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Tomada de un video de los Comandos de la Frontera

Foto: Tomada de un video de los Comandos de la Frontera

El sometimiento también es político *

Kyle Johnson

3/Agosto/2022

Por ahora, el enfoque sobre el sometimiento ha sido estrictamente legal porque se necesitan reformas, como la ley de Orden Público y quizá la de sometimiento del 2018.

Pero el asunto no es sólo legal, sino también político. Someter a los grupos armados no debería ser un fin en sí, sino un medio para otro: la construcción de institucionalidad legal en todo el territorio nacional. En ese sentido, los sometimientos deben buscar la transferencia del control territorial de un grupo armado a la institucionalidad. Un aspecto central de ese control es la gobernanza ejercida por los actores armados, de la cual debería encargarse el Estado y otros actores dentro de la legalidad, como los consejos comunitarios de las comunidades Afro y los resguardos (y otras figuras) las indígenas, entre otros.

No existe nada más político que gobernar.

Además, tampoco se puede crear un paquete de reformas legales para presentarlas con una actitud de “tómalo o déjalo”. El gobierno tendrá que sentarse a negociar los términos del sometimiento de los grupos, preferiblemente en privado. Así que es fundamental que las reformas legales sean lo suficientemente flexibles como para que el gobierno tenga amplio margen de maniobra al negociar.

Negociar con grupos armados tiene efectos en la opinión pública. Una percepción de excesiva “generosidad” por parte del gobierno puede generar un rechazo. Este riesgo es latente con el ‘clan del golfo’, que con su “plan pistola” ha asesinado casi 40 policías. Una interpretación de estos asesinatos es que el ‘clan’ estaría buscando mejorar su posición en una mesa de negociación de sometimiento. Que “lo logre” sería inaceptable políticamente.

En el caso de las “disidencias” de las Farc, el aspecto político también será central. Ofrecerles un sometimiento igual que el del ‘Clan del golfo’ (a quienes ven como paramilitares) sería inadmisible para ellas, igual que proponer que solo entren en un proceso de reincorporación. Las que están vinculadas al proyecto de Gentil Duarte, que sigue a pesar de su muerte, están construyendo ideas de cómo sería una negociación, lo cual incluye algunas consideraciones políticas. La ‘segunda Marquetalia’ ha dicho que está dispuesta a negociar, pero discutir cualquier reforma política con ellas sería tan costoso que es probable que el gobierno no lo pueda hacer, dado que, para la opinión pública negociar otra vez con quienes ya rechazaron un acuerdo de paz puede ser inaceptable.

Si el gobierno quiere mayor apoyo político, para los sometimientos debería incluir algunos mecanismos de justicia transicional. Para hacerlo, la nueva ley de orden público debería remover la distinción entre grupo armados “políticos” y “criminales”, empezando por cambiar el lenguaje de “grupos armados organizados al margen de la ley” por simplemente “grupos armados organizados” para tener disponibles las mismas herramientas legales para todos los procesos.

Actualmente el gobierno colombiano categoriza a algunos de los actores armados como “grupos armados organizados” (GAO), con los cuales tiene un conflicto armado interno. Estos incluyen el ‘clan del golfo’, las disidencias de las Farc e incluso el Eln. Sin embargo, ley de Orden Público actualmente vigente se refiere a “grupos armados organizados al margen de la ley”, lo cual ha servido de justificación para diferenciar los grupos armados “políticos” de los “criminales”. Por esto, por ejemplo, existen la desmovilización individual para los políticos (el Eln únicamente) y el sometimiento individual para los demás.

Esta distinción se ha sobrevalorado. Solamente es útil analíticamente, porque un gobierno puede usarla para decidir qué negocia con un grupo armado y qué no.

En el sentido legal, los GAO criminales están también inmersos en conflictos armados, según el mismo gobierno, lo cual hace pensar que la justicia transicional puede ser importante en sus procesos de sometimiento. No habría que crear una nueva jurisdicción ni otra “JEP” para ellos, pero sí mecanismos de reparaciones para sus víctimas y exigencias de contar la verdad. Tampoco sería necesario un entramando institucional como el del proceso de Justicia y Paz, creado por el proceso de desmovilización paramilitar. Compromisos específicos pueden servir, como que el Estado destine los bienes entregados por los GAO, que fueron obtenidos ilegalmente, a reparar sus víctimas.

*Originalmente publicado en El Tiempo

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