Facebook Twitter LinkedIn

CORE

Cambio climático y reclutamiento: otro reto para la seguridad en 2022 *

Juanita Vélez

01/Febrero/2022

A pesar de que en la COP 26 Colombia se comprometió a que para 2030 va a reducir a cero la deforestación, incluyendo estrategias que buscan disminuir la tala ilegal por parte de grupos armados, hay un tema sobre el que no se está hablando y es clave para entender mejor la relación cada vez más estrecha entre conflicto armado y medio ambiente: el reclutamiento. 

Los efectos del cambio climático y de la degradación ambiental (sobre todo la deforestación y la minería ilegal) están llevando a que algunas personas se unan a grupos armados. Por primera vez, Colombia tiene datos que muestran este fenómeno y que sugieren que este tema amerita más investigación y atención en intervenciones de construcción de paz.

Los datos vienen de un informe que acaba de publicar la Universidad de las Naciones Unidas en alianza con la Fundación Conflict Responses, CORE, para el Proyecto ‘Managing Exits from Armed Conflict’, MEAC. El informe se basó en una encuesta entre abril y mayo de 2021 a 2640 personas en 11 municipios: ocho golpeados por el conflicto (Mutatá y Apartadó en Antioquia; Caldono y Guapi, en Cauca; San José del Guaviare, Guaviare; La Uribe, en Meta; Puerto Asís, Putumayo; y San Vicente del Caguán, Caquetá) y tres ciudades (Bogotá, Cali y Villavicencio). 

Todos los municipios reportaron desplazamientos causados por el cambio climático, con los municipios rurales reportando a un nivel de 30% este fenómeno. Los municipios con presencia conocida de grupos armados también reportaron niveles más altos de conflictos por recursos y tierras, como San Vicente del Caguán, Caldono, Uribe y San José del Guaviare. Todos los municipios informaron de disputas sobre el agua, pero Caldono, Mutatá y San Vicente del Caguán, con el 10-13 % de los encuestados que informaron de tales conflictos, parecían ser los más afectados. 

Teniendo en cuenta los patrones históricos de desplazamientos además de las disputas por la tierra y otros recursos en Colombia, estos impactos podrían indicar que, a medida que el cambio climático empeora y hay menos recursos disponibles, los grupos armados seguirán cooptando la tierra, los ríos y otros recursos para actividades generadoras de ingresos como la deforestación y la minería, disminuyendo aún más la capacidad de las comunidades para aprovechar estos recursos por sí mismas y adaptar al cambio climático.

Pero tal vez el dato más impactante – y por cierto el que representa una nueva área de atención para los interesados en el cambio climático y la construcción de paz en Colombia – es que el 13% de los encuestados que reconocieron los efectos del cambio climático en sus comunidades conocían a personas que se fueron a grupos armados por dificultades para ganarse la vida a causa del cambio climático y la degradación ambiental. Las zonas rurales registraron los niveles más altos de este vínculo: el más alto fue Guapi, con el 19%.

En ese municipio caucano -donde tiene injerencia el Frente 30 de las Farc y en menor medida el Frente José María Becerra del ELN- la evidencia de explotación de oro de aluvión se ha disparado. La crecida comenzó, sobre todo, ad portas de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, y ha seguido. Según datos de 2016 del informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, Cauca era el departamento donde más aumentó la explotación de oro frente a la medición que esa misma oficina hizo en 2014 y Guapi, junto a los municipios de Bolívar y Guachené, concentraron “incrementos por encima del 800%”, dice el informe. 

Tanto la disidencia como el ELN se lucran de la minería ilegal allí. Una fuente que le hace seguimiento en terreno a este tema y que no puede ser citada porque no es vocera, dijo que, por ejemplo, en los consejos comunitarios del Alto Guapi, Río Napi y San Francisco, la disidencia tiene su propia maquinaria y que “en esos contextos es que comienzan a contratar gente para que trabaje con ellos en eso de la minería y sabemos de casos de gente que así termina siendo reclutada. Sabemos que el reclutamiento acá se ha incrementado”, dijo. “Pero no tenemos cifras para soportar eso porque así sean menores o mayores de 18 años, las familias tienen miedo de denunciar”, agregó. 

Volviendo a los datos nacionales las zonas rurales reportaron niveles más altos de reclutamiento relacionados con esta degradación ambiental antrópica, con niveles reportados de hasta el 28% en Apartadó, Antioquia o 15% en San Vicente del Caguán, Caquetá. 

