en la medida en que la organización fue creciendo, pues así mismo iban creciendo las obras en las comunidades y la gente se fue apegando cada día más y más”. Pero esta organización social no surgió como una anécdota más de un pueblo olvidado en el suroccidente colombiano. Nació en un municipio que tiene la buena o mala fortuna de conectar la vía Panamericana con el océano Pacífico. Y también por un contexto que hizo posible que existiera: la llegada de las FARC-EP con el Frente 8 y luego con el Frente  60 a finales de los ochentas; la influencia de la Unión Patriótica en las Juntas de Acción Comunal, que los llevó a pensarse como campesinos; y el proyecto de sustitución del cultivo de la coca Col 85, el primero de Naciones Unidas en toda Colombia en el tema y también el primero a nivel nacional que llegó a la mayoría de las 80 veredas incrustadas en las montañas que componen este territorio. Aunque ese proyecto se fue al suelo, sí hubo algo que quedó en pie: la comunicación y el trabajo conjunto entre campesinos. Este se volvió el ADN de la organización social. Mientras suena de fondo y con fuerza el río Micay, Don Carlos recuerda cómo con los aportes de las comunidades afiliadas, él y sus vecinos una de las primeras veredas de estos corregimientos, hicieron seis puentes sobre el río: La Libertad, Mundo Nuevo, Libertad baja, Libertad alta, La Playa y El Guayabal.   Los puentes no sólo sirvieron para conectar al pueblo. También para que la organización social ganara credibilidad en la gente. Crecieron tanto que, en 2015, quisieron llegar a la cabecera. Es decir, ganar la alcaldía. Aunque en un primer intento no lo lograron, en un segundo intento sí `pusieron´ un alcalde del campesinado, del campesinado cocalero, con un exdiputado quién fue avalado por la Alianza Verde y quien tuvo el claro respaldo de esta organización social. Por eso, para quienes hacen parte de esta organización es una apuesta por construir comunitariamente. Dicen que no es la defensa de la coca por la coca, sino el reconocimiento de la ciudadanía invisibilizada. En palabras de Camilo*, quienes están agrupados en esta organización “entienden que si vivimos de la coca debemos apostarle a dos cosas y una es poder algún día sustituir el cultivo de coca pero (…) también apostarle a organizarnos cada día más para poder hacerle frente cuando el gobierno (…), frente a la lucha de las drogas, quiere implementar las erradicaciones forzadas”. Con esa idea de hacer que el campesinado identificara la lucha por sus cultivos como una discusión pública, la asociación se fortaleció encaminándose en la gestión de proyectos para la comunidad. Era un ejercicio de resistencia, en el que no podían estar aislados o escondidos, sino que era una apuesta por la unidad del campesinado que significaba el diálogo y el trabajo conjunto. Para lograrlo, fueron creando comités de gestión en los que se dividieron tareas. Así nació, por ejemplo, el comité de protección al medio ambiente, en una apuesta por limitar el número de hectáreas para cultivar la hoja de coca y evitar expandir la frontera agrícola. También crearon una línea de trabajo con las mujeres del municipio, con el que las cultivadoras de coca podían discutir sus propios proyectos. Otro de los comités fue el trabajo con los cultivadores de coca, amapola y marihuana, un hijo, como lo llaman todos en el municipio, que nació en 2012, a la par de las negociaciones del entonces gobierno nacional de Juan Manuel Santos con las FARC-EP y que logró consolidarse en toda la región, con comités cocaleros en casi todos los departamentos del país. Apenas fue firmado el Acuerdo, este comité se convirtió en el dueño del micrófono para negociar la sustitución de cultivos con el gobierno Santos. Cuenta Camilo* que fue en 2012 cuando en el municipio empezaron con la discusión del tema cocalero en lo organizativo. El contexto de estas discusiones fueron una serie de encuentros cocaleros en los que cultivadores de otros departamentos, con el apoyo de Fensuagro -un sindicato campesino con décadas de experiencia- participaron en mesas de trabajo en el sur colombiano. Esto les permitió a los campesinos del municipio y sus alrededores entender que la lucha cocalera venía de mucho antes, desde 1996, con las marchas de Putumayo y Caquetá y que necesitaban tener una organización propia, aparte de la que ya existía que era para gestionar el desarrollo del municipio. “Nosotros entendimos que, a través de las capacitaciones que recibimos,  lo que había que hacer era unificarnos y logramos eso”, dice un directivo de la asociación. Con esta idea en la cabeza, fueron vereda por vereda a contarle a la gente que querían organizarse para defender sus cultivos de coca. En esas charlas crearon lo que ellos llaman “ejes de trabajo”. El primero fue crear una estructura sólida que les diera vocería y fuerza para hablar como cocaleros. Fue entonces cuando crearon los comités cocaleros de representación, un trabajo que les tomó casi ocho meses, en el que cada vereda ponía de a dos representantes, que iban a un comité veredal; de ahí salían otros dos para el comité corregimental; y de ahí salían cuatro voceros para el comité municipal. Estos espacios se articularon a través de lo que Camilo* llama el Comité Central Cocalero, un escenario de coordinación en el que se articulan las decisiones tomadas en las veredas, las tomadas a nivel nacional y se reflexiona sobre el devenir del cocalero. De las 81 veredas que componen el municipio, la mayoría hacen parte de la organización cocalera. Para los cocaleros esta articulación con lo nacional era importante, pues por esos mismos días ya se hablaba de nuevo de la sustitución en la negociación con las FARC-EP y hablar de sustitución a nivel nacional significaba hablar de este territorio, que para ese momento, 2014, tenía 1.328 hectáreas de coca cultivadas, el 2% a nivel nacional. La organización cocalera creció a tal nivel a raíz de la cantidad de cultivadores, que las coordinadoras municipales se volvieron departamentales y nacionales.   Un elemento clave en el fortalecimiento de la organización fue el pago de aportes de cada uno de los campesinos, lo que le permitió a la organización cocalera y a la de gestión de recursos  participar en paros sociales nacionales, como el de abril y mayo de 2021, que aunque buscaba frenar la reforma tributaria, para los campesinos del departamento significaba también exigir avanzar en la sustitución de cultivos. Según varios de los integrantes con los que hablamos por aparte, en cada comité se acordaba, por ejemplo, que, cada cultivador daba un aporte de entre 500 o 1000 pesos por cada arroba de hoja de coca raspada y ese aporte lo recibía el tesorero del Comité Cocalero de la vereda, que sabía para qué línea de trabajo se utilizaría. Todo quedaba en los libros contables que llevaban, en donde era claro que esa plata era específicamente para la lucha cocalera. Y el que no pagaba al comité, quedaba solo ante la arremetida gubernamental. “Si le entra el Ejército, no le defendemos el cultivo”, dice Camilo*. Muy pronto eso quedó comprobado. No fue la discusión o incluso la negociación con el campesinado sobre la sustitución de cultivos lo que puso a prueba el carácter estructural de esta organización cocalera. Lo que puso a prueba su poder fue cuando el Ejército llegó a erradicar a la fuerza a una vereda en noviembre de 2015. Los cocaleros sabían que tenían que hacerse respetar como cultivadores. Como negociadores de la sustitución, se preguntaban ¿por qué el Gobierno hace esa arremetida contra la sustitución que estaban negociando? Dependiendo de la memoria de quien narra el momento, entre 6000 y 8000 campesinos llegaron al lugar a defender el cultivo de coca y esto significó un hito en la historia del municipio. Un hito que impulsó aún más a la organización. Recuerda don Carlos* que alrededor de “350 erradicadores (llegaron al lugar) y nosotros no levantamos una piedra, no levantamos un garrote y los sacamos, con buenas palabras, los sacamos. Ellos se fueron y de ahí nosotros nos hicimos más fuertes”.  Aunque don Carlos* lo narra como si hubiese sido una conversación pacífica entre iguales, este encuentro estuvo lleno de tensiones, momentos angustiantes y confrontación entre campesinos y el Ejército. Fue tan tenso y hasta violento, que la memoria de los cocaleros quedó marcada por los 11 campesinos heridos y por la tragedia de un cocalero que murió ese día a manos del Ejército.   Ese episodio hizo que los campesinos se fortalecieran a tal nivel que, como cuenta Camilo*, “luego de esa situación el Ejército tenía que pedir permiso para entrar, decir a qué viene, cuánto se demora y dónde va a estar”. Una muestra de poder del campesinado ante el Estado, a quien veían con desconfianza porque estaba teniendo un doble rasero al promover la sustitución y al mismo tiempo la erradicación, aun cuando el Gobierno nunca dijo que dejaría de erradicar por sustituir los cultivos. De hecho, a raíz de estas protestas en 2015 , se creó una mesa de negociación entre el Gobierno y la Mesa Campesina y Popular de Interlocución y Acuerdos, que reunía a los voceros cocaleros de la zona para el desarrollo integral del territorio. Pese a que el Gobierno no cumplió algunos puntos, sí lograron crear un concurso docente para municipios afectados por el conflicto. Aunque ese día de noviembre quedó en la memoria de los campesinos, ellos igual siguieron apostándole a la sustitución de cultivos. Siguieron apostándole, una vez más, a creerle al Estado. .  EL OTRO ACUERDO   La fuerza que les dio ese día de confrontación se convirtió en la plataforma para crecer y empoderar a los campesinos. Ese noviembre de 2015 impulsó a aquellos campesinos que estaban indecisos a unirse al proyecto organizativo. Una fuerza que significó la posibilidad de debatir las condiciones de comercialización de la hoja de coca, precisamente porque en ese momento a nivel nacional se celebraba que pronto la guerrilla más antigua del continente iniciaría su tránsito a la dejación de armas. Era una fuerza organizativa que les permitió discutir las condiciones en las que se encontraban los cultivadores de coca, hablar sobre el precio de la hoja, hablar con otros actores que participan en el proceso de transformación de la hoja de coca o las dinámicas a su alrededor. Esta conversación surgió de un proceso de organización que llevaba años cocinándose y que mostró que los campesinos cultivadores de coca lograron posicionarse a tal nivel que los actores armados, Farc-Ep y ELN, no tendrían la última palabra. Eran tiempos en los que los cultivadores estaban siendo explotados por los intermediarios, los compradores de la hoja y los cocineros, que son los que al menos en la región ganan plata, como señala un líder de la organización. “Nos venían cómo esclavizando un poco, explotando, (pues) ya llevábamos más de un año donde esa mata no valía nada, valía alrededor de $30.000 mil pesos o $20.000 por la arroba de hoja de coca”. Unos siete u ocho dólares, lo que significaba que para alguien con suficiente habilidad para el raspado de la hoja de coca, podría ganar unos 35 dólares al día. En el municipio, en general, como en otros municipios, eran los propios cultivadores quienes cultivaban y raspaban sus propios cultivos, con el fin de lograr sostenerse en un sitio en el que las vías son fundamentalmente caminos abiertos y en los que para ir de un corregimiento a otro en carro toma casi medio día. Lograr negociar el costo de la hoja no era una tarea fácil, pues hablar con los grupos armados que cobraban impuestos, con los intermediarios, con los cocineros, con los pequeños mafiosos, era impensable. Eran intocables, pues lo más probable era que quien lo hiciera resultara muerto. Pero con el nivel de organización que habían logrado para la gestión de las comunidades y la defensa de la coca, encontraron el impulso necesario para establecer la tan incómoda y riesgosa conversación. El primer impulso se dio en la parte baja (cerca de la desembocadura del río al mar) del municipio, en donde durante tres intensos días varios líderes cultivadores de coca propusieron discutir el asunto con los intermediarios, cocineros, con quienes iban de vereda en vereda comprando la hoja de coca para llevarla a las cocinas e incluso con miembros de los grupos armados. Fue una conversación marcada por el reconocimiento de unos y otros de las dificultades, los costos, las posibilidades, los cálculos. Los cocineros señalaban que no daba para más, pensaban en los pagos de vacunas, los insumos, la mano de obra. Ellos querían seguir pasándole todo el costo de producción al cultivador.  Pero el cálculo no daba. Todos eran conocidos de alguna manera, todos sabían que había alguna posibilidad, todos sabían que los narcotraficantes estaban pagando la pasta base al precio que era. Hablaron con el actor armado buscando que reconocieran que el campesino estaba en el eslabón más vulnerable, pero también reconociendo que muy pronto los impuestos disminuirían pues ya las Farc-Ep dejaría las armas. Un elemento clave en esta negociación es que todos se conocían con todos. Sabían quiénes eran los intermediarios, si eran oriundos del municipio o no. Era una charla entre paisanos, entre vecinos, en algunos casos, entre conocidos de muchos años, que aunque con distancia, se reconocían entre sí. Y es que para ese momento, entre 2014 y 2015, en el municipio había entre 8 a 12 cocineros que transformaban la hoja de coca en pasta base. “Era una especie de monopolio”, como señala uno de los cocaleros que estuvo en la negociación y no citamos por su seguridad. Pero el contexto estaba cambiando y con él, la posibilidad de que entraran nuevos cocineros. Entonces llegó el punto de quiebre. “Un compañero nuestro dijo, vea hermano, entonces hagamos una cosa, si eso no da para más entonces acomode sus tarros y váyase o guárdelos,  no trabaje si es que la mafia no da pa más” recuerda don Carlos* con contundencia refiriéndose a la negociación entre los campesinos y los cocineros y comisionistas. También hubo un factor, que permitió esta negociación, en ese momento particular, y es que al municipio no es fácil entrar, entonces era fácil entender quién era quién, por lo que conocían a la mayoría de los comisionistas y compradores, así que para ganar el pulso señalaron estar dispuestos a venderles también a otros. Así, lograron un acuerdo que hasta hace poco se mantuvo en la mayoría del municipio. ¿En qué consistía ese acuerdo? Nunca se podía caer el precio de la arroba de hoja de coca. Si se caía, entonces todos los campesinos asociados se comunicaban para parar la recolección. Por ejemplo, la arroba de hoja de coca en ese momento estaba entre $60.000 o $65.000 pesos. Si esos precios llegaban a caer a $40.000, entonces se hacía un pare. “Se hace un pare y nos vamos a diálogos con los que compran, con los que vendemos, hasta llegar a un precio válido” cuenta Camilo*. Estos acuerdos funcionaron en varios sentidos, pues tampoco se permitía la reventa de la hoja y los cultivadores tampoco podían decidir un valor por su cuenta, lo cual era clave teniendo en cuenta que al menos en la zona baja del municipio, poco a poco fueron llegando nuevos cultivadores. Pese a ser pequeños cultivadores, el poder de la Asociación en esta negociación era grande. Y era grande por una razón: su capacidad de convocatoria y de movilización. Como casi todas las veredas del municipio tienen afiliados, si el Acuerdo se incumplía, ellos tenían el poder de frenar prácticamente todo el cultivo. Así pasó en 2019, cuando los precios cayeron a $27.000 la arroba y lograron subirla a los $50.000 a punta de hacer que la gente se quedara quieta y no recolectara hoja de coca y hablaran con los comisionistas, luego de casi un mes de negociaciones. Por su parte, los campesinos se comprometieron a mejorar la calidad de los cultivos y a no venderlos por fuera del municipio, sino a los intermediarios de estos cocineros.     Esto ha llevado a impactar los procesos que los cocineros realizan con la pasta de coca, pues no solo lograron que cada cocina tuviera su propia planta eléctrica y así evitar que el pueblo tuviera cortes de luz; también lograron que las cocinas le abrieran un cupo de trabajo para pobladores de la vereda, pues con tantos días en reuniones, los hogares estaban aguantando hambre y los cocineros estaban “contratando vagos que sólo querían tomar trago”, dice Don Carlos. También se logró reducir y en algunos lugares, hasta eliminar, la intermediación entre el cultivador de la hoja y los cocineros. Su disposición al diálogo los llevó incluso a ser convocados en algunos casos para ser mediadores, aunque sin capacidad de decisión en el asunto, pues cuando se reguló el precio de hoja, les tocó hablar con los que compran la hoja y con los que regulan el precio de la base de coca. “Ellos tienen que sentarse obligatoriamente, porque ellos los (compradores de hoja) tienen que cumplir con quienes venden la hoja de coca” señaló un campesino que participó en algunas de las conversaciones. Los intermediarios tuvieron que sentarse a decirle a la gente de allá, donde están los laboratorios, que los precios eran honestos. Este Acuerdo incluso fue más allá de regular el mercado de la hoja de coca. Incluyó puntos como no tumbar montaña para sembrar, o prohibir que los menores de edad participen en la raspa de hoja de coca, o que no haya prostitución cerca de los centros poblados. También incluyó reconocer a las mujeres raspadoras de la hoja. Fue gracias a esa fuerza de diálogo y capacidad organizativa que, cuando llegaron al municipio las negociaciones sobre sustitución de cultivos en 2017, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, el municipio firmó un acuerdo colectivo con el gobierno de más de 9 mil hectáreas cultivadas por 8 mil familias de cultivadores y más de 3 mil recolectores de hoja de coca en marzo de 2018, cuándo las cifras oficiales reportaron 2.369 hectáreas cultivadas para ese año. Sin embargo, eso quedó en varias reuniones veredales, un poco más de cuatro reuniones colectivas con el gobierno nacional y un documento en el que los compromisos no se cumplieron, como lo señalan el alcalde municipal y los líderes de varias de las veredas que firmaron el acuerdo. Con la entrada del presidente Iván Duque para el periodo 2018-2022, este gobierno decidió que en materia de sustitución de cultivos, solo continuaría y cumpliría lo pactado con los campesinos que habían firmado acuerdos individuales, mientras que los acuerdos colectivos no tuvieron validez. Así, los acuerdos colectivos, como el de este municipio, no tuvieron el respaldo y compromiso político para cumplirse.   .  CON LA BOCA TAPADA “Nosotros pensamos que el objetivo principal es darle a conocer más que todo al gobierno que uno está hablando con la verdad y no está ocultando nada acerca de lo que es la mata, que nosotros sobrevivimos, para que les hagan conocer del gobierno y nos nos ataque tan duro porque gracias a Dios, como le digo, con la lengua es que le hemos venido peleando. No hemos peleado con ninguna clase de armas sino con la boca no más” decía don Carlos*. Pero angustiosamente la situación para los campesinos de este municipio ha cambiado, pues pareciera que ya ni boca tienen. En los últimos tres años, el contexto del territorio ha cambiado sustancialmente, pues el intento fallido del ELN por convertirse en quien establece el control de todo el territorio, y el surgimiento de grupos disidentes desde el año 2019, le recordó a los cocaleros y a la organización social que la solución de la guerra no pasa por la regulación de la coca. Mientras los grupos armados ilegales se enfrentan en el municipio, los líderes sociales de las juntas de acción comunal, la organización campesina y de cocaleros han sido señalados y atacados por ellos, buscando que estas organizaciones se plieguen frente a sus intentos de control social y territorial. La primera regla de estos grupos armados fue no tener relación con los otros, por lo que eso de resolver tensiones comunitarias o intervenir en la vida cotidiana ha marcado una oposición a la organización social. Los líderes cocaleros, los líderes sociales, quedaron en la mitad, convirtiéndolos en objetivos militares acusados de ser de uno u otro grupo. En otras palabras, la guerra entre grupos rompió los procesos de coordinación organizativa. Las dificultades están marcadas por las amenazas y el desconocimiento de los liderazgos, como dice un integrante de la organización social: “Las amenazas que llegaron directamente (a la organización señalaban que) todo el que forme parte es objetivo militar. Entonces en la Asociación nos quedamos un poco quietos. Ya no volvimos a hacer reuniones, asambleas, porque pues uno no sabe quién es quién”. Esto tuvo un impacto en el comité cocalero y la organización social que buscaba gestionar proyectos para este municipio, pues la capacidad de negociación que lograron en contexto de la salida de las Farc-Ep del panorama ha sido frenada por la presencia del ELN y de grupos disidentes, quienes en 2020 amenazaron a todos los que tenían algún vínculo con la asociación. Tanto así, que ya van 5 líderes e integrantes asesinados en el territorio, lo que ha llevado a que la organización campesina haya tenido que reducir la gestión para lograr avances en la comunidad, a quedarse quietos o incluso a tener que abandonar el territorio, como lo describen algunos de sus líderes. El efecto de esta situación sobre la economía de la coca y la regulación de su hoja fue inmediato. El pueblo ha quedado incomunicado o dividido por momentos, se vuelve a hablar de que cada vez son más los compradores foráneos de grandes extensiones de tierra, especialmente en la parte baja del municipio, para el cultivo de hoja de coca. Mientras que en las zonas en donde todavía está parcelado, los compradores de hoja y pasta de coca ya no entran como antes. Aunque siguen comprando bajo las reglas establecidas en los acuerdos en algunas partes, estos cada vez son más difíciles de hacer respetar e incluso en algunas zonas ya no hay acuerdo. Ahora todos los grupos cobran impuestos, no se pueden hacer reuniones o parar la recolección para negociar el precio de la hoja de la coca y hacer cumplir los acuerdos. A esto se suma el hecho de que el precio de la hoja por momentos baja y se cierra el mercado, pues los grupos tampoco permiten la compra de la hoja, como forma de establecer su control. Han sido tantos los intentos por fracturar a las comunidades, por romper los acuerdos hechos entre unos y otros, que ya no se puede hablar de unos pocos cocineros, sino de treinta o más. La violencia que ejercen estos grupos armados ha implicado el rompimiento de reglas que tenían efectos tanto para los cultivadores, como para quienes hacen parte del narcotráfico, lo que hace que algunos cocineros migren, lleguen nuevos y que se afecte toda la economía. La reactivación de la violencia en Colombia no ha sido direccionada únicamente por la coca. Sin embargo, sí ha atravesado a esta economía, generando rupturas frente a la consolidación de liderazgos de los cultivadores. La organización social es vista como un enemigo a destruir. Sin embargo, esta historia de articulación comunitaria que gestiona y reconoce al cocalero muestra que rodear y fortalecer a la organización campesina se convierte en una excelente herramienta para ponerle freno a la expansión de los grupos armados y generar seguridad y protección en los territorios.  *Los nombres de los protagonistas de esta historia y del municipio han sido cambiados por seguridad. Este artículo es realizado por el equipo de investigación de Conflict Responses. Investigación: Ángela Olaya y Kyle Johnson, Edición Juanita Vélez, Diseño y diagramación: Ana Sofía Ocampo. También agradecemos la lectura de Ronna Risquez y Juanita Ceballos. Esta historia ha sido realizada como parte de la tercera edición del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas -FINND-, realizado por la Fundación Gabo y Open Society Foundations (OSF). La información presentada en este texto no compromete a ninguna de las dos instituciones. [...]Read more...
In March, 11 people died in a controversial army operation in Putumayo, southern Colombia. Human rights groups said that at least some of the dead appeared to be civilians. The army alleged the operation complied with international humanitarian law, saying that all the dead were “criminals” and that the operation had targeted an armed group known as Comandos de Frontera. This post, which follows-up on a previous one examining the challenges in assessing Colombia’s ‘post conflict’ scenario, discusses whether there is an armed conflict between the Colombian government and the Comandos de la Frontera. It doesn’t examine whether the army operation violated international humanitarian law (IHL); rather, it analyses whether the Colombian Ministry of Defense is right to argue that IHL was applicable to the operation first place. After presenting the “post conflict” scenario, which has been emerging since the 2017 demobilization of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) guerrillas, the post characterizes Comandos de la Frontera. This analysis is critical to determine whether the operation in Putumayo complied with international law, given that IHL and international human rights law govern the use of lethal force in significantly different ways. The relevance of this case-study goes well beyond the army operation in March or Comandos de la Frontera. It illustrates the difficulty of assessing armed groups in highly dynamic contexts, in which multiple organized armed groups operate coterminous to, and often in connection with, criminal groups. As the International Committee of the Red Cross (ICRC) has noted, the proliferation of armed groups, of varying sizes and with varying structures, capabilities, and motivations, has been a “central feature of the changing geopolitical landscape of the last decade” in conflicts around the globe. The Current Situation in Colombia Conflict between the government and armed groups The ICRC and the Colombian government agree that international humanitarian law is applicable to fighting between the government and the Gaitanist Self-Defense Forces of Colombia (AGC), a group that emerged from former paramilitary groups in the 2000s; and the National Liberation Army (ELN), a guerrilla group created in the 1960s. There is less agreement on how to characterize fighting between the government and the more than 30 “FARC dissident groups,” most of which emerged after the 2017 demobilization of the FARC guerrillas. These groups often operate in the same territory FARC units controlled before the demobilization process, at times using the former units’ names. Their members mainly consist of new recruits, but also include some former FARC fighters who never demobilized and others who participated in the demobilization process but returned to arms. The Colombian government has taken the position, since 2017, that all FARC dissident groups are parties to a conflict with government forces and subject to rules of engagement under IHL. The government treats all FARC dissident groups (which it calls “residual organized armed groups”) as a single group to which IHL is applicable—a highly questionable decision under international law. On the other hand, the ICRC considers that only some FARC dissident groups are parties to a conflict with the government. Namely, these are what the ICRC calls “former members of FARC-EP not currently covered by the Peace Agreement.” This is a coalition led by alias “Iván Mordisco” and “Gentil Duarte,” who was recently killed in Venezuela. In our view, this coalition appears to include roughly 20 “fronts,” “mobile columns,” or units, including many that are coordinated under regional groupings they call “commands”. Conflict among armed groups The ICRC also considers that in three existing scenarios in Colombia fighting between armed groups amounts to an armed conflict governed under common article 3 to the Geneva Conventions. In particular: ELN guerrillas vs the AGC; The coalition of FARC dissident groups originally led by Gentil Duarte vs the Second Marquetalia, a group created in 2019 by Luciano Marín Arango, known as “Iván Márquez,” the FARC’s former second-in-command and top peace negotiator; and The coalition of FARC dissident groups originally led by Gentil Duarte vs Comandos de la Frontera in the southern state of Putumayo To our knowledge, the Colombian government has not formally classified any fighting between armed groups as an armed conflict. This, however, is ultimately irrelevant since under international humanitarian law the determination of whether there is a non-international armed conflict hinges on the facts and not on any government’s classification. Comandos de la Frontera What we know today as Comandos de la Frontera was originally a smaller group formed in 2017 known as Los de Sinaloa and, months later, as La Mafia 48. Based on our interviews with local sources and analysis by Colombia’s Human Rights Ombudsperson’s Office, the group was formed by former fighters of the FARC’s 48th Front, as well as members of a local organized crime group known as La Constru. In late 2020, La Mafia 48 changed its name to Comandos de la Frontera. At least since 2018, Colombian authorities have publicly considered it a party to the conflict, calling it a “residual organized armed group,” seemingly due to its connection with the demobilized FARC. Since its creation, the group has operated mainly along the border with Ecuador and has been deeply involved in drug trafficking. As one of its fighters recently told the New York Times, “This isn’t like a guerrilla that works for an idea…Everything is about the money.” In February 2021, the Second Marquetalia and the Comandos announced in a news release that they had “held a meeting on coordination and unification of forces and political-military goals,” and that Comandos had joined the Second Marquetalia. They added that a representative of the Comandos had been included in the Second Marquetalia’s National Directorate, its highest leadership body. The announcement opens two scenarios in which the Comandos could be considered a party to an armed conflict with the government: If the Comandos and the 2nd Marquetalia have genuine links among themselves, in practice creating a single group that satisfies the requirements under IHL; or If the Comandos fulfill in and of themselvesthe levels of organization and hostilities required under IHL. Option 1: Genuine links? In our view, it is unclear whether the Comandos de la Frontera and Second Marquetalia have sufficient links to treat them as a single group under IHL. Scholars have suggested that the relevant test to determine if such links are sufficient is whether some sort of centralized command exercises overall control over several armed groups or whether an armed group exercises such control over another armed group. At least in Tilman Rodenhauser’s interpretation, this standard does not require that the controlling group or the at least incipient centralized command be able to issue specific orders or command each military operation. But it does require all subgroups to coordinate military activities and determine the overall military objectives and the internal rules that they follow. There appears to be little evidence of any military coordination between the Second Marquetalia and the Comandos. The only aspect that may reflect a modicum of coordination is that they rarely attack the Colombian Armed Forces or Police – a decision that “Iván Márquez” announced when he created the Second Marquetalia. The Second Marquetalia announced in May 2021 that it had met with what it called its “southwestern units” – including the Comandos de la Frontera – to discuss the political situation in the country and reaffirm that all units present were part of the Second Marquetalia. There is evidence that this meeting did in fact take place in the Nariño state, but as far as we have been able to determine, the groups did not adopt agreements regarding coordination of military activities or their objectives and internal rules. The clearest evidence we have been able to determine of any coordination between the Comandos and Second Marquetalia is their infrequent joint news releases (the Comandos still publish their own communiqués, without speaking for the Second Marquetalia as a whole). While these suggest that the groups might have the ability to speak with one voice, a relevant factor in the assessment, there is no clear evidence that these statements reflect a coordination of military activities on the ground as they tend to only make statements of political unity and say little about military activities. Consistently with these findings, the ICRC treats these two groups as separate, as explained above. Option 2 Even in the absence of sufficient links with the Second Marquetalia, Comandos de la Frontera could fulfil in and of themselves the thresholds of organization and hostilities with the government to be considered a party to such conflict. The commandos do appear to be sufficiently well-organized. According to government estimates that we consider fairly credible, the Comandos have about 300 armed fighters, though the group claims to have many more. The group appears to have a solid chain of command, based on their news releases and other sources. New York Times reporters who recently spent a week with the Comandos said that they: “visited several towns under their control, watched them move weapons and buy drugs, and slept at a camp where fighters set off grenades and ran drills just yards from the Putumayo, a major river.” Additionally, under international law, fighting between the armed group and government forces must reach a “certain level of intensity” for there to be a non-international armed conflict as IHL is not applicable to “riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of similar nature.” International case-law has developed a range of indicators to assess the intensity of the violence, such as the seriousness of the clashes and how spread out they are over the territory, the types of weapons used in fighting, and the number of its victims. While the Comandos are highly armed and the Colombian government has deployed the military to the area, fighting between government forces and the armed group appears to be very rare, based on our interviews with humanitarian workers and community leaders in Putumayo. Several sources indicate that, at least prior to the controversial army operation in March, the army had not frequently attacked the Comandos. As some sources described it, they appear to be “letting them be.” In fact, we could only identify two incidents of military attacks by the Army against the group in 2021. (A senior army officer recently told one of us that the Comandos and a FARC dissident group had engaged in fighting 27 times in the last two years, but he did not indicate how many times the government forces and the Comandos had engaged in hostilities). This sporadic and relatively low level of violence casts serious doubt on whether fighting between Comandos and government forces can be said to amount to a non-international armed conflict. The situation, however, is dynamic and the relevant threshold could be quickly met if the army conducts more operations against the Comandos. As in other cases, the government’s classification of the fighting against the Comandos as an armed conflict could become a self-fulfilling prophecy if it leads to increased hostilities. Some Final Conclusions The evidence here questions the idea that the Comandos de la Frontera actually are part of the Second Marquetalia under applicable IHL. We also argue, in agreement with the ICRC, that IHL does not appear to be applicable to the fighting between the Colombian armed forces and the Comandos since it appears to fall short of the relevant threshold. These conclusions cast doubt on the Colombian government’s argument that IHL was applicable to its controversial military operation against the group in March 2022, in which at least 11 people were killed More broadly, our analysis speaks to the challenges of assessing armed groups in highly dynamic contexts, like the one in Colombia. The Colombian government appears to be overlooking serious legal and factual challenges that need to be taken into account to ensure that international humanitarian law is appropriately applied. *Juan Pappier is a Senior Americas researcher at Human Rights Watch. [...]Read more...
El abuso policial que mató a Javier Ordóñez la noche del 8 de septiembre en Bogotá desató una ola de protestas que dejó más de 70 CAIs entre quemados o destruidos. El Gobierno ofreció una sola explicación: los desmanes responden a un “claro y premeditado plan del ELN y las disidencias de las Farc”, dijo tres días después el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. La Fiscalía, en cabeza de Francisco Barbosa, anunció la captura de los dos patrulleros investigados por la muerte de Ordóñez. También señaló a cinco personas –cuatro ya fueron capturadas– como miembros de un “colectivo urbano” al mando de Gentil Duarte, uno de los líderes de las disidencias de las Farc. La Fundación Conflict Responses, CORE, y La Liga Contra el Silencio se unieron para averiguar qué tan cierto es este “plan” y si realmente puede explicar lo que pasó en esos días negros en Bogotá. Una fuente de la Fiscalía que trabaja en la investigación nos dijo que sólo tienen evidencia concreta de la participación de las disidencias en dos de los 70 CAIs afectados (de los 256 que hay en la ciudad). Y otra fuente que adelantó esta investigación hasta febrero desde la Fiscalía nos dijo que no hay información sólida sobre la participación del ELN ni la disidencia de Iván Márquez en estos hechos. Y es que, así quisieran, ninguno de estos grupos tiene la capacidad para