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Foto: @infopresidencia

Los desafíos para la política de seguridad en 2022 *

Kyle Johnson

09/Enero/2022

El año pasado, la mayoría de los indicadores de seguridad en Colombia empeoraron y se recrudecieron los distintos conflictos armados:

  • El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró 96 masacres, cinco más que en 2020;
  • La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó que el número de personas desplazadas por la violencia en Colombia había aumentado en un 196 % hasta noviembre de 2021;
  • El número de miembros de la Fuerza Pública muertos en actos del servicio subió de 94 a 136 y, de ellos, la cantidad de soldados pasó de 49 a 67.
  • Aunque aún no se tienen cifras completas, todo indica que los homicidios llegarán a su nivel más alto desde 2013.

Muchas de estas cifras son el resultado de disputas entre actores armados ilegales o entre estos grupos y la Fuerza Pública en algunas zonas, por ejemplo:

  • El Chocó, donde existe un conflicto entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC);
  • El Pacífico Nariñense, donde hay conflictos entre diferentes grupos disidentes de las FARC;
  • El Cauca, principalmente Argelia, donde existe una disputa entre el frente Carlos Patiño, el ELN, la Segunda Marquetalia y la Fuerza Pública, y
  • El Putumayo, donde hay un conflicto entre el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, ahora vinculados a la Segunda Marquetalia.
  • El sur del Bolívar, entre las AGC, el ELN y disidencias de las FARC.
  • Norte de Santander, entre el ELN y Los Rastrojos, principalmente.

Estas tendencias no son nuevas y siguen un patrón claro al menos desde 2017. Esto significa que el país lleva ya casi cinco años con políticas, estrategias y planes que no funcionan: no se ha logrado repetir el éxito de seguridad que representó el proceso de paz con las FARC ni se han revertido las tendencias negativas en esta materia. Por eso, lo más probable es que en 2022 la seguridad y la violencia sigan empeorando.

Los conflictos armados en 2021

Desde un punto de vista cualitativo, los conflictos armados en Colombia se han fragmentado desde la firma del Acuerdo de Paz significativamente. Sin embargo, durante el 2021, esa fragmentación parece haber empezado a disminuir. Por ejemplo, varios grupos existentes se unieron a la Segunda Marquetalia, incluyendo la Columna Alfonso Cano y los Contadores (que no son un grupo disidente), en Nariño, y los Comandos de la Frontera, en Putumayo. Por otra parte, se creó el Frente Doimer Cortés, en Cauca.

Otros grupos también parecen más unidos. Aunque Gentil Duarte aún no tiene un mando único sobre las unidades vinculadas con él, hay indicios de que su cuerpo de liderazgo –que algunos miembros de esas disidencias llaman la “Dirección Nacional”– se está consolidando y está tomando decisiones colectivas, sobre comunicaciones y algunas estrategias militares generales.

Además, los grupos independientes son cada vez menos y, posiblemente, hoy en día solo quedan el Frente 36, en Antioquia, y el Frente Oliver Sinisterra, en Nariño.

Otra tendencia observada desde la firma del Acuerdo de Paz ha sido la “desideologización” de los conflictos armados, pero la evidencia del 2021 señala que sería prematuro decir que los grupos enfrentados ya no tienen ideologías para nada, sino que están en construcción o es más difícil evidenciar su papel en el actuar de los grupos armados:

  • El ELN sigue teniendo su visión política, a pesar de su implicación directa con el narcotráfico en diferentes zonas del país, como el Cauca, el Chocó, el Catatumbo y el Sur de Bolívar.
  • Las disidencias de las FARC siguen en un proceso de construcción de su ideología.
  • La Segunda Marquetalia parece tener una visión política propia, aunque no está del todo claro el efecto que tendrán las muertes de Jesús Santrich, Romaña y, al parecer, del Paisa en su pensamiento político.
  • Las unidades vinculadas con Gentil Duarte también siguen construyendo una ideología, pero no está claro si se trata solo de una fachada o si va más allá de sus interpretaciones de la actualidad.

Sobre estos puntos se requiere más investigación.

Además de lo anterior, los grupos armados ilegales siguieron gobernando los territorios donde operan, muchas veces a través de la violencia letal. En lugares como Guaviare, Arauca, Cauca, Nariño, Caquetá y Catatumbo los ejemplos abundan y son bien conocidos. Recordemos, por ejemplo, el asesinato de dos menores de edad, acusados de ser ladrones, a manos de la disidencia del Frente 33.

En partes de Guaviare, las disidencias adoptaron “manuales de convivencia” que se cumplen letra por letra. En Arauca, tanto en 2019 como 2020, la disidencia del Frente 10 cometió una masacre para “controlar la criminalidad” en zonas bajo su control. Y en el Sur de Bolívar, el ELN ha usado la violencia cada vez más para ejercer control sobre la población.

