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Foto: @DiocesisQuibdo

¿Y si se someten estos? *

Kyle Johnson

21/Julio/22

El presidente electo Gustavo Petro ha propuesto una “paz total”, que va más allá de, pero también incluye, negociaciones políticas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el posible sometimiento del Clan del Golfo (también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y la “reincorporación” de los grupos comúnmente llamados disidencias de las FARC.

Recientemente se conoció una carta, al parecer firmada por cinco estructuras armadas de diferentes tamaños e índole que operan en el país, en la cual expresan su disposición de desarmarse “en el momento indicado…pedir perdón…aportar verdad total e integral…reparar y sobre todo no repetir los actos criminales…cumplir con los fines de la justicia restaurativa”, entre otros compromisos. La misiva fue firmada por los Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); el Bloque Virgilio Peralta Arenas, también llamado los Caparrapos; Los Rastrojos, Los Shottas De Buenaventura; La Inmaculada de Tuluá; y Los Mexicanos de Quibdó.

Si resulta cierto, sería una buena noticia para el país y una oportunidad para una “victoria temprana” para la paz total de Petro. Sin embargo, tendría numerosos desafíos que requieren pensar con cabeza fría. Me enfocaré en dos tipos: los legales y otros que se pueden llamar complementarios.

Lo legal

En este momento, existen tres mecanismos legales importantes que se pueden usar para buscar algún tipo de sometimiento a los grupos armados organizados en el país: la ley 1908 del 2018, que rige los sometimientos colectivos y fue pensada realmente para el de las AGC en ese momento. También está la Ley 1941 del 2018, conocida como la Ley de Orden Público, que realmente es la 418 del 1997, pero que ha sido prorrogada y reformada múltiples veces y define las herramientas, prohibiciones y permisos para entablar diálogos con grupos armados organizados (GAO). Además, esta ley y sus decretos reglamentarios regula lo de desmovilización individual y colectiva. Finalmente está el Decreto 965 del 2020, que define el proceso de sometimiento individual de miembros de los GAO.

Con estos tres mecanismos, en el sentido legal, existen cuatro posibles salidas de los conflictos armados hoy en día. La desmovilización colectiva, que realmente solo aplicaría en el caso del ELN, igual que la desmovilización individual, por su carácter “político”. Para los otros grupos armados, considerados criminales, existe el sometimiento colectivo e individual. Con los grupos de la carta se podrían utilizar los caminos de sometimiento.

Sin embargo, hay limitaciones legales. Por lo menos, cuatro de los grupos firmantes (todos menos las AGC), no son GAO. Éstos son los grupos con que el Estado dice tener un conflicto armado de carácter interno porque controlan territorio de tal forma que “les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”, con un mando interno responsable. Algunos de los otros cuatro son grupos delincuenciales organizados (GDO), quienes son más pequeños y no controlan el territorio; por ende, con ellos no existe conflicto armado.

Lo anterior significa que el sometimiento, legalmente definido, no se puede utilizar con cuatro de los cinco grupos en este momento. Por ejemplo, la ley 1908 dice claramente que las disposiciones bajo el Título III, nombrado “Procedimiento especial para la sujeción a la justicia de grupos armados organizados” solo se le puede aplicar a GAO.

El Decreto 965 del 2020 que permite sometimientos individuales, tampoco se puede aplicar porque solo sirve para miembros de GAO y no miembros de GDO. Igual, esta herramienta solo se podría aplicar si el gobierno entrante considerara que la mejor forma de someter a estos grupos fuera un proceso en el cual se concebiría lo colectivo como una sumación de numerosos sometimientos individuales. Esto ocurrió en Tumaco en el 2017 cuando casi 130 miembros de una disidencia de las FARC se desmovilizaron al tiempo y pasaron por la ruta individual de reintegración.