En Apartadó, otra fuente de una organización comunitaria, dijo que era muy común, por el aumento en la explotación minera y maderera en la zona, que el Clan del Golfo “utilice a personas que están vinculadas a esas actividades para que den información, como si ven Ejército y cosas así y por esa vía algunos después terminan vinculados”. 

En San Vicente del Caguán, por un lado, está la disidencia de Gentil Duarte hacia las Sabanas del Yarí en límites con Meta y, por otro, la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, en la cordillera. Mientras la Segunda Marquetalia mantiene la misma regulación ambiental de las Farc-EP sobre las juntas de acción comunal, con manuales de convivencia en los que fijan multas y castigos para quienes incumplan sus reglas, Duarte sí permite la tala y cobra una vacuna por la compra y venta de predios y por cada cabeza de ganado en su zona. 

Uno de los efectos no deseados del desarme de las FARC-EP fue que en la Amazonía se abrió la puerta para que terratenientes ganaderos llegaran a la región a comprar tierra más barata y a ocupar baldíos. Duarte se ha adaptado a este negocio y es justo aquí, en el corazón de este problema, que se enfoca la  ‘Campaña Artemisa’, contra la deforestación, que nació en abril de 2019. 

‘Artemisa’ consiste en operativos militares dirigidos, en teoría, hacia los responsables de la tala ilegal. Según el Ministerio de Defensa, la militarización ha resultado efectiva. Las cifras reportadas por el Ministerio muestran que  hay 22.300 integrantes de la Fuerza Pública metidos en esta estrategia y a septiembre de 2021 iban 6.156 hectáreas “recuperadas”, y 244 operaciones sólo en Putumayo, Caquetá y Guaviare. Sin embargo, la estrategia ha sido criticada en los medios y por las mismas comunidades porque la Fuerza Pública llama “recuperar” a hacer el operativo, capturar y después salir del territorio, lo que al final no resuelve el problema porque en varios casos la gente regresa a talar. 

Pero también porque, según los datos de la Fiscalía, hasta diciembre de 2021, como contó La Silla Vacía, de 96 personas capturadas sólo una había sido imputada por deforestación, lo cual muestra cómo la estrategia sigue sin dar con los grandes determinadores de la tala. Tampoco ha sido efectiva para su objetivo principal, que era proteger las reservas de bosque y los Parques Nacionales Naturales, que son focos de deforestación. 

Aunque durante sus primeros años, el gobierno de Duque logró reducir la tala en esos focos (pasó de 21 mil hectáreas en 2018 a 13 mil en 2019), en 2020 la tala volvió a crecer un poco más del 2 por ciento. 

Según tres presidentes de junta con los que hablamos por aparte, por estas críticas la campaña Artemisa le está permitiendo a Duarte reforzar su discurso contra el Estado y por esa vía, convencer a varios de irse con él. O incluso, ni siquiera tiene que convencerlos.

“Sé del caso de un niño de diez años que se le ofreció al grupo porque en uno de esos operativos [Artemisa] se le llevaron a su papá y a su mamá”, nos dijo bajo la condición de no citarlo un presidente de una junta de acción comunal de una zona donde manda un aliado de Duarte. 

“Militarizar la protección del medio ambiente nos está generando más conflictos que los que teníamos antes, cuando estaban las Farc”, dijo, por su lado, otro líder social de la zona.

Otros municipios como Mutatá (con un 21%) en Antioquia o Puerto Asís (con el 17%) en Putumayo también reportaron conocer gente que se va a los grupos armados como consecuencia de la degradación ambiental humana.

La buena noticia es que Duque regresó al país de la COP26 con un bolsillo lleno para luchar contra la deforestación. Alemania, Noruega y el Reino Unido donaron 33.5 millones de dólares. A la luz de estos nuevos datos, esta financiación tendrá que apuntar en 2022 no sólo a operativos militares, sino a que el Estado realmente se quede en el territorio y genere confianza para crear acuerdos ambientales sostenibles y que le quiten gasolina al discurso de los grupos armados. 

 

Tags:

Comentarios:

Tristemente en este país Colombia, l@s lideres@s Sufrimos persecución por tener una convicción diferente ante tantos problemas de contaminación en nuestras fuentes hídricas, a eso le sumamos los hechos de corrupción en diversas áreas y contratos. Nadie sabe , nadie responde solo te dicen debes tener más cuidado y aléjate de esas situaciones que te causan daño.

Responder a Anónimo Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

SUSCRÍBETE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

Declara conocer y acepta nuestra POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS.