Resumen ejecutivo
Desde 2015, Caquetá se ha consolidado como uno de los departamentos más afectados por la deforestación en Colombia, perdiendo cerca de 425.000 hectáreas entre 2016 y 2024, debido a factores económicos, el aumento del valor informal de la tierra y la expansión ganadera. Los patrones de tala han cambiado: aunque la mayoría de parches son pequeños, los de 5 a 20 hectáreas concentran la mayor área deforestada, reflejando tanto la ampliación de fincas familiares como inversiones externas. La gobernanza ambiental del EMBF —una disidencia surgida tras la ruptura del Estado Mayor Central en 2024— ha sido más permisiva que la de las antiguas FARC-EP, combinando prohibiciones, cobros por hectárea talada, promoción de obras que incentivan la expansión y la creación de manuales de convivencia, impuestos, catastro propio y una “reforma agraria” de facto. Su influencia se superpone con las zonas de mayor deforestación y violencia, a la vez que presiona a JAC y Asojuntas para alinearse con sus intereses, aunque la capacidad de resistencia comunitaria varía. Otros actores —inversionistas, terratenientes, nuevos colonos y autoridades estatales o internacionales— también inciden en la dinámica del bosque, con relaciones de cooperación o tensión frente al EMBF. Aunque el gobierno incluyó temas ambientales en los diálogos de paz desde 2022, y el EMBF ha adoptado un discurso ecológico para ganar legitimidad, la mesa avanza poco y hoy no representa una vía clara de mejora ambiental en Caquetá. Pese a ello, aún existen oportunidades para fortalecer el trabajo de la Embajada del Reino Unido en la región.
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