La violencia se agravó en 2025 En distintas regiones del país se hicieron evidentes nuevas disputas entre grupos armados, mientras en otras se agravaron, con impactos directos sobre la población civil: desplazamientos, confinamientos, homicidios y secuestros, entre otros.
En esta época electoral, la seguridad ha estado en el centro del debate nacional, pero no siempre con datos claros. Entre cifras que circulan sin contexto, lecturas parciales y afirmaciones populistas, la discusión pública sobre violencia y conflicto se ha llenado de ruido. Precisar qué está pasando realmente en los territorios es fundamental para que la opinión pública esté mejor informada.
Los hechos son contundentes. La violencia se agravó durante 2025 y dejó un panorama de seguridad aún más complejo que el anterior. En distintas regiones del país se hicieron evidentes nuevas disputas entre grupos armados, mientras en otras se agravaron, con impactos directos sobre la población civil: desplazamientos, confinamientos, homicidios y secuestros, entre otros.
Desde la sociedad civil, diversas organizaciones han advertido, además, que los grupos armados han ampliado su capacidad militar desde 2018, particularmente mediante el crecimiento sostenido de su número de integrantes y de los municipios donde operan. Según conteos oficiales, los grupos armados organizados aumentaron en 23,5 % la cantidad de sus integrantes frente al año anterior. La Fundación Conflict Responses (CORE) encontró que la mayoría de los grupos armados organizados continuaron expandiéndose en términos de la cantidad de territorio donde operan.
El balance de los grupos armados
Una pregunta clave sobre cómo cerró Colombia 2025 en términos de seguridad es si los grupos armados se siguieron fortaleciendo en número de miembros y en territorio, y, de ser así, de qué manera.
El mapa de los grupos armados que enfrenta el país está caracterizado por múltiples actores con distintos niveles de cohesión, capacidades y objetivos. En general, se observó una expansión territorial de los grupos armados en varias regiones como el Catatumbo, Guaviare, Cauca y la costa atlántica, entre otras.
Entre 2024 y 2025, según las cifras de inteligencia militar, se observó el crecimiento en el número de integrantes de los grupos armados. El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) fue el de mayor crecimiento, con un incremento del 30%. Pese a la fragmentación del Estado Mayor Central (EMC), este grupo aumentó sus filas en 23%, mientras que el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) creció 22%. A su vez, la Coordinadora Nacional-Ejército Bolivariano (CN-EB), surgida tras su ruptura con la Segunda Marquetalia, registró un crecimiento del 25%, y la Segunda Marquetalia aumentó 15%. El ELN fue el grupo con menor crecimiento, con un incremento del 9%. Aunque estas cifras enfrentan serios cuestionamientos sobre su calidad, el aumento que registran en términos de integrantes de los grupos concuerda con innumerables denuncias de incremento del reclutamiento en los territorios afectados por los conflictos armados. La tendencia es muy difícil de negar, a pesar de que las cifras exactas no sean perfectas.
El crecimiento de los grupos armados no solo se mide por el número de hombres en armas. También se refleja en su injerencia militar, económica y política. En muchos municipios, la presencia armada puede ser limitada, pero el control sobre las economías locales, las normas de comportamiento e incluso las decisiones comunitarias y electorales es profundo. Esta gobernanza armada, menos visible en las estadísticas, explica por qué en algunos lugares la violencia parece contenida, cuando en realidad la autonomía ciudadana y la autoridad institucional están restringidas.
CORE ha realizado un seguimiento a la injerencia municipal de los grupos armados. Los datos permiten señalar que la mayoría de los grupos incrementaron su injerencia en 2025 respecto al año anterior. El número de municipios con injerencia del EMC se incrementó en 5,5% (de 126 a 133), mientras que para el EMBF fue del 4,7% (de 106 a 113). En el caso de la Segunda Marquetalia se registró un aumento del 8,6%, que corresponde únicamente a tres municipios (de 23 a 26). El EGC registró un aumento del 4,3% en el número de municipios en los que ejerce injerencia (de 278 a 290). Mientras que el ELN aumentó su injerencia en 2% (de 232 a 237). Mucho del crecimiento territorial de este grupo en los últimos años ha sido más por el trabajo político que por lo estrictamente militar.
La complejidad de la medición se acentúa al analizar actores específicos. En el caso del ELN, su influencia no depende exclusivamente de su operación armada en el territorio, sino también de milicianos y trabajo político. El EGC se relaciona con bandas criminales locales de diversas maneras y con distintos fines. En el caso de las distintas disidencias, la fragmentación y los cambios de bando introducen una alta volatilidad en la medición de la injerencia municipal que ejercen.
Indicadores de seguridad
Las cifras de seguridad, en general, muestran que las condiciones están peor que hace un año. Según el reporte de la fuerza pública, los combates entre este y los grupos armados en 2025 registraron un aumento de 25% más que en 2024, con 563 combates.
El aumento de los combates puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, podría sugerir una mejora en las condiciones de seguridad, en la medida en que mostraría una mayor iniciativa por parte de la fuerza pública para enfrentar a los grupos armados. Por otro lado, también puede reflejar escenarios de mayor intensidad de los conflictos en los que la población civil queda más expuesta a riesgos. Los desplazamientos masivos en Nariño en 2025 disminuyeron, pero sí ocurrieron por combates entre la fuerza pública y grupos armados, por ejemplo.