lograr un ataque así en este momento en Bogotá. La evidencia apunta más al 21N, que al 9S La Fiscalía le viene siguiendo la pista a lo que llaman “colectivos urbanos” desde febrero del año pasado, cuando, en el operativo en el que cayó Rodrigo Cadete –un aliado clave de Duarte– encontraron archivos en los que según la entidad, “estaban los lineamientos de creación de ‘colectivos’ o ‘unidades solidarias’”, de Gentil Duarte e Iván Mordisco. Según estos lineamientos, los ‘colectivos’ son grupos de máximo cinco personas que hacen adoctrinamiento y reclutan estudiantes universitarios y jóvenes para “instrumentalizarlos en la ejecución de actos vandálicos, ataques a la fuerza pública, movilizaciones y bloqueos en las ciudades”. El articulador del “colectivo” sería Wilson Reinel Moreno, alias Martín, cabecilla del frente segundo Manuel Marulanda Vélez y quien, según la Fiscalía, seguía instrucciones directas de Duarte. Ese frente es una pata de la disidencia de Duarte. Aparte de Martín, que está preso desde febrero del 2020, la semana pasada la Fiscalía capturó a cuatro personas: Julio Ernesto Villarraga Trujillo, alias Justo, un hombre de 73 años reconocido en Kennedy como un líder social, quien según la Fiscalía se hablaba con ‘Martín’ y señalan como el principal reclutador de jóvenes; Érika Lorena Flórez, de quien dicen que ubicaba estudiantes en las universidades públicas y privadas para sumarlos a la causa; Greyssi Alexandra Perilla, alias La Pola, a quien le atribuyen la creación del “colectivo” y de crear un protocolo de intervención a las marchas; y Miguel Andrés Parga, alias ‘El Profe’, que resultó siendo un abogado que trabajaba en el Departamento de Prosperidad Social, DPS. “Falta por vincular a más personas. Sé que son aproximadamente 13 las que conforman esta red urbana de guerrilla”, dijo Claudia Carrasquilla, quien fue directora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía desde julio de 2019 y fue quien dirigió toda la investigación hasta febrero, cuando Barbosa le pidió su renuncia. “Esto es una red criminal. Hay un gerente principal, unos gerentes regionales y unos directores. El cabecilla es Duarte. Tenemos estos 13 que hacen parte de la red y ellos tienen coordinadores en universidades, en barrios, en grupos sociales o culturales, que empiezan a venderles la idea de hacer oposición al Gobierno y de generar caos”, agregó. Es más la evidencia que tiene la Fiscalía de supuestas infiltraciones de los capturados el año pasado en las marchas del 21N, que en los daños a los CAIs hace un par de semanas. Por las marchas del 21N los señalan de participar en bloqueos, daños al portal de Transmilenio de Las Américas y enfrentamientos con Fuerza Pública en Patio Bonito y Tintal. Mientras que por la destrucción de los CAIs sólo tienen evidencia en dos de los más de 70 afectados: el de Roma, en Kennedy y el de la Soledad en Teusaquillo.La Fiscalía dice tener interceptaciones en las que supuestamente los capturados planearon una reunión para atacar el Cai de Roma. Y sobre La Soledad, tienen audios en los que dicen que queda probado que alias ‘El Profe’ coordinó las acciones y que luego de la quema está riéndose y celebrando. Pero que quieran desestabilizar no significa que lo puedan hacer y menos en cuestión de horas. Primero, porque es un grupo con una operación muy reciente. Y es poco probable que ya hayan alcanzado más capacidad en las ciudades que la que pudo tener las Farc en su mejor momento. “La máxima capacidad que logramos para atacar CAIs hubiera alcanzado para atacar cinco a la vez y sólo hostigarlos. Ni siquiera destruirlos”, dijo el senador de Farc Carlos Antonio Lozada, que comandó durante 19 años las milicias urbanas de las Farc en Bogotá. “Para atacar y destruir más de 70 CAIs de manera simultánea se requiere por lo menos una fuerza entre 300 y 350 hombres en armas”, agregó. Un especialista en seguridad que les hizo inteligencia por años en la ciudad nos corroboró este cálculo. En su mejor momento, entre 1996 a 2002, “llegamos a ser entre 350 y 400 personas de núcleo duro. Eso es entre estructuras del partido, gente de la Milicia Bolivariana y de las propias estructuras guerrilleras”, dice Sergio Marín, quien también hizo parte durante 12 años de estructuras de apoyo logístico en Bogotá para esa guerrilla. Es decir, es difícil pensar que si máximo 400 personas no tuvieron la capacidad de coordinar un ataque como el del 9 de septiembre sí la tengan 13, quienes a su vez contratarían a otros, como señala la Fiscalía. Obviamente las Farc tuvieron la capacidad de poner bombas como la del Club El Nogal en 2003 o la de la Escuela de Guerra en 2006 y eso es mucho más difícil que atacar un CAI. Pero, en acciones como la del Nogal, “su ejecución no requiere de más de 2 o 3 unidades. Mientras que para atacar un CAI... se requiere una inteligencia menos elaborada, una logística menos sofisticada, pero demanda más gente en la medida en que van a buscar el enfrentamiento con un enemigo armado y se deben poner aseguramientos armados para garantizar la retirada”, explica Lozada. Segundo, el trabajo urbano guerrillero es supremamente complejo en cuanto a lo logística y la organización por lo que requiere cuadros muy bien entrenados. Los miembros de los diferentes cuadros no se conocían y no sabían cuál era la operación por hacer. Este secretismo evitaba que la información se filtrara y dificultaba el trabajo del Estado, que los infiltraba con frecuencia. Lozada también señala que los cuadros “siempre caían por comunicaciones” y que nunca planeaban nada por teléfono. Se reunían en persona para discutir los planes. La Fiscalía tiene videos de los supuestos disidentes reunidos, pero sin audio, lo cual imposibilita saber qué discutían exactamente. Otro problema para las Farc durante la guerra fue “la escasez de cuadros que conocieran la ciudad”, nos dijo Lozada. “Cualquier comandante que en el monte le dirigía 100, 150 unidades, en la ciudad no tenía los conocimientos, a no ser que durara muchos años con esa formación para dirigirle una estructura que máximo era de 15 o 20 personas”, agregó Marín. Falta sumar un factor clave: el tiempo. El trabajo urbano requiere de mucha planeación. Eso significa que así la disidencia estuviera previamente coordinada, tuvo máximo 24 horas para reaccionar entre la muerte de Ordóñez y la destrucción de los CAI. Si hubieran tenido un “plan premeditado”, según un especialista en seguridad de alto nivel que les hizo inteligencia por años en Bogotá, sus acciones habrían reflejado una manera única de actuar que él no ve en los hechos del 9S, como haber usado una misma arma en todos los CAIs o que el paso a paso para atacarlos fuera el mismo en todos lados. Esto no quiere decir que no haya presencia de las disidencias en Bogotá. “Duarte tiene que estar aquí pero no porque tenga gente para una toma… Bogotá es como la capital de todos los grupos porque consigues lo último en tecnología, el acceso a uniformes, a armamento”, nos dijo la fuente especializada en inteligencia. La disidencia del Frente 10, que está coordinada con Duarte, es la que ha hecho acciones en la ciudad y alrededores. En septiembre de 2019, quemó dos buses intermunicipales, uno en Soacha y otro en la vía Bogotá-Girardot. Tres personas fueron capturadas, quienes, según diferentes fuentes, al parecer fueron contratadas por este frente. En julio, tres agentes de la SIJIN resultaron heridos en Soacha en un ataque que la Fiscalía también ha atribuido a ese frente. En agosto, la Defensoría advirtió de la presencia de este grupo, especialmente a través de la contratación y “cooptación de estructuras locales”. La subcontratación de estructuras criminales locales por parte de esa disidencia parecería validar la tesis de la Fiscalía. Incluso la alcaldesa Claudia López dijo luego de las marchas el 21 de enero de este año, en las que también hubo daños, que “la Policía tiene evidencia muy sólida...que son infiltrados pagados por grupos armados ilegales. Casi todos ellos, los seis que estamos judicializando, por grupos residuales o disidencias”. Todas las fuentes con las que hablamos reconocen que personas de las disidencias probablemente participaron en los desmanes. Pero hay un trecho grande entre usar a grupos de delincuencia común para quemar unos buses o atacar dos CAIs, que es sobre lo que hasta ahora tienen evidencia, y orquestar un ataque simultáneo a más de 70 CAIs. Si hay dudas sobre “el plan” de las disidencias, hay aún menos certezas sobre el involucramiento del ELN. El ELN, aún menos evidencia En la investigación que adelantó Claudia Carrasquilla en la Fiscalía hasta febrero no había nada del ELN ni de la ‘Segunda Marquetalia’, la disidencia de Iván Márquez y Jesús Santrich, vinculado a los ‘colectivos urbanos’. “No descarto lo del ELN porque de todas maneras está claro que en el material que se incautó mientras yo estuve en la Dirección de Crimen Organizado se estableció que su doctrina urbana es traer el conflicto a la ciudad y para eso tienen triadas en las universidades, grupos sociales, etc, que hacen trabajo de reclutamiento y doctrina. Pero en este último proceso que se llevó en la Fiscalía es claro que esto proviene es de las disidencias del séptimo y del primero”, le dijo a CORE y la Liga contra el Silencio. Aunque en la Fiscalía no hay evidencia sólida, tanto el Gobierno como varios medios de comunicación han vinculado al ELN y al grupo de Márquez en los hechos del 9S y 10S. Existe una supuesta interceptación en la que alias ‘La Pola’ le dice a alias ‘Martín’ que hicieran alianzas con el ELN y el EPL, pero la Fiscalía no tiene evidencias de que eso se concretó. Tampoco sobre la Segunda Marquetalia. Lo que tienen dentro de la investigación es “una comunicación en febrero en donde la gente de este colectivo indica que con la Segunda no van más y que sólo quieren plata. Tenemos información de esa ruptura, pero que nosotros hayamos tenido evidencia de ellos en esto de los CAIs no”, dijo la fuente conocedora de Fiscalía que nos habló con la condición de no ser citada. Aún así, el Gobierno de Iván Duque sí ha señalado al ELN, aunque su versión frente al rol de esa guerrilla ha sido inconsistente. El 12 de septiembre, tres días después de los hechos, tanto el Alto Comisionado Ceballos como el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, lo incluyeron dentro de la narrativa del “plan premeditado”. A los tres días, Pablo Beltrán, miembro del Comando Central y jefe de la delegación del ELN en La Habana, Cuba, salió a decir que esa guerrilla no participó en las protestas. A eso se sumó el comunicado del 21 de septiembre del Frente de Guerra Urbano Nacional (FGUN), la unidad que el ELN ha buscado construir para unificar su trabajo urbano, en el que dijo que el Gobierno estaba buscando ”pruebas” inexistentes que liguen a los manifestantes con nuestra organización”. Cuando ya la implicación al ELN se estaba quedando sin aire, alias Uriel, vocero del Frente de Guerra Occidental (FGO), que opera principalmente en Chocó, mandó un audio el 24 de septiembre en el que afirma que “milicias” participaron “como uno o una más” en las protestas. Desde entonces, el Gobierno y varios medios de comunicación usaron esa declaración como prueba reina. Trujillo trinó que “Terroristas del ELN que reconocieron participación en destrucción de CAIs en Bogotá, la comisión de múltiples delitos, y ataque masivo, premeditado y doloso contra la @PoliciaColombia…”. Miguel Ceballos reiteró sus denuncias anteriores, clasificándolas como hechas “oportunamente”. Pero lo que dijo Uriel no es una prueba reina. Según tres fuentes que conocen el ELN a fondo, no tiene cómo saber quién participó de esa guerrilla, porque el FGO no actúa en Bogotá. Tampoco está autorizado para hablar de las acciones de otras unidades, incluso las urbanas. El hecho de que se haya pronunciado muestra que quiere estar en medios, hacer publicidad e inflar el poder real del ELN. Tanto que dos fuentes lo describieron como un “youtuber” o el “Maluma” de esa guerrilla. Además, Uriel contradice directamente a Beltrán, que es la voz oficial del Comando Central del ELN en este tema y no es la primera vez que dice cosas cuestionables. Por ejemplo, en 2018, dijo que en Chocó el ELN solamente cobra un impuesto al narcotráfico. Numerosas fuentes en el departamento, al contrario, dicen que el ELN trabaja directamente con narcos para mover droga y usan emisarios para organizar envíos de cocaína hacia Panamá por tierra. Además, Uriel ha afirmado que el FGO está representado en la mesa de diálogo con el Gobierno, aunque una vez que Pablo Beltrán fue a la zona no lo recibieron. Para justificar el argumento de la infiltración del ELN, el Gobierno tiene seis documentos internos de esa guerrilla que hablan de una estrategia para operar en escenarios urbanos. Dos de ellos son del 2015 y hablan del pasado y los planes a futuro del Frente de Guerra Urbano Nacional. Los otros cuatro hablan de lo que el ELN cree que debe hacer en los escenarios urbanos en términos de apoyar, fortalecer y hacer parte de los movimientos sociales. Sin embargo, no dan ninguna evidencia de que lo haya logrado, y todo parece indicar que no. Según un excomandante de esta guerrilla, el grupo tenía su mayor presencia en Bogotá a finales de los 80s pero entre 1996 y 2000 decidió acabar con las milicias urbanas como estructura porque empezaron a cometer varios delitos sin instrucciones de la comandancia. En 2006, en su IV Congreso, decidieron crear el FGUN para reconstruir sus unidades urbanas, pero su estrategia no ha sido muy exitosa en distintos sentidos. En 2015, en un documento interno, presenta un análisis de cierto progreso en lograr sus metas, como su organización interna relativamente estable y ser “animadores” de la movilización social. Por otro lado, señala problemas en lo militar y lo económico. También menciona “situaciones irregulares y conflictivas por trabajos paralelos de los (Frentes de Guerra) en las ciudades”. Este problema estaba bastante claro en Bogotá. Hasta 2015, el Frente de Guerra Urbano Nacional no había sido muy activo militarmente, y el Frente de Guerra Oriental –desde Arauca– era quien realizaba acciones militares, como la bomba contra el CAI de Lourdes en junio del 2014. Entre 2015 y 2019 lograron realizar varios atentados en Bogotá, pero éstos incluso son indicio de lo difícil que les iba con su plan porque las unidades urbanas no pudieron hacerlos solas. Por una parte, algunos petardos en la capital los puso el Frente de Guerra Oriental. En otros casos, como el de la bomba contra el Esmad en La Macarena en febrero de 2017, lo hicieron en conjunto con la MRP, un grupo de universitarios que trataron de venderse como una tercera opción aparte de las FARC y el ELN. El MRP, por su parte, a veces trabajaba con el ELN pero nunca hizo parte real de esa guerrilla. En esa época y a raíz de varias capturas hechas en la ciudad, muchos miembros del FGUN se fueron de Bogotá y lo que ha quedado es un “grupúsculo” de jóvenes que apenas pueden poner un petardo panfletario, según dos fuentes que conocen al ELN por dentro. Es por eso, señalan, que el carrobomba contra la Escuela de Policía General Santander, en enero de 2019, lo llevaron