Por último, los conflictos armados han amenazado el desarrollo del acuerdo de paz. Aunque en 2020 y 2021 se redujeron los asesinatos de excombatientes, estos hechos siguen siendo comunes. En La Macarena (Meta), Argelia (Cauca) e Ituango (Antioquia), varios excombatientes fueron desplazados por amenazas también.

Algunas entidades gubernamentales ni siquiera han podido hacer su trabajo en ciertos territorios por la falta de condiciones de seguridad. Así lo advirtió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre su trabajo en el pacífico nariñense.

Las fallas en la política de seguridad

La política de seguridad no ha podido mitigar los efectos de las disputas armadas sobre la población civil.

En lugares como Arauca, Cauca, Nariño, Chocó, Putumayo y Antioquia es urgente que el Estado proteja a los civiles. Hay que adoptar medidas preventivas y no solo reaccionar cuando las tragedias ocurren. El Estado no puede esperar a que los actores armados le pongan fin a su enfrentamiento. ¿Por qué la política de seguridad ha fallado en proteger a la población?

En primer lugar, parece que hay una lectura equivocada del contexto que sirve de base para la política de seguridad. Parece que los encargados de la seguridad creen que estamos en un contexto igual al de 2006, frente a las mismas FARC de esa época, y que lo que sirvió entonces va a servir ahora. Esto es falso e impide adoptar políticas de seguridad adecuadas al contexto actual.

En segundo lugar, parece que el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública creyeran que atacar a los grupos armados equivale a proteger a la población. Esto tampoco es cierto. Por ejemplo, se puede debilitar un grupo y en consecuencia fortalecer otro:

  • En el sur del Chocó, las AGC han podido entrar en el territorio del ELN gracias a los golpes que el Estado le ha dado a esta guerrilla.
  • En Nariño, acabar con las Guerrillas Unidas del Pacífico o atacar al Frente Oliver Sinisterra ha servido para que otros grupos armados entren en su territorio e incluso adopten a sus miembros.
  • En el Bajo Cauca Antioqueño, los golpes a los Caparros han permitido que las AGC se fortalezcan en la zona.

La seguridad y las elecciones

Pero la Fuerza Pública no solo ataca grupos armados porque piense que así está protegiendo a la población. En época preelectoral, estos golpes dan réditos políticos y aumentan la popularidad de los gobernantes.

Por eso durante los últimos meses de 2021 aumentaron las operaciones contra los cabecillas de grupos armados; algunos ejemplos son la posible “captura” de Otoniel; la muerte de Fabián del ELN, en Chocó; el disparo contra Gentil Duarte; y el intento de matar a Iván Mordisco donde murieron once disidentes en Guainía. El gobierno tiene un incentivo político para seguir adelante con una política que no funciona, pero que “da puntos” para las elecciones.

Es probable que la seguridad se aborde de tres formas en el ciclo electoral que viene:

  • El gobierno y los candidatos más cercanos a Iván Duque serán fuertemente criticados por la falta de resultados en materia de seguridad.
  • Algunos dirán que la seguridad ha empeorado porque el acuerdo de paz no se ha cumplido de manera adecuada.
  • Pocos candidatos tendrán propuestas nuevas y concretas sobre la política de seguridad que debería adoptarse en Colombia.

El cambio de gobierno no impedirá que los golpes militares sigan siendo un incentivo político para ganar popularidad. Y aunque los candidatos presidenciales no tengan iniciativas concretas sobre esta materia en general, la excepción puede ser la promesa de retomar las negociaciones con el ELN.

¿Qué sigue?

En medio de varios conflictos armados, con una política de seguridad que no funciona y las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el panorama parece desolador.

Sin embargo, hay un camino que podría abrirse en 2022, aunque no tenga resultados garantizados: la consecución de acuerdos humanitarios en los territorios liderados por las mismas comunidades. En Catatumbo, Nariño, Chocó y recientemente en Cauca ya se ha intentado esta estrategia.

Los acuerdos locales pueden aliviar el sufrimiento de las comunidades hasta cierto punto y pueden garantizar el acceso humanitario a estas zonas. En todo caso, esta parece ser una respuesta temporal y no una solución duradera para los problemas de seguridad que tiene el país.

Por ahora, es necesario acompañar y fortalecer estos esfuerzos y examinar los que ya se han hecho para concluir si es necesario hacer ajustes o nuevas aproximaciones. Puede que no funcionen, pero estos acuerdos siguen siendo la salida más prometedora que tiene el país.

 

*Artículo publicado originalmente en Razón Pública: https://razonpublica.com/los-desafios-la-politica-seguridad-2022/

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