Esta intensificación del conflicto entre los grupos armados ilegales y la fuerza pública también se reflejó en el número de miembros de esta fuerza asesinados y heridos durante sus operaciones. En 2024, hubo 101 asesinados y 499 heridos, mientras en 2025 ambas cifras subieron, a 173 y 765, respectivamente.
Además, los grupos armados recurren cada vez más al uso de explosivos lanzados por drones para afectar a la fuerza pública, a otros grupos armados ilegales y a la población civil. En 2024 y 2025 el número de ataques con drones pasó de 101 a 153, un aumento del 51,4%. El uso de drones muestra un cambio en las modalidades de confrontación, que implican un riesgo adicional para la fuerza pública y la población civil, en el que el hostigamiento a distancia permite a los grupos armados mantener la capacidad ofensiva y la presión territorial, al tiempo que reduce su exposición y los costos asociados a enfrentamientos abiertos. El escaso control de los grupos armados sobre dónde caen las bombas explosivas representa un riesgo cada vez más frecuente para la población civil.
De otra parte, los enfrentamientos entre grupos armados, al menos, se mantuvieron constantes, con el mismo número que en 2024: 193, según datos de OCHA hasta finales de noviembre de 2025. Estos siguen siendo una fuente significativa de riesgo para la población civil, especialmente en varias regiones del país como el nordeste, el norte y el bajo Cauca en Antioquia; el Catatumbo; el norte, sur y macizo en Cauca; el sur de Bolívar; Guaviare, y el Atrato chocoano. En estos territorios, las confrontaciones han dejado graves consecuencias humanitarias para la población civil.
El costo humanitario de la violencia
Desde mediados de 2025, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha venido advirtiendo que sería “el peor año de la última década en términos de consecuencias humanitarias”. El año pasado quedó marcado por el inicio de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 en el Catatumbo, lo que ocasionó desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y asesinatos selectivos.
El desplazamiento masivo volvió a dispararse, las víctimas aumentaron en 95,6% en comparación con 2024, cuando se registraron 48.100 personas desplazadas en eventos masivos, mientras que en 2025 la cifra fue de 94.100, según OCHA. Detrás del aumento están los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 en el Catatumbo. No obstante, el desplazamiento masivo se dio en Chocó, Cauca, Bolívar y Valle del Cauca, golpeados por confinamientos que encierran comunidades enteras en sus propios territorios.
En 2025, el confinamiento también registró un aumento, con 148.400 personas confinadas, es decir, 11.300 más que el año anterior, lo que representa un incremento del 8,2%. Para los grupos armados, el confinamiento es una estrategia eficaz de control territorial, pues restringe la movilidad y bloquea el acceso a derechos fundamentales. En Guaviare y Amazonas se registraron casos de confinamiento, algo que no ocurría desde hace años.
Respecto a los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, los datos de la Defensoría del Pueblo muestran que en 2025 fueron asesinados 177 líderes sociales, lo que representa una disminución de casi el 4% respecto al año anterior, cuando fueron asesinados 184 defensores. Sin embargo, este sigue siendo un indicador del debilitamiento de los procesos organizativos locales. A esto se suma el asesinato de 39 excombatientes, lo que representa un aumento del 26% en estos hechos y constituye una señal alarmante sobre la fragilidad de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y las dificultades del Estado para garantizar la seguridad de quienes dejaron las armas.
El secuestro ha mostrado una tendencia alarmante al alza. En 2025, los casos se dispararon al pasar de 313 en 2024 a 698, más del doble en apenas un año. Los mayores incrementos se concentraron en Cauca, que pasó de 39 casos en 2024 a 248 en 2025; Guaviare, de 1 a 35; Meta, de 8 a 30; Chocó, de 10 a 25; Arauca, de 18 a 44, y Bogotá, de 13 a 40. Estos departamentos registran la injerencia de grupos armados ilegales que, en muchos casos, están detrás de estos hechos, ya sea a través del secuestro extorsivo como fuente de financiamiento, o del secuestro simple, utilizado como herramienta de control social y territorial.
Conclusiones
El crecimiento del número de integrantes y de la injerencia territorial de la mayoría de los grupos armados muestra los límites de las respuestas estatales actuales. Los indicadores de seguridad muestran que un mayor número de combates o confrontaciones no se traduce automáticamente en un mayor control estatal ni en mejores condiciones de protección para la población civil. Adicionalmente, el costo humano de esta violencia sigue siendo elevado. Los confinamientos, desplazamientos, asesinatos de líderes sociales, homicidios de excombatientes y el secuestro, entre otros indicadores, siguen aumentando y muestran una afectación directa a los derechos fundamentales de la población civil y un debilitamiento de los procesos organizativos, comunitarios y de construcción de paz.
En este contexto, el próximo gobierno enfrentará el reto de gobernar en un escenario de expansión armada y de deterioro humanitario persistente. No bastará con mantener o intensificar las actuales dinámicas operativas; será necesario replantear de fondo la política de seguridad para que combine el fortalecimiento militar con la protección efectiva de la población civil.
Comentarios: