Foto: X Alcaldía Cali
Kyle Johnson
15 de junio de 2025
El 10 de junio, los departamentos de Cauca y Valle del Cauca sufrieron una serie de atentados —carros bomba y hostigamientos, principalmente— por parte del Bloque Occidental del “Estado Mayor Central” (EMC), que dejaron ocho muertos y más de treinta heridos.
Los hechos provocaron rechazo de muchas fuerzas políticas y sociales, así como llamados a revisar la política de seguridad. Ese mismo día, la Fuerza Pública abatió en combate a alias ‘David’ o ‘Chilonga’, jefe del Bloque Central del EMC.
La gravedad de estos hechos, sumada al intento de asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ha reforzado la sensación de que la violencia se ha desbordado. Algunos comparan – incorrectamente – la situación con la década de 1990, pero la escala de entonces fue mucho mayor.
Cauca y Valle han sufrido una nueva oleada de atentados simultáneos que pone en entredicho la capacidad del Estado para proteger a la población y reducir este tipo de violencia.
Según el propio EMC, los ataques del 10 de junio respondieron a tres fechas conmemorativas: el aniversario de la fundación de las FARC-EP (27 de mayo), la muerte de alias ‘Mayimbú’ (13 de junio de 2022), y la publicación del comunicado del Frente Primero que rechazó el Acuerdo de Paz (10 de junio de 2016).
La conmemoración armada es ya un patrón en el suroccidente. En marzo de este año, por ejemplo, ocho ataques simultáneos en Cauca marcaron el aniversario de la muerte de alias ‘Tirofijo’ y dejaron un soldado muerto y más de ochenta heridos. En mayo de 2023 también hubo atentados días antes del aniversario de las FARC-EP. No es el único motivo detrás de la violencia del “EMC”, pero sí uno predecible, y debería ser considerado para prevenir este tipo de acciones.
Otro elemento por analizar es la capacidad del EMC para llevar a cabo múltiples ataques y de forma coordinada. Cauca ha sido uno de los centros históricos del conflicto armado. Desde la dejación de armas de las FARC-EP, las disidencias del EMC se han reconfigurado y consolidado territorialmente sin que el Estado logre impedirlo.
Ninguna política de seguridad —ni el Plan Victoria ni Orus del gobierno Santos, ni la estrategia del gobierno Duque, ni las propuestas del gobierno Petro— ha contenido su expansión. Aunque sobre el papel hay diferencias, en la práctica no se han traducido en resultados.
El plan “Misión Cauca” buscaba articular seguridad y transformación territorial, pero fracasó por falta de coordinación entre las instituciones. La experiencia confirma que las instituciones no existen fuera de las personas que las componen.
Además, las economías ilícitas siguen financiando al EMC, las cuales le ha dado el poder financiero para realizar estos ataques. También han logrado una cierta cohesión interna que les permite coordinar ataques, mover miembros entre frentes y operar en distintos escenarios, incluyendo ciudades como Cali.
Las recientes bombas en Cali no son las primeras atribuidas al EMC. Esta sección describe el funcionamiento de una comisión que operó allí hasta mediados 2024, cuando fue desmantelada tras la captura de la mayoría de sus integrantes.
La comisión, sin nombre definido, tenía vínculos con los frentes Jaime Martínez y Franco Benavides. Comenzó con unas siete personas y llegó a tener doce, lideradas por un narcotraficante que organizaba envíos de cocaína. Tenía una persona logística y financiera, dos sicarios y mandos intermedios que gestionaban información, contactos y planificación operativa.
Su relación con los frentes era más colaborativa que jerárquica. Actuaba con autonomía y podía ejecutar delitos sin consultar. Uno de sus integrantes, por ejemplo, participó en un intento de robo a una joyería en Tuluá en abril de 2023 por iniciativa propia y con otros criminales.
La comisión traficaba armas —no en gran escala, pero sí fusiles nuevos y munición— hacia zonas controladas por el Frente Jaime Martínez. También ejecutaba asesinatos por encargo del EMC, especialmente contra desertores, deudores o enemigos locales. Los frentes aprobaban y pagaban estas acciones: el Frente Franco Benavides, por ejemplo, ofrecía 15 millones de pesos por cada asesinato, repartidos entre los participantes.
A veces, la comisión manipulaba información para obtener la autorización de los frentes. En un caso, presentó a la víctima como paramilitar, aunque en realidad había tenido una discusión personal con un miembro de la comisión. El Frente Franco Benavides comandante del Frente Franco Benavides, habría autorizado y pagado el asesinato sobre la base de esa falsedad.
Es importante señalar lo que no hacía esta comisión: no realizaba trabajo político, ni organizaba comunidades, ni controlaba barrios. Su papel era estrictamente violento y logístico.
Con el tiempo, amplió su radio de acción a Popayán y Pasto, principalmente con ataques tipo “plan pistola” contra la Policía. Aunque no hay certeza de su participación en atentados semejantes a los que ocurrieron en Cali el 10 de junio, el EMC ha contado con este tipo de redes para actuar en centros urbanos, las cuales probablemente están detrás de la violencia reciente en esa ciudad.
Enfrentar esta violencia será un reto tanto para el actual gobierno como para el próximo. Al menos tres líneas de acción son necesarias.
Primero, anticiparse a los ataques vinculados a fechas conmemorativas y otras acciones del EMC, utilizando mejor la inteligencia disponible. En este caso, la inteligencia en sí no parece ser el problema, sino la toma de decisiones basadas en ella. También es crucial investigar y desmantelar de forma estratégica las comisiones urbanas. En el caso analizado, la caída del grupo fue accidental, producto de capturas aisladas, no de una operación dirigida.
Segundo, formular y ejecutar una política de seguridad integral para la región, en articulación con la construcción de paz. Planes como Victoria o Misión Cauca quedaron en el papel. La Operación Perseo muestra los límites de intervenir solo con fuerza militar: aunque el Frente Carlos Patiño perdió control sobre El Plateado, aún puede actuar contra la población y la Fuerza Pública. Esta inseguridad ha limitado la posibilidad para que entren otras instituciones del Estado.
Tercero, trabajar directamente con las comunidades de barrios urbanos y zonas rurales afectadas. Estas tienen propuestas, diagnósticos y necesidades propias en términos de seguridad y desarrollo. Deben ser aliadas del Estado. Para que lo sean, es fundamental también proteger a los líderes sociales del suroccidente y todo el país.
*Columna publicada originalmente en Razón Pública el 15 de junio de 2025
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