La campaña presidencial: tres modelos de seguridad en disputa *

Los cinco candidatos que encabezan las encuestas proponen tres maneras de enfrentar a los violentos: derrotarlos, desplazarlos o negociar con ellos. Estas propuestas responden a tres maneras distintas de entender la naturaleza del conflicto.

Las propuestas

La seguridad del país está en el centro del debate electoral: cada candidato tiene alguna propuesta sobre el tema dentro de sus apuestas principales. Además, varias encuestas han mostrado que esto es lo que más preocupa a muchos colombianos. En los territorios afectados por los conflictos armados, innumerables comunidades están cansadas.

La visión sobre la paz ha quedado enmarcada entre estar a favor o en contra de la política de la Paz Total. Se le atribuyen todos los males del país, incluso la inseguridad, cuando no es lo único que explica las dinámicas actuales de violencia. Por su parte, el Acuerdo de 2016 casi no aparece en el debate electoral, salvo en momentos específicos.

Parte de nuestra realidad de violencia se explica por dos gobiernos consecutivos con políticas de seguridad inadecuadas. En la Fundación Conflict Responses (CORE) revisamos las propuestas de los candidatos en sus programas de gobierno, redes sociales y entrevistas.

En la derecha, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia; en el centro, Sergio Fajardo y Claudia López; y en la izquierda, Iván Cepeda. Sus propuestas reflejan no solo estrategias distintas, sino concepciones opuestas del conflicto armado y de la construcción de paz. 

Todos enfrentarían retos importantes para mejorar la seguridad o alcanzar la paz.

La apuesta por la fuerza

De la Espriella propone una ofensiva militar para recuperar el control total del territorio en 90 días, sin detallar cómo lo lograría. Plantea fortalecer la Fuerza Pública, probablemente mediante un Plan Colombia 2.0 con uso intensivo de drones e inteligencia artificial, y construir siete cárceles de máxima seguridad al estilo Bukele.

En una línea similar, Paloma Valencia plantea su política de “Seguridad Total”, articulada en torno a las “4R”: reducir ingresos, robustecer la fuerza, re-enamorar comunidades y restablecer la legalidad. Parte de una premisa clara: derrotar a las organizaciones criminales mediante coerción estatal y eliminación de incentivos económicos. Ambos rechazan la negociación con grupos armados y privilegian la fuerza.

Orden, control y prevención

Sergio Fajardo y Claudia López proponen “poner la casa en orden”, combinando control estatal con prevención. Fajardo plantea recuperar el control territorial, aumentar el pie de fuerza policial —sobre todo en ciudades— y combatir economías ilegales. Incluye políticas de prevención del reclutamiento y programas sociales dirigidos a jóvenes.

Claudia López niega la existencia actual de un conflicto armado y redefine la violencia como crimen organizado transnacional. Rechaza negociaciones políticas y propone justicia contra las mafias con un enfoque punitivo, complementado con esquemas de justicia restaurativa. También plantea fortalecer capacidades militares y tecnológicas y mantener cooperación internacional.

Paz negociada y seguridad humana

Iván Cepeda propone una “paz con justicia social” basada en el concepto de seguridad humana. Busca intervenir las causas de la violencia —desigualdad, pobreza y exclusión— y mantener la negociación con grupos armados, con ajustes a la política de Paz Total.

Entre sus propuestas: fortalecer la Infantería de Marina para vigilar ríos, reorientar la inteligencia hacia la protección de la población civil y detectar delitos como deforestación o minería ilegal. También propone participación de organizaciones sociales en consejos de seguridad.

Los límites de todas las estrategias

El control territorial enfrenta dificultades conocidas: el Estado lleva más de una década sin lograr consolidarlo en varias regiones. La fragmentación de los conflictos permite que un grupo armado reemplace a otro. Experiencias recientes como la Operación Perseo y Misión Cauca muestran los límites de llevar el Estado después de asegurar militarmente un territorio.

Las propuestas sobre economías ilícitas tampoco garantizan mejoras en seguridad. Mientras unos proponen fumigación, otros apuntan a extinción de dominio, sustitución de cultivos o persecución de redes financieras. Sin embargo, los últimos gobiernos muestran que combatir estas economías no necesariamente reduce la violencia.

Además, las propuestas deben basarse en diagnósticos precisos: hoy coexisten crimen organizado y conflicto armado, la violencia ha cambiado de naturaleza y culpar a la Paz Total de todos los problemas resulta simplista.

¿Y el acuerdo de paz de 2016?

A diez años de su firma, el debate no debería centrarse en si implementarlo o no. Sin embargo, de la Espriella propone eliminar la JEP y Valencia reformarla. Fajardo no tiene una postura clara, mientras López y Cepeda sí defienden su implementación.

El Acuerdo contiene herramientas clave para mejorar la seguridad territorial y proteger comunidades y líderes sociales, que siguen siendo asesinados a niveles alarmantes.

Tres modelos, una decisión de fondo

Estas propuestas configuran tres modelos: el de la fuerza (de la Espriella y Valencia), el de control con prevención (Fajardo y López) y el de negociación con transformación social (Cepeda).

El debate de fondo no es solo qué hacer frente a la violencia, sino cómo entenderla: como economías criminales a derrotar o como problemas que requieren respuestas políticas y sociales. De esa respuesta dependerá la política de seguridad del próximo gobierno.