La Ley de Orden Público actual pierde vigencia este año y solamente se le puede aplicar a los GAO. Históricamente solo se ha aplicado a las guerrillas y los paramilitares por su carácter “político”. Las AUC y las FARC, como tal, ya no existen, entonces, realmente, solo se le aplica al ELN. En su reforma, será clave “despolitizarla” para facilitar las diferentes salidas de los conflictos; tener herramientas basadas en un enfoque puramente legal, en vez de uno político, sujeto a la interpretación de cada gobierno; y tener mayor flexibilidad en un contexto de conflictos armados fragmentados y cambiantes.

Esta carta genera una consideración frente a cualquier reforma de estas herramientas legales: si se debería incluir a los GDO en su aplicación y en caso de que sí, si estarán disponibles las mismas herramientas tanto para los GAO como para los GDO, o si habrá unas diferentes. Temas como la justicia transicional, en lo legal, se le debería aplicar a los GAO, como las AGC en el caso de la carta, pero a los GDO no es necesario. La cuestión, en el fondo, es política.

En el caso de las AGC, será necesario algún mecanismo para que los miembros de este grupo cuenten la verdad, reparen a sus víctimas y paguen sentencias (reducidas), lo cual será necesario definir en alguna de las reformas legales a la Ley de Orden Público y/o a la 1908 del 2018. Qué mecanismo podría existir – o si debería existir o no – para los GDO, será otro punto de debate.

Lo complementario

En el caso de que se resuelvan los desafíos legales e implementan unos procesos de sometimiento (pueden ser otros, pero por simplicidad, asumo esta figura), estos grupos entrarían en un tipo de proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). Salen del territorio como actor armado para empezar algún tipo de proceso semejante a lo que sería la reintegración. El tema no termina ahí.

El proceso de paz con las FARC y de DDR con las AUC mostraron que es supremamente importante que el Estado cope los territorios “dejados” por los grupos armados ilegales. Habría que tener algún plan o estrategia para lograr justo eso. No hacerlo minaría los efectos positivos de los sometimientos.

Esto es un riesgo mayor por el contexto de los múltiples conflictos armados en el país. La fragmentación de los grupos armados organizados (principalmente con las disidencias de las FARC) significa que liberar a un territorio de un grupo armado sin tomar medidas para que el Estado lo cope, llevará a que otro entre ahí. Esto para las comunidades no representará un cambio en su calidad de vida, sino simplemente pasar de un régimen ilegal a otro…de nuevo.

Además, si se entablan negociaciones con otros grupos armados, el timing entre estos posibles sometimientos y los probablemente lentos avances en las negociaciones puede ser tal que un actor armado en diálogo busque llenar el territorio dejado por otro que se sometió para mejorar su posición en su mesa de paz. Por ejemplo, si las AGC se someten sin que el ELN haya terminado su negociación, es probable que lo que queda de esta guerrilla en el Chocó busque recuperar los territorios que ha perdido últimamente, que fueron copados por las AGC.

Finalmente, la existencia de tantas economías ilegales – el narcotráfico, minería ilegal, extorsión, tráfico de madera, entre otras – y la oposición política férrea al gobierno de Petro pueden incentivar spoilers que buscan sabotear estos procesos, como ha señalado Eduardo Álvarez. Estos actores pueden hacer parte de los grupos armados en cuestión; ser participantes en estas economías ilegales; pueden ser funcionarios públicos corruptos que reciben algún beneficio de lo ilegal o de los actores armados; y también pueden ser actores institucionales que creen que su poder está vinculado a la continuidad de cierta política, de lo ilegal o de los conflictos armados. Cómo contenerlos – o incluirlos – en las diferentes fases de los procesos de desarme y desmovilización o de sometimiento será fundamental.

La disposición de estos grupos de desarmarse y contribuir a la verdad y justicia es una buena noticia, pero es importante asegurar que haya un marco legal lo suficientemente flexible para lograr su desarme y que se diseñe un plan para copar el territorio que dejan. No hacerlo sería repetir los errores del pasado y dejar a las comunidades expuestas a la violencia, totalmente sin paz.

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