Foto: Fuerzas Militares de Colombia
Kyle Johnson
Noviembre 2025
El domingo pasado, la unidad investigativa de Caracol Televisión reveló presuntos vínculos entre integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), una disidencia de las Farc, el general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía, alto funcionario del DNI. Ambos funcionarios lo negaron.
El impacto del escándalo fue inmediato y alimentó la idea de que que este gobierno fortaleció a los grupos armados ilegales. También abrió un flanco político que algunos presentaron como suficiente para que “cayera el gobierno”.
El presidente Petro descalificó el reporte como un engaño de la CIA y sus críticos acusaron a Caracol de sesgo, pese a la trayectoria rigurosa de Ricardo Calderón y su equipo. Por su parte, el Embf respondió que la publicación busca “hacer campaña electoral basados en el engaño” y reiteró que “nunca seremos aliados ni haremos pactos con quien nos ha perseguido toda la vida”.
Más allá del ruido político, el escándalo muestra las fallas estructurales en el modelo de paz total, debilita aún más la mesa de negociación, expone que los incentivos actuales favorecen que los grupos armados dialoguen sin comprometerse realmente a un acuerdo de paz y que lo ocurrido es un problema más profundo y persistente.
Hace poco más de una semana terminó el séptimo ciclo de negociación entre el gobierno y el Embf en San Vicente del Caguán, luego de un año sin un ciclo oficial, aunque sí con varias reuniones intermedias. Al cierre, ambas delegaciones anunciaron cinco acuerdos: i) transformaciones territoriales y tierra; ii) ambiente, bioeconomía y revitalización de la Amazonia; iii) desescalamiento del conflicto, hechos y gestos de paz; iv) una comisión jurídica mixta y garantías de seguridad para la mesa y v) garantías electorales.
Aun así, la mesa venía debilitada. En el último año los avances han sido escasos, varias reuniones recientes terminaron siendo poco productivas y la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Catatumbo sigue sin despegar. Si al comienzo parecía difícil que se materializara, hoy lo parece aún más. Esto es clave porque, para el gobierno, la existencia de una ZUT es el criterio para considerar que un proceso de paz está avanzado.
Bajo esa premisa ha justificado frenar la extradición de miembros de grupos armados, incluidos integrantes del Embf como “Olmedo”, del Frente 33, quien ha participado en la mesa, y “John Mendoza”, jefe del Bloque Magdalena Medio, presente en el séptimo ciclo pese a tener una solicitud de extradición en curso.
La apuesta del gobierno también ha sido blindar políticamente las mesas para hacerlas irreversibles, o al menos que un próximo gobierno, probablemente de oposición, no pueda desmantelar todos los procesos de negociación apenas llegue al poder.
Es aquí donde el escándalo pesa de verdad: las denuncias recientes hacen aún menos probable lograr esa irreversibilidad en la mesa con el Embf. Ya hay llamados para terminar el proceso, y la percepción de que la negociación ha fortalecido al Embf se volvió más contundente. Si varios candidatos fuertes ya habían dicho que acabarían con la paz total, ahora sienten que tienen más argumentos para hacerlo.
Respecto al fortalecimiento del Embf durante la paz total, vale una precisión: aunque el panorama general muestra un crecimiento militar de varios grupos armados, no todos se han fortalecido por la negociación. El EGC —Ejército Gaitanista de Colombia— es el que más ha crecido, y solo hasta hace muy poco entró en una mesa.
El Embf sí ha aumentado su presencia, aunque la Paz Total es solo uno de varios factores. En 2022, sus unidades operaban en 66 municipios, según registros de la Fundación Core; para 2025, ya estaban en 111. En regiones como Huila y Antioquia, su avance territorial terminó incorporado a los ceses bilaterales, lo que facilitó su consolidación, aunque el impacto varía según la zona y la unidad. El grupo insiste en que su “pleno crecimiento” ocurrió durante el gobierno Duque, lo cual es cierto, pero también es cierto que ese crecimiento no se detuvo durante el gobierno Petro.
Entre los elementos centrales de cualquier negociación de paz están los incentivos que llevan a las partes a sentarse, mantenerse en la mesa y, ojalá, llegar a un acuerdo real. Estos incentivos son múltiples, pueden variar con el tiempo y, en Colombia, suelen resumirse en la “voluntad de paz” de los actores. Esa voluntad es dinámica y, como varios hemos argumentado, la propia mesa puede servir para aumentarla.
El escándalo refuerza un punto clave sobre los incentivos de los grupos armados en la paz total: muchos están interesados en tener una mesa, pero no necesariamente en llegar a un acuerdo definitivo. Ese es el caso del Embf. La negociación les ofrece beneficios que no tendrían por fuera del proceso, mientras que su escepticismo frente a una paz completa persiste.
Según lo revelado por Caracol, el Embf cree que la negociación fracasará en algún momento. En una conversación con un líder disidente, nos dijo que dejarían las armas una vez terminada toda la implementación, pero añadió que “es más probable que usted y yo nos muramos antes de que se termine la implementación”. Otro dirigente del Embf sintetizó esa postura al afirmar que “nosotros no vamos a negociar, vamos a dialogar”, sin explicar qué pretendía diferenciar.
En ese contexto, lo denunciado por Caracol encaja como una serie de beneficios que el Embf no habría obtenido sin la mesa. El grupo puede tener otros incentivos para firmar un acuerdo, incluidos factores identitarios o presiones comunitarias, pero hoy la balanza está descompensada: pesan más los incentivos para dialogar sin comprometerse a una paz final que los que empujan a firmarla.
Lo denunciado por Caracol es extremadamente grave en varios sentidos. Y, lamentablemente, no es el primer caso reciente de presuntos vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos armados ilegales, incluso bajo este gobierno. Hace poco, Vorágine documentó varios episodios en distintas regiones del país, algunos ya investigados y otros denunciados por el propio presidente.
Se trata de un problema de larga data que requiere ser investigado y abordado con rigor por las instituciones competentes si se quiere superarlo algún día. La corrupción es uno de los factores que más facilitan el funcionamiento de las economías ilegales que sostienen a los grupos armados, y estos se benefician directamente de esas fallas estructurales.
Lo que sugiere el reporte de Caracol es que, en este tema, al actual gobierno aún le falta avanzar más allá de la retórica del cambio.
Publicado originalmente en La Silla Vacía el 29 de noviembre de 2025.
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