a cabo unidades enviadas desde Arauca. Todo lo anterior muestra que esta guerrilla no tiene la capacidad que el Gobierno le atribuye en este momento en la ciudad. “Se necesitarían 60 células independientes y compartimentadas para guardar el secreto, se necesitaría una estructura de una perfección inusitada. Cada cédula debería estar conformada por una triada, eso es mínimo 180 personas con un nivel de entrenamiento, de capacidad y de organizar masas alrededor. Se necesita mucha gente organizada con capacidad bélica y eso es lo que no existe”, nos dijo un excomandante de esa guerrilla. Lo más probable: una olla de presión Definitivamente no hay una sola explicación que englobe lo que pasó, sino una confluencia de factores que influyeron para que la gente protestara y para que algunos actuaran violentamente contra los CAIs. La chispa que sacó a la gente a la calle fue la muerte de Ordóñez, pero la rabia ya venía latente. La calle se apagó por el Covid, pero la inconformidad con el Gobierno Duque no. Tampoco desapareció la capacidad de movilización que llevó al 21N. La convocatoria para salir esta vez se hizo por grupos de WhatsApp que ya estaban creados desde el año pasado, por Facebook y Twitter y sin una cabeza visible detrás. “Salieron muchas convocatorias a todos los CAIs. Se viralizó en redes y por grupos que ya se habían creado con lo del 21” nos dijo un joven que estuvo en las movilizaciones del CAI Verbenal (en las que la Policía mató a tres jóvenes). “En Verbenal la gente dice que la Policía sabe quienes son los jíbaros, quienes expenden drogas, conocen a los dueños del microtráfico y nadie hace nada. Yo no vi gente orientando.” “No existió una convocatoria específica para que el movimiento estudiantil saliera. Fue por todas las redes que la pandemia ha potenciado”, nos dijo Jenny Romero, líder estudiantil de la Universidad Nacional. “Las personas salieron a movilizarse por el abuso policial… No creo que existan grupos para romper CAIs, uno puede coordinar movilizaciones y que le salgan 200 personas, pero a veces la espontaneidad se da de unas formas muy particulares en las que pueden llegar mil personas a un lugar sin siquiera organizarlo”, agregó. “Dicen que somos clandestinos, que desarrollamos instrucción en producción de explosivos y milicias urbanas y que estamos dentro de la estrategia de ELN y disidencias. La afirmación es absurda. Primero no somos clandestinos. Llevamos cinco años actuando públicamente, salimos como grupo. Esto es una estrategia de retaliación en donde quieren cambiar el foco del debate público de la brutalidad policial al movimiento estudiantil”, nos dijo Christian Hurtado, vocero nacional de Juventud Rebelde, un colectivo señalado por el Gobierno y la Policía de infiltrar las marchas.Todo lo anterior no significa necesariamente que no haya habido infiltrados o grupos organizados radicales dentro de las protestas, pero sí implica que no hubo un plan premeditado de destrucción. No es solamente la muerte de Javier Ordóñez lo que generó tanta indignación en la sociedad, sino la manera como lo mataron los policías y el video que quedó de prueba. Una violencia que recordó a la que usó el Esmad contra Dilan Cruz el año pasado, en un caso que hoy sigue impune y bajo la justicia penal militar. También la relación entre los bogotanos y la policía ha ido en decadencia en los últimos años. La gente que confía en ellos ha caído del 52 % en 2004, al 25 % en 2020, según datos del Barómetro de las Américas de LAPOP. Otras cifras también preocupan. Según datos de la Personería de Bogotá, han recibido sólo este año 376 peticiones y quejas por presunto abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza, actos de estigmatización, discriminación o xenofobia por parte de la Fuerza Pública. 202 de ellos, entre el 9 y el 14 de septiembre, a partir de la muerte de Ordóñez. En 2019 fueron 331, en 2018, 153 y en 2017, 207. Siete presidentes de junta de acción comunal de barrios con CAIs afectados coincidieron en que no tienen información de que hayan intentado reclutar jóvenes en sus barrios y en que hay una indignación enorme contra la Policía, que en muchos casos se traduce en total desconfianza. “Históricamente acá ha habido abusos de la Policía. Antes del 9 había muchas cosas como llamé a la Policía y no llegó, no sirven”, nos dijo una. Dice que están acostumbrados a que no existan y que en una reunión que hubo después de los desmanes a la que fueron varios jóvenes, “es entre que o los odian o ni les va ni les viene, pero ninguno los respeta”. La ira de muchos jóvenes va más allá de la Policía. También tiene que ver con una desesperación por falta de oportunidades. El desempleo juvenil en la ciudad ha venido creciendo y la pandemia ha hecho que uno de cada tres esté sin trabajo. El encierro también pudo jugar un rol. En localidades donde hubo más CAIs afectados como Kennedy o Engativá han tenido que vivir cuarentenas más estrictas y eso ya había generado inconformidad entre la gente, como lo muestran las protestas y saqueos de abril y agosto de este año. Además, desde finales del 2019 hay una ola internacional de protestas que han tenido un efecto dominó en varios países. Particularmente en Estados Unidos y Chile se han presentado movilizaciones contra el abuso policial. Esa influencia se refleja en algunos de los chats que promueven las protestas y que usan la sigla “ACAB” –All Cops Are Bastards, Todos los policías son bastardos– una frase que ya desde el año pasado era común entre los jóvenes. También resulta clave diferenciar las actuaciones sobre los CAIs ‘afectados’: 32 sufrieron daños como vidrios rotos o grafitis y 19 fueron incendiados, lo cual, según videos de las protestas, no requería un gran esfuerzo coordinado. Aunque dos líderes barriales sí mencionaron que llegaron personas de afuera de sus barrios para hacer los desmanes y que notaron coordinación porque “todos llegaban en bicicletas y unos iban adelante campaneando y avisando a los demás”, como nos dijo una presidenta de junta en Kennedy. Es posible que estas personas pertenezcan a organizaciones radicales que a menudo hacen desmanes en las protestas, pero sin vínculos a los grupos armados. La rabia se enfocó en los CAI por tres razones probables. Primero, la percepción de estos lugares como “lugares de tortura”, como lo describían varios líderes. Segundo, imágenes tempranas publicadas en redes sociales mostraban como manifestantes intentaron destruir el CAI de Villa Luz, donde fue asesinado Ordóñez. Tercero, la Policía mató a Ordóñez no con el taser, sino dentro del CAI, lo que puso la atención de los manifestantes hacia estas estaciones. Entonces, aunque no se puede negar la posibilidad de que algunos miembros de células urbanas de disidencias de las FARC o el ELN hayan participado en los desmanes, es difícil concluir que esa posible participación se tradujo en un plan premeditado y sistemático para destruir todos los CAIs y generar caos. Estos grupos no tienen la gente, ni la capacidad, ni el tiempo, ni la logística para hacerlo. Asegurarlo, en cambio, implicaría que el Gobierno que se hizo elegir en parte gracias a su bandera de seguridad, dejó crecer exponencialmente a estos grupos armados ilegales en la capital, donde siempre han tenido injerencia más que todo logística. *Texto publicado originalmente en Cerosetenta https://cerosetenta.uniandes.edu.co/un-plan-improbable-eln-y-disidencias-contra-la-policia/ [...]Read more...

SUSCRÍBETE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Declara conocer y acepta nuestra